El 'último cartucho' de Ábalos y Koldo para evitar el juicio: acudirán al Constitucional porque el Supremo no ha aceptado sus pruebas

El Tribunal Supremo ha fijado el próximo 7 de abril, tras las fiestas de Semana Santa, para el inicio del juicio contra el exministro José Luis Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama por el 'pelotazo' de más de 16 millones de euros, más otras compensaciones como los "enchufes" para Jésica Rodríguez, que habrían presuntamente obtenido gracias a la adjudicación a la empresa Soluciones de Gestión de la compra de mascarillas para Transportes y otras administraciones.

Pero pese a la inminencia del juicio, las defensas del exdiputado y su asesor no quieren llegar a esa fecha sin haber disparado un 'último cartucho', dirigido a evitar la vista en el Tribunal Supremo. Este movimiento procesal supone implicar al Tribunal Constitucional por una pretendida vulneración de derechos que les lleva al banquillo en desventaja: el tribunal no ha aceptado ninguna de las pruebas que han presentado en su descargo, y además ha dejado de ser competente para juzgarles porque ninguno de los encausados tiene condición de aforado.

Por ello, fuentes de las defensas presentarán la próxima semana sendos recursos de nulidad contra el auto del pasado 4 de febrero que resolvió sobre las cuestiones previas al juicio. Este recurso de nulidad es de mero trámite --nadie espera que el tribunal varíe su posición inicial--, pero al rechazarse se abre la puerta para que puedan acudir en amparo ante el órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido. Ya están preparando este recurso, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO.

El tiempo corre en su contra, pues quedan muy pocos días para el inicio de la vista oral. Por ello, las defensas tienen previsto presentar este incidente de nulidad a principios de esta semana, con la esperanza de que pueda ser resuelto --presumiblemente con una desestimación-- con tiempo suficiente para poder acudir al Constitucional y pedir medidas cautelares que lleguen antes del juicio.

Pruebas

En el auto a recurrir, en el que se respondía a las cuestiones previas, los magistrados llamados a juzgar la denominada pieza principal del caso Koldo rechazaron todas las cuestiones preliminares planteadas por las defensas y aprobaron la comparecencia en el juicio total de 75 testigos, entre los que se encuentran la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Este último ha pedido declarar por escrito argumentando que la ley lo contempla para presidentes autonómicos que tienen que comparecer por "hechos de los que hayan tenido conocimiento en función de su cargo".

No se estimó, sin embargo, la petición de Ábalos para que se llamara al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que también contrató mascarillas con la empresa facilitada por la presunta trama corrupta. Tampoco el resto de pruebas solicitadas por su abogado, Marino Turiel, y ninguna de las instadas por la defensa de Koldo García.

Competencia y pruebas

Ábalos y Koldo no quieren ser juzgados en el Tribunal Supremo, y defienden que el asunto debe ser ya cosa de la Audiencia Nacional. En todo caso, el mantenimiento de la causa en este órgano tiene que ver mucho con la decisión del primero de retener su acta de diputado hasta después de que se acordara la apertura de juicio oral, lo que determina que pese a que en el caso Koldo no hay ya aforados el asunto se quede en el Alto Tribunal.

Por eso las defensas alegaron --con fallido intento de plantear la cuestión ante la justicia europea incluido-- que el mantenimiento del juicio en el Supremo les perjudica. El alto tribunal es mucho más rápido que la Audiencia, donde pasan años hasta que un asunto de este calado logra llegar a juicio, y además la sentencia que se dicte no podrá ser apelada ante un órgano superior.

Cuestionan, y así lo plantearán ante el- Tribunal Constitucional, que el Supremo retenga la competencia basándose en una decisión interna sin rango de ley adoptada por este órgano en diciembre de 2014, que fijó que siempre corresponde juzgar al tribunal que dicte el auto de apertura de juicio oral.

Por lo que se refiere a las pruebas rechazadas, y más allá de los testigos, el exasesor ministerial planteó un careo con Aldama y el uso del polígrafo al que el propio Koldo estaría dispuesto a someterse. Sobre el polígrafo, el Supremo respondió que "no puede reemplazar la función de los tribunales de valorar las pruebas", además de tratarse de una práctica que no tiene reconocida ninguna validez en el ordenamiento jurídico español.

Para la defensa ejercida en nombre de Koldo, sin embargo, podría ayudar al tribunal a "determinar la veracidad de lo declarado por uno y por otro", ya que en muchos aspectos su versión es contradictoria con la del comisionista Aldama que le acompañará en el banquillo de los acusados.

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