Koldo intenta evitar su juicio 'in extremis' esgrimiendo supuestas 'filtraciones' sobre pagos en efectivo y la implicación de la expresidenta de Adif

El que fue hombre para todo del exministro José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, ha presentado en el Tribunal Supremo su último intento para tratar de frenar el juicio por la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes durante la pandemia, que está previsto que comience el próximo 7 de abril. A lo largo de 58 páginas el exasesor plantea un incidente de nulidad de actuaciones -trámite imprescindible para poder acudir al Tribunal Constitucional-, en el que reprocha al Tribunal Supremo ignorar "hechos relevantes", cuya defensa ha aportado, como lo que califica de "filtraciones" a los medios y la investigación que se desarrolla en la Audiencia Nacional, donde un último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aprecia indicios contra la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.

En su escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la defensa de Koldo García afirma que "el auto impugnado ha ignorado sistemáticamente cuatro hitos procesales basados en hechos nuevos relevantes comunicados por esta defensa con posterioridad a la vista de cuestiones preliminares, que por su relevancia para los hechos que se van a enjuiciar, alteran la base del enjuiciamiento", por lo que sostienen que el Supremo debía haber tenido en cuenta.

El primero es el Informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pasado 24 de febrero que "acredita que la Audiencia Nacional sigue investigando" a Koldo García "por los mismos ingresos en efectivo y operativa patrimonial que aquí se enjuician, esto es, derivados supuestamente por los contratos de material sanitario durante la época de la pandemia, existiendo una duplicidad procesal prohibida por la Constitución", hechos que, dice, "la Sala no ha valorado". En ese informe se apreciaban indicios que vinculaban a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera con los presuntos amaños en las contrataciones de las que se imputa a Koldo, Ábalos y el comisionista Víctor de Aldama.

Además de insistir en que sigue sin disponer de una "copia de las actuaciones digitales" que le fueron intervenidas, lo que le genera indefensión y "convierte el calendario de sesiones en una 'vía de hecho' hacia la condena sin defensa", sostiene que 'El Español' ha publicado whatsapps de Koldo, a los que su defensa no tiene acceso. "La justicia no puede ser un espectáculo de filtraciones interesadas mientras se restringe el acceso al sumario a quien se juega su libertad", argumenta la abogada Leticia de la Hoz. También se remite a otra de 'El Debate', que, sostiene, explicaría los pagos en efectivo de Transportes que recibió Koldo García.

Lavarse las manos

En opinión de la defensa, "el Tribunal Supremo ha optado por ignorar, marginar o derivar a otros órganos la información vital" que le ha "proporcionado mediante escritos presentados fuera del rígido y estricto corsé de la audiencia preliminar, a pesar de tratarse todos de hechos nuevos relevantes ocurridos con posterioridad" a su celebración. Argumenta que "la propia resolución evidencia una sistemática negativa a hacerse cargo de la realidad procesal y probatoria" que ha "ido actualizando mediante escritos continuados. El ejemplo más flagrante de la vulneración" de su "derecho de defensa, es el trato que el tribunal da" al escrito con el que alertaba de un "problema técnico insalvable": la imposibilidad de abrir los dispositivos devueltos por el antiguo Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, tras ser examinados por la Guardia Civil.

El Supremo "se lava las manos y decreta que 'las dudas que plantea esta parte sobre la posibilidad de abrir la documentación deberán ser planteadas y resueltas por el juzgado que ha acordado esa entrega' (es decir, la Audiencia Nacional)", denuncia el incidente de nulidad, que considera eso obliga a Koldo García "a litigar en otro tribunal para poder abrir las pruebas" que le "van a incriminar en este juicio". "El Tribunal Supremo nos aboca a entrar al juicio oral ejerciendo una auténtica 'defensa a ciegas'", argumenta el escrito, que también denuncia que "la actitud de ignorar el devenir material de la causa en favor del rigorismo de los plazos se observa también" en el rechazo de sus argumentos de la "pérdida sobrevenida de competencia del Tribunal Supremo tras la renuncia al acta de diputado del señor Ábalos el 28 de enero".

PP versus PSOE

El incidente vuelve a plantear a la Sala Segunda los argumentos que esta ya rechazó en el auto en el que resolvía todo lo planteado por las partes durante la audiencia preliminar, como que el magistrado Julián Sánchez Melgar debe apartarse del juicio por haber sido fiscal general del Estado. "Dado que este es un procedimiento con una fortísima carga política, en el que se investiga a un exministro y a su asesor (Koldo) de un partido determinado (PSOE), el hecho de que uno de los magistrados juzgadores haya ocupado la cúspide del ministerio fiscal a propuesta del partido político rival (Partido Popular), el cual además actúa como origen de las denuncias y actúa de portavoz de la acusación popular, destruye la apariencia de imparcialidad ante el acusado y la sociedad. Al obligar a Koldo a ser juzgado por este magistrado, se vulnera su derecho a un tribunal que ofrezca garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima sobre su neutralidad política", insiste.

"Un observador objetivo, no aquejado de corporativismo, apreciaría que el nombramiento de don Julián Sánchez Melgar por un gobierno apoyado por el partido que ejerce aquí la acusación es motivo suficiente para entender quebrada la apariencia de imparcialidad", añade.

Tras insistir en la necesidad de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el escrito también se centra en la situación de Aldama, que se sienta en el banquillo de los acusados y a la vez acusa a sus compañeros de banquillo. "El fiscal incluso llegó a dejar la puerta abierta a una rebaja de la pena en dos grados. Parece que le parecen muchos los años que le podrían caer por los mismos hechos que a mi representado, para el que los casi 30 años que se piden" por las acusaciones populares "parece que le parecen pocos", se lamenta la defensa, que vuelve a reclamar toda la prueba que el Supremo rechazó al resolver sus alegaciones en la vista preliminar.

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