La víctima del ex DAO pide al juez investigar la filtración de su identidad justo cuando ambos declararán ante él

La defensa de la inspectora que denuncia al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González por una presunta agresión sexual ha pedido al titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid que abra una nueva causa por delitos de revelación de secretos y vulneración del secreto sumarial para investigar la filtración de la identidad de la víctima. Se da la circunstancia de que ambos están citados este martes ante el juez: ella para ratificar su querella, y él, como querellado. La defensa había solicitado una especial protección a las grabaciones de la denunciante, pero el magistrado no lo consideró necesario.

El abogado de la querellante, Jorge Piedrafita, plantea que la publicación de ciertos escritos de la defensa del exnúmero dos de la Policía "implica de que de forma ilícita e inaceptable terceros ajenos al procedimiento han tenido conocimiento de un documento de la instrucción que se encuentra bajo reserva y por extensión del nombre y apellidos completos" de su "cliente como víctima denunciante, implicando ello una grave intromisión en su privacidad, seguridad e integridad como víctima de los delitos denunciados".

El escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, recuerda "la situación de riesgo en la que se encuentra" la querellante, que "ha obligado a la implantación de una escolta policial las 24 horas del día por parte del Ministerio del Interior, para preservar su seguridad e integridad", una situación que "con esta filtración se pone en claro y objetivo peligro, tanto suyo como de los efectivos policiales que la custodian".

De ahí que considere necesario deducir testimonio y abrir una investigación por revelación de secretos y vulneración del secreto sumarial, en la que se tome declaración como testigos a varios periodistas autores de informaciones en 'El Español' y en 'La Razón', en las que se hacía una "afirmación expresa de acceso al propio escrito", lo que sostiene que "constituye un indicio externo y objetivo de salida irregular de información desde el circuito de reserva procesal".

El abogado que ejerce la acusación en nombre de la agente sostiene que "la relevancia material de la filtración no es neutra: la difusión incluye la identificación de la víctima y se conecta con un perjuicio concreto (privacidad y seguridad), lo que refuerza la necesidad de esclarecimiento. A ese efecto, el escrito que aporta cita doctrina jurisprudencial sobre la finalidad de proteger frente a perjuicios derivados de revelaciones no divulgables, con los que se busca “impedir que la revelación de secretos e informaciones no divulgables irroguen un perjuicio de mayor o menor relevancia”.

Añade que "si el bien jurídico se orienta a evitar el perjuicio por la divulgación indebida, la investigación es necesaria cuando hay indicios de divulgación y de daño, aunque el foco de filtración sea aún desconocido; lo contrario generaría un espacio de impunidad precisamente en los supuestos donde la autoría se oculta por el modo de comisión".

Ante el juez

En su auto de admisión a trámite, el juez señalaba que los hechos mencionados en la querella "hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales", tomará declaración este martes a víctima e imputado. La querella ampliaba los delitos presuntamente a los de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.

La denunciante señalaba que mantuvo "en el pasado una relación de afectividad" con el ex DAO, "caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta" dada su posición en el cuerpo. "Esta situación de subordinación institucional fue sistemáticamente instrumentalizada por el querellado para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima, quien en múltiples ocasiones manifestó su voluntad inequívoca de finalizar la relación, viéndose impedida para materializar efectivamente dicha decisión".

Según la querella, González "no aceptó" el fin de esa relación y empezó, "a partir de entonces, una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos" denunciados. Apuntaba a que eso habría ocurrido el 23 de abril de 2025, cuando la mujer se encontraba prestando "servicio activo ordinario en la comisaría de Coslada", y a partir del mediodía, habría recibido "múltiples llamadas telefónicas" de González "requiriendo su presencia de forma inmediata y perentoria. [...] Ante la negativa inicial y reiterada de la víctima, quien alegó razones laborales obvias, el querellado, haciendo uso explícito de su autoridad institucional, le instó e instruyó para que abandonara su puesto de trabajo utilizando un vehículo policial camuflado de la comisaría de Coslada, con la finalidad de reunirse con él con carácter urgente", recogía el escrito.

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