El Govern promete movilizar recursos ante la guerra en Oriente Próximo pero esperará a la UE y el Gobierno para concretar las ayudas

El president Salvador Illa ha presidido este viernes una cumbre en el Palau de la Generalitat con los partidos catalanes para recabar propuestas para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Oriente Próximo. La incertidumbre sobre cuánto durará el conflicto dificulta la concreción de la respuesta y su coste, por lo que el Govern no ha presentado todavía la batería de medidas en Catalunya, algo que le ha afeado parte de la oposición, y esperará a la reunión del Consejo Europeo y al escudo social que active el Gobierno de Pedro Sánchez. El objetivo: proteger a empresas, sector primario, trabajadores y familias de la subida de precios provocada por la escalada bélica.

Para entonces, ya sabrá si su margen de actuación se da o no en un contexto de negociación de presupuestos, que afrontan el viernes que viene en el Parlament el trámite clave para determinar si hay margen para su aprobación de la mano de ERC y Comuns. "Movilizaremos todos los recursos que hagan falta el tiempo que haga falta", ha defendido el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha concluido que, una vez escuchados los grupos, los sindicatos y las patronales, un grupo de trabajo específico y estable se encargará del diseño de las ayudas.

Durante su intervención ha esquivado hablar del tira y afloja con los republicanos por las cuentas y se ha limitado a defender que hace falta generar "certidumbre". De hecho, el partido de Oriol Junqueras ni siquiera ha hablado ante los focos tras la cumbre, en la que ha optado por reservarse sus medidas hasta que el Govern exponga las suyas.

El hecho de que el Executiu haya acudido a la cita sin propuestas concretas ha molestado a algunos grupos parlamentarios como Junts, el PP y la CUP, mientras que Vox y Aliança Catalana han rechazado acudir. "Salimos igual que entramos, sin ninguna medida concreta por parte del Govern", ha lamentado el portavoz de los populares, Juan Fernández, después de que los posconvergentes hayan dicho estar también "sorprendidos" por este hecho y hayan tachado a Illa de "ausente". En cambio, los Comuns han defendido que se trataba de una primera "toma de contacto" y han avalado la estrategia del Govern de esperar a las medidas que tome el martes que viene el Consejo de Ministros.

El duelo con los impuestos

La reunión se ha celebrado a petición de Junts, que ha acudido con un plan de choque de una veintena de medidas bajo el brazo. Los posconvergentes han pedido una rebaja impositiva, que va desde la deflactación del IRPF hasta la eliminación del impuesto de sucesiones, ayudas para autónomos y pequeñas y medianas empresas, así como la creación de un fondo de compensación para el sector primario. En una línea muy similar, el PP también ha reclamado un cambio en la política fiscal, con medidas como una rebaja del tramo autonómico del IRPF, un fondo de 50 millones para ayudar a empresas y autónomos a través de líneas de crédito y la supresión de impuestos propios de la Generalitat como el del CO2.

"Hay que tomar medidas para que no se pierda ninguna empresa, no cierre ningún autónomo y ningún catalán pierda poder adquisitivo", ha defendido el portavoz de Junts, Salvador Vergés, al finalizar el encuentro, que también ha aprovechado para reiterar su oposición a los presupuestos de la Generalitat. Para los posconvergentes, las cuentas están "sesgadas" por las políticas de los Comuns y no tienen en cuenta la posible "crisis inflacionaria" que puede generar el conflicto. De las cuentas, según fuentes de la reunión, no se ha hablado, aunque es el gran asunto que sobrevuela los partidos.

La receta de las rebajas fiscales ha soliviantado a los Comuns y la CUP, que han reclamado medidas de fiscalización de beneficios de grandes empresas y de protección social que eviten que sean los ciudadanos los que paguen "la guerra ilegal" de Trump. "No tiene sentido bajar impuestos, ¿de dónde sacarán el dinero para el escudo social?", ha espetado la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, que durante la reunión les ha reprochado tanto a Junts como al PP que tumbaran en el Congreso el decreto del Gobierno para topar precios en casos de emergencia. Laure Vega, diputada de la CUP, también ha tachado de "absurdo" pedir la supresión del impuesto de sucesiones en una cumbre como esta y ha denunciado un "aumento de precios injustificado e inducido", ya que los productos que se venden hoy están mayoritariamente en "stock".

Blindar trabajadores y control de precios

Las propuestas de Comuns y la CUP van en la línea de condicionar las ayudas a empresas y autónomos afectados a que se mantengan los puestos de trabajo y subvenciones directas a los agricultores, priorizando las pequeñas y medianas explotaciones. Para proteger a la infancia, Albiach ha defendido que se bonifique con un 50% el precio de los comedores escolares y se complemente la renta garantizada con 200 euros para las personas con hijos a cargo. Y en materia de vivienda, medidas como prorrogar tres años los contratos de alquiler en las zonas tensionadas.

En una línea similar, la CUP ha reclamado medidas para "evitar que las empresas utilicen el contexto como excusa para destruir ocupación", así como también establecer un "control de precios sobre los productos esenciales".

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