90 orientadores
El refuerzo de informadores por el colapso de Rodalies costó 250.000 euros
La Generalitat adjudicó un contrato a la empresa Serveo, especializada en servicios de atención al usuario
La Generalitat pagó 11,2 millones a 20 empresas de autobuses para suplir la falta de servicio de Rodalies
El Govern reclamará al Ministerio de Transportes la factura de la crisis de Rodalies
El servicio de Rodalies seguirá siendo gratis hasta finales de marzo

Pasajeros en la estación de Rodalies de plaza Catalunya a primera hora de la mañana consultan a los informadores cómo llegar a su destino. / Zowy Voeten

El despliegue extraordinario de informadores en las estaciones durante la crisis de Rodalies tras el accidente ferroviario mortal de Gelida tuvo un coste para el Govern de al menos 248.790 euros, según la documentación a la que ha accedido EL PERIÓDICO a través de una petición de transparencia. Este dispositivo se activó para orientar a los miles de usuarios afectados por la interrupción del servicio ferroviario y los constantes cambios en la movilidad durante las semanas posteriores al siniestro.
El contrato se adjudicó a la empresa española Serveo, especializada en servicios de atención al usuario, a quien actualmente la Generalitat también tiene externalizado el servicio del 061 Salut Respon, el teléfono sanitario del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).
El refuerzo de personal se mantuvo 21 días -entre el 24 de enero y el 13 de febrero-, en pleno colapso del sistema ferroviario de Rodalies. Según el desglose económico del contrato, el coste del servicio ascendió a 248.790,67 euros, IVA incluido. El dispositivo se organizó por semanas completas, pero también por días sueltos en los momentos de mayor intensidad del operativo. A lo sumo, supuso unos 10.000 euros al día para las arcas públicas.

Pasajeros consultan a los informadores de Sants Estació en Barcelona. / EP
90 orientadores
Este presupuesto incluía la contratación de 90 informadores y coordinadores encargados de orientar a los viajeros en estaciones especialmente afectadas por la interrupción ferroviaria. Su función principal era explicar las alternativas de transporte disponibles, dirigir a los usuarios hacia los autobuses sustitutivos, resolver dudas sobre itinerarios y gestionar los flujos de pasajeros en momentos de gran afluencia.
El refuerzo se desplegó en puntos clave de la red donde se concentraban los transbordos entre trenes, autobuses sustitutorios y otros medios de transporte. Durante los días más críticos de la crisis, miles de viajeros tuvieron que modificar sus trayectos habituales o utilizar rutas alternativas para desplazarse hacia Barcelona y otras ciudades. Por ese motivo, además de la aportación del Govern, otros ayuntamientos, como el de Barcelona, apostaron por enviar informadores a las zonas más demandadas para ayudar a descongestionar la red como "medidas extraordinarias".
El macroplan alternativo
Este gasto forma parte del amplio dispositivo extraordinario que activó la Generalitat para mantener la movilidad tras el accidente de Gelida. Como ha explicado este diario, el Govern destinó más de 11,2 millones de euros a autobuses para sustituir temporalmente el servicio ferroviario, además de reforzar algunas líneas de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) para absorber parte de la demanda, lo que supuso un desembolso de 128.693 euros.

Peaje a la altura de Cubelles en la C-32 / EPC_EXTERNAS
A estos costes se suman también los peajes levantados temporalmente en la autopista C-32. La medida, según informó en su momento el Govern, supuso unos 600.000 euros diarios mientras la vía estuvo abierta en ambos sentidos, es decir, alrededor de seis millones de euros porque fueron diez días. Durante otra decena de días más las barreras permanecieron abiertas solo en un sentido, aunque ese coste todavía no se ha calculado. En conjunto, la factura de las medidas extraordinarias adoptadas para paliar el colapso ferroviario supera ya los 17 millones de euros, una cifra que podría aumentar cuando se incorporen todos los gastos aún pendientes de contabilizar.
Está por ver si este coste lo asumirá el Ministerio de Transportes, responsable de la infraestructura ferroviaria, ya que la intención del Govern es que sea el Estado quien lo pague, según expresó la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque. La oposición ha reclamado, además, un informe sobre el impacto económico del episodio, que incluya también los costes para las empresas derivados de la crisis de movilidad de esos días.
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