PSOE y Sumar negocian 'in extremis' el decreto por la guerra de Irán, enconado por la prórroga de los contratos de alquiler

PSOE y Sumar llevan al límite la negociación del decreto anticrisis frente a la guerra de Irán, y en las últimas horas las posturas se han enconado en torno a un asunto: la prórroga de los contratos de alquiler que reclama el ala minoritaria del Gobierno y que Moncloa rechaza aceptar. Este mismo martes por la tarde se produjo una nueva reunión donde la parte socialista volvió a trasladar su negativa a introducir esta medida, que implicará la subida de los precios de alquiler para 600.000 contratos que se firmaron en 2021 y que expiran este año.

En Sumar llevan desde diciembre reclamando introducir esta medida. Primero lo intentaron en el llamado decreto del escudo social, pero el PSOE rechazó introducirlo al considerar que podía conllevar dudas legales. Ahora, según trasladan los socialistas a su socio minoritario, alegan que esta medida tampoco estará en el decreto antiiflación porque no cuenta con el apoyo de la mayoría del arco parlamentario.

Después del varapalo del escudo social, tumbado por el Congreso, Moncloa prioriza ahora el apoyo de sus socios. Sin embargo, en las últimas horas varios de sus socios parlamentarios del arco izquierdo han coincidido en reclamar esta prórroga. Tanto EH Bildu como ERC han reclamado esta medida al Gobierno en la ronda de conversaciones puesta en marcha por el Gobierno y liderada por Félix Bolaños. También algunos sindicatos como el sindicato de inquilinos o CCOO han reclamado esta moratoria de los contratos.

El curso de las negociaciones entre PSOE y Sumar ha alcanzado ciertas cotas de tensión. El ala minoritaria del Gobierno se planta ante la negativa de los socialistas. Desde el Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Bustinduy, que está liderando estas negociaciones, avanzan que mantendrán su exigencia hasta el mismo viernes, sin plantearse alternativas a esta propuesta. Ninguna otra medida que no sea esa prórroga de los contratos, creen, puede impedir la expulsión que de facto supondrá la importante subida de arrendamientos.

Algunas informaciones este martes apuntaban a que el Gobierno barajaba un tope del 2% a las subidas del precio del alquiler, y aunque algunos miembros del ala socialista del Ejecutivo enfriaban la medida, desde Sumar dejaban claro que tampoco aceptarían esta vía: "Es insuficiente", destacaban fuentes conocedoras de las conversaciones a EL PERIÓDICO. Las posturas están enconadas y no hay visos de que vayan a moverse.

El propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, rechazó de plano la aplicación de medidas en materia de vivienda. "Con respecto a vivienda o con respecto al IVA de los alimentos, estamos en unas circunstancias donde el perímetro de las medidas del real decreto-Ley del viernes tiene que adaptarse al impacto que estamos observando", defendió tras el Consejo de Ministros.

La intención es acotar las medidas para la rebaja del precio de los carburantes -especialmente en los sectores del transporte, agricultura y pesca- así como del precio de la electricidad, pero de momento no activarán actuaciones en el ámbito de la vivienda o en la de los precios de los alimentos.

Las medidas para contener los precios de combustibles y energía se centrarán en rebajas fiscales, descartándose las bonificaciones como la rebaja de 20 céntimos en los precios de la gasolina y el diésel a la vista de que los resultados no fueron los esperados en la anterior crisis. Es una de las reivindicaciones que hizo PNV. El lehendakari Imanol Pradales remitió una carta al presidente de Gobierno la semana pasada reclamando medidas para aliviar el precio de la energía, proponiendo entre otras cosas suprimir el impuesto a la producción eléctrica, como se ha hecho en anteriores crisis, y bajar el IVA. Una petición que Moncloa sí ha atendido. Desde el Ministerio de Trabajo apuntan a que ésta es una de las grandes vías de negociación que se están dando en estos momentos junto al Ministerio de Transición Ecológica de la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen.

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