El Parlament impulsa una ley para que las personas mayores reciban en seis meses las ayudas a la dependencia

El Parlament ha dado este miércoles el primer paso para aprobar una nueva ley destinada a reforzar los derechos de las personas mayores. La proposición de ley para ello ha superado el debate de totalidad en el pleno de la Cámara catalana, lo que permite que el texto continúe ahora su tramitación parlamentaria en comisión. La iniciativa, impulsada por el PSC, ha salido adelante pese a la enmienda de rechazo presentada por Vox. El PP catalán se ha abstenido y el resto de partidos ha votado en contra del veto.

La propuesta parte de la premisa de que el envejecimiento de la población es uno de los grandes retos sociales de Catalunya, donde aproximadamente una quinta parte de los ciudadanos tiene más de 65 años. Con esta norma, los impulsores pretenden "recoger y blindar" los derechos de las personas mayores y adaptar las políticas públicas a una sociedad cada vez más envejecida.

Uno de los puntos más destacados del texto es la introducción de un plazo máximo de seis meses para que las personas dependientes puedan acceder a las prestaciones una vez reconocido su grado de dependencia. El objetivo es reducir los largos tiempos de espera que actualmente sufren muchas familias para recibir ayudas o servicios.

Críticas por el modelo de cuidados

"Es un buen punto de partida, pero la ley está pensada para que pueda mejorarse", ha defendido Mónica Ríos, del PSC, en su intervención, para hacer un llamamiento al resto de grupos parlamentarios a que trabajen en su tramitación. El guante lo han recogido todos los partidos, salvo Vox. "La norma que se presenta tiene muchos aspectos positivos, pero tiene algunas carencias, como el modelo de cuidados", ha declarado Najat Driouech, de ERC, algo que también han reprochado Núria Lozano (Comuns) y Pilar Castillejo (CUP).

La proposición también reconoce el derecho de las personas mayores a vivir en su hogar habitual y recibir allí los servicios asistenciales necesarios siempre que sea posible, en línea con las políticas de atención centradas en la persona y de desinstitucionalización progresiva. "Faltan garantías y concreciones", ha dicho Castillejo.

Glòria Freixa, de Junts, también ha exhibido su queja por la falta de protagonismo de los cuidadores -"¿quién cuida de los cuidadores?", ha deslizado-, tras criticar que hace un año que se presentó esta ley y que el Parlament haya tardado todo este tiempo en incluirlo en el orden del día. "Si ustedes priorizan las políticas de las personas mayores, no puede ser que Catalunya sea la que peor está en dependencia; llevan ocho años en el Gobierno", ha añadido Freixa.

Por parte del PP, Belén Pajares ha exigido que se haga público el impacto económico de la norma para reducir las listas de espera y ha considerado que las ayudas no pueden ir vinculadas al empadronamiento, sino a la nacionalidad. "Es irresponsable en un momento de inmigración descontrolada", ha deslizado la diputada.

Vox considera que es una norma "paternalista" para "tener el control" de las personas mayores. "Interviene en la vida privada y las relaciones familiares", ha espetado María Elisa García Fuster, la diputada de Vox, que ha argumentado los motivos de su enmienda a la totalidad, que no ha prosperado. Aliança Catalana ha reprochado al resto de grupos parlamentarios que esta norma llegue "tan tarde" y ha culpado a la inmigración de la falta de atención a las personas mayores.

Inspección de residencias

En el ámbito residencial, la ley plantea una reforma del sistema de inspección de residencias, que deberá transformarse en un plazo de dos años. Además, se prevé la creación de un expediente único sociosanitario, que integrará la información social y sanitaria del usuario con el fin de mejorar la coordinación entre servicios.

El texto también incluye medidas para fomentar la participación y el envejecimiento activo. Entre ellas figura la creación de consejos de participación en todos los centros residenciales, casales o centros de día, ya sean públicos o privados, así como la puesta en marcha de un observatorio de la gente mayor que analice la situación de este colectivo.

El defensor de los derechos de la gente mayor

La proposición aborda además la lucha contra el edadismo y los estereotipos negativos asociados a la vejez, y contempla políticas específicas para prevenir la discriminación de personas mayores LGBTI. Otra de las novedades es la creación de un servicio gratuito de asesoramiento financiero destinado a proteger a las personas mayores frente a posibles casos de expoliación patrimonial o abusos económicos.

En el terreno institucional, la iniciativa prevé la creación de la figura del defensor de los derechos de la gente mayor, que se integraría dentro del Síndic de Greuges para supervisar posibles vulneraciones y canalizar quejas. En ese sentido, el régimen sancionador también se refuerza y las infracciones más graves podrían conllevar multas de hasta 500.000 euros.

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