El Congreso exige al Gobierno que "renuncie" a la regularización de 500.000 migrantes y ejecute las "órdenes de retorno"

La cada vez menos extraña alianza de PP, Vox, Junts y UPN ha aprobado una moción en el Congreso una iniciativa para exigir al gobierno que renuncie "con carácter inmediato" a la regularización de cerca de 500.000 migrantes que anunció en enero. Las cuatro formaciones han dado el visto bueno a una iniciativa de los populares en la que se reclama al Ejecutivo que ejecute "de manera efectiva las órdenes de retorno" que estén pendientes. La unión de estos partidos fue lo que llevó al Gobierno a plantear esta regularización a través de un reglamento que no necesita el visto bueno de la Cámara Baja.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a renunciar con carácter inmediato al proyecto normativo de regularización masiva que carece de requisitos, por ir en contra de los principios europeos y de los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo", reza la moción redactada por el PP. Pese a que la iniciativa no tiene carácter vinculante y el Ejecutivo puede hacer oídos sordos, muestra una vez más la alianza alternativa al bloque de la investidura.

Además, el texto reclama al Gobierno que ejecute las órdenes de retorno, que se revisen "los acuerdos en materia migratoria con terceros países para asegurar su cumplimiento" y que se garantice "la expulsión de extranjeros ante la comisión de delitos graves o reincidentes". En esta línea, la exposición de motivos de la moción denuncia que el "mensaje que se transmite es demoledor" y es que en España "la irregularidad termina teniendo recompensa".

Puntos de vista distintos

La coincidencia entre ambas formaciones era previsible. Sin embargo, el enfoque de cada una de ellas era distinto. La propuesta aprobada ha sido la del PP, pero tanto Vox como Junts habían presentado enmiendas para matizar o ampliar el texto. Por un lado, la formación de extrema derecha pedía endurecer los requisitos para obtener el permiso de residencia de larga duración, ampliando el número de años necesarios para solicitarlo. Además, pedían el impulso a la remigración de aquellos extranjeros que "vivan de manera continuada de las distintas ayudas y servicios sociales" del Estado y deportar" a los migrantes que cometan delitos.

Menos contundentes eran los posconvergentes en su propuesta. Sobre todo, matizaban que la suspensión de la futura regularización se debía a la falta de una evaluación sobre las "implicaciones" que tendrá y por existir ya un mecanismo ordinario para ello. Sin embargo, el punto problemático de su texto es que reclamaban la delegación de las competencias integrales en materia de migraciones a Catalunya, algo que el PP nunca podría defender.

El Senado

La aprobación de la moción ha coincidido con el visto bueno del Senado a la ley contra la multirreincidencia, donde el PP ha introducido una enmiendas para que tanto en esta regularización como en otras futuras sea obligatorio que los solicitantes presenten un certificado oficial de que carecen de antecedentes penales en todos los países en los que han vivido. El planteamiento del Gobierno es que, en caso de no poder obtenerlo, sea suficiente con una declaración responsable.

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