Consell de Garanties Estatutàries
Junts y PP impugnan el Centre Català d'Empreses i Drets Humans y retrasan su aprobación en el Parlament
El Parlament impulsa por tercera vez la creación de un centro que vele por el cumplimiento de los derechos humanos en las empresas
Una sociedad responsable necesita empresas responsables
El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, durante una sesión de control en el Parlament / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press
Por qué confiar en El Periódico La creación del Centre Català d’Empresa i Drets Humans deberá esperar un tiempo más. El debate final de la ley para ponerlo en marcha estaba previsto para este miércoles por la tarde. Sin embargo, Junts y el PP han decidido -por separado- llevar la proposición legislativa al Consell de Garanties Estatutàries. Este paso paraliza su tramitación y la Cámara deberá esperar al menos un mes para volver a someter el texto a votación.
Se trata de un proyecto impulsado por Lafede y la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia que hace años que viene gestándose, y que tiene como objetivo velar para que las empresas con sede en Catalunya cumplan con el respeto a los derechos humanos en todos los países en los que operan. Se llevó al Parlament por primera vez en 2020 y, desde entonces, se ha tramitado hasta tres veces, pero los sucesivos cambios de legislatura han ido encallando el proyecto.
Finalmente, este miércoles debía tener lugar la votación definitiva y su aprobación estaba asegurada, ya que contaba con el apoyo de PSC, ERC, Comuns y la CUP. Junts también se sumó a esta alianza cuando se impulsó por última vez hace un año, pero finalmente se han descolgado de la suma y han decidido impugnarlo, puesto que no se han aceptado sus enmiendas.
El paso de Junts y PP no descarta la iniciativa, pero sí la retrasa al menos un mes, el tiempo que tiene el CGE para emitir su dictamen, que no es vinculante.
Los posconvergentes justifican la decisión porque consideran que puede vulnerar el artículo 9.3 de la Constitución, relativo al principio de seguridad jurídica, y el Estatut. "La ley genera inseguridad jurídica, porque utiliza conceptos jurídicos indeterminados, define de manera imprecisa a los sujetos obligados y no delimita claramente las competencias del centro", afirman fuentes del partido, que también consideran que el régimen sancionador es "desproporcionado" y que no hay "criterios claros para aplicarlas".
Los populares, por su parte, consideran que "Catalunya no dispone de competencia para investigar y sancionar vulneraciones de derechos humanos" presuntamente cometidas por empresas "en países extranjeros". "Catalunya no puede crear una autoridad, aunque esté contemplada en directivas europeas, ya que corresponde al Estado decidir cómo transpone esta directiva", sostienen fuentes populares consultadas por este diario. Además, denuncian que "el régimen sancionador previsto en la proposición de ley no se ajusta a los principios constitucionales de la potestad sancionadora" y aseguran que no hay concreción sobre "los hechos sancionables y las personas responsables".
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