El juez pide información a más de una veintena de bancos sobre los pagos vinculados a Acciona de la trama Koldo-Cerdán

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga la parte del caso Koldo que indaga sobre adjudicaciones de obra sospechosas, ha dictado este martes un mandamiento para ampliar la información bancaria con respecto a las mercantiles Aquaterra Servicios e Infraestructuras, Ferrovial Construcción, Tevade y Freyssinet para aclarar si hicieron uso de las UTE que constituyeron con Acciona "para canalizar fondos que pudieran haber tenido como destinatarios" a los investigados por esta causa. Unas nuevas diligencias que ordena a petición del fiscal Anticorrupción Luis Pastor.

En el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el titular de la plaza de Instrucción número 2 del Tribunal Central de instancia expide mandamientos a más de una veintena de bancos en el seno de la investigación que también salpica al que fuera 'número 3' del PSOE Santos Cerdán.

Concretamente, a las entidades Abanca, Arquia Bank, Banca March, Banco Cooperativo Español, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankinter, BBVA, BPN Paribas, Caixabank, Laboral Kutxa, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Soria, Caja Rural de Utrera, Cajamar Caja Rural S. COOP. de Crédito, CBNK Banco de Colectivos, Commerzbank, Aktiengesellschaft, Credit Agricole Corporate And Investment Bank, Deutsche Bank, HSBC Continental Europe, Ibercaja Banco, ING Bank, JP Morgan Chase Bank National Association, Kutxabank, Lieberbank, Societe Generale, Targobank y Unicaja Banco.

Según recuerda el auto en el que adopta estas medidas, del estudio de las relaciones económicas entre Acciona y la empresa vinculada a Cerdán (Servinabar) se concluía que "al menos el 75,33 % de los ingresos percibidos por esta tienen su origen en transferencias emitidas directamente desde Acciona Construcción, desde diferentes UTE" que son las relacionadas con las transferencias bancarias que ahora se quieren detallar.

Concretamente, al juez le interesa conocer los productos bancarios y financieros, así como cajas de seguridad que tengan contratados las personas físicas o jurídicas que figuren como titulares o autorizados" de cada uno de esos productos. También le interesan "todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales" que hayan participado al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ( SEPBLAC) sobre las indicadas cuentas bancarias, sus titulares o personas autorizadas, así como los expedientes, informes o análisis internos que sustenten dichas comunicaciones. El periodo a investigar es amplio: desde el 1 de enero de 2014 y hasta el día de la fecha de la orden judicial.

Trazabilidad de los fondos

La finalidad de la diligencia es "poder continuar con la trazabilidad de los fondos manejados por Servinabar con origen en Acciona" al entender el juez que , no nos encontramos con una mera sospecha, sino en la constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas" en la comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal y delitos contra la Administración Pública: cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, "sin perjuicio de aquellos otros que se puedan determinar en el curso de la investigación, lo que nos determina que estamos ante delito grave, dada la cuantía de pena que exige esta calificación".

También a petición del fiscal Luis Pastor, el juez interesa que, en el caso de cobro de cheques, las entidades bancarias aporten la cuenta vinculada, el importe, la fecha de ingreso y beneficiario del mismo. Así como que se facilite información sobre las transferencias Swift, OMF y nacionales, "emitidas o recibidas, cambio de divisas, reintegros e ingresos en efectivo, todo ello por importe superior a 300 euros, remitiendo dicha información en formato Excel".

Por otra parte, en su resolución el juez hace contar a las entidades bancarias que la documentación "debe ser facilitada directamente a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, (...) no debiendo comunicarse a las oficinas o sucursales donde esté abierta la cuenta bancaria ni con el titular objeto del mandamiento ni persona alguna ajena a la entidad, al objeto de preservar las actuaciones".

Posibles nuevos delitos

Añade que "si durante la investigación realizada fueran encontrados elementos relacionados con la comisión de hechos delictivos diferentes a los establecidos en la solicitud inicial y en virtud de los cuales fueron autorizadas las mismas, se dará inmediata cuenta a este órgano judicial".

En esta pieza separada, que inició el Tribunal Supremo y ahora es competencia de la Audiencia Nacional, tras perder su aforamiento el exministro y exdiputado José Luis Ábalos, se investiga "la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana consistentes en el favorecimiento, de manera recurrente a diferentes constructoras para la obtención presuntamente fraudulenta, de contratos de obra pública a cambio de una contraprestación económica" tanto para Ábalos como para el que fuera su asesor Koldo García.

Sospechas sobre Carreteras

En el auto, el juez alude a las obras sospechosas de corrupción adjudicadas a Carreteras y recuerda que "conversaciones grabadas por Koldo García éste menciona en varias ocasiones que José Luis Ábalos Meco habría cobrado dinero a través de Santos Cerdán León derivado de adjudicaciones de obra pública, entre las que se encontraban" los citados expedientes.

Así, en el informe policial se exponen diferentes extractos de conversaciones en las que se asocian estos pagos directamente a obras adjudicadas a Acciona. En este sentido el 18 de noviembre de 2020, Koldo le indicó a Ábalos que Sanos estaba eludiendo algún asunto: "Te queda San Feliú y El Mayor, son trescientos cincuenta”; el 2 de febrero de 2022. Y una vez Ábalos había dejado de estar al frente del Ministerio, "Koldo mantuvo una conversación con Santos en la que debatían cuánto quedaba pendiente por abonar a Ábalos, teniendo en cuenta que ya habría percibido 550.000 euros", agrega la resolución.

Con respecto a los presuntos beneficios ilícitos obtenidos por los investigados procedentes de Acciona, concretamente a los recibidos en la etapa en la que Koldo y Santos ejercían sus funciones en la Comunidad Foral de Navarra, el juez recuerda la operativa de compensación detectada que habría permitido obtener liquidez proveniente de la constructora a través del establecimiento hostelero bar Franki. "Esta maniobra consistía en la emisión de facturas ficticias, por parte del establecimiento hacia Acciona, que asumiría el pago a través de transferencia hacia el referido restaurante, retornando dichos fondos, en efectivo, al entorno de Koldo", resume.

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