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Pacto con los Comuns

El Govern activa la unidad antidesahucios con la formación de 56 profesionales

El plan es que esta oficina se ponga en marcha en los próximos seis meses para ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad residencial

El Govern cierra un acuerdo con los Comuns para crear la oficina antidesahucios

Salvador Illa, president del Govern, y Jéssica Albiach, líder de los Comuns.

Salvador Illa, president del Govern, y Jéssica Albiach, líder de los Comuns. / JORDI OTIX

Gisela Boada

Gisela Boada

Barcelona
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La unidad antidesahucios catalana, que pretende seguir el ejemplo de la que instauró Ada Colau en Barcelona durante su alcaldía, ya ha dado el primer paso para ser una realidad este 2026. El Govern ha sacado a licitación el servicio después de haber pactado con los Comuns su puesta en marcha en el acuerdo de investidura de Salvador Illa. "El Servei d'Intervenció en Pèrdua d'Habitatge que tiene el Ayuntamiento de Barcelona dio resultados y se demostró que logramos frenar muchos desalojos, por eso lo situamos en el acuerdo", ha defendido la diputada de los Comuns Susanna Segovia, cuyo partido ha sido el encargado de anunciar este "paso" en la activación de la unidad.

De momento, el servicio contará con 56 personas que trabajarán en cinco zonas para garantizar cobertura territorial en toda Catalunya. De estas, 45 serán personas Referents d’Atenció a l’Habitatge (RAH), otras cinco personas ejercerán funciones de coordinación y seis serán licenciadas en Derecho. La licitación, con un presupuesto cercano a tres millones de euros para un año, divide el servicio en las siguientes zonas: en el área metropolitana de Barcelona y el Maresme con 16 profesionales; el Vallès y el resto de la provincia de Barcelona con 17; Girona, Tarragona y Terres de l'Ebre con ocho cada una, y Lleida con seis personas. Está previsto que las unidades puedan estar contratadas y formadas en un plazo aproximado de seis meses.

La unidad, bautizada oficialmente como Servicio de Protección y Estabilidad Residencial (SPER), nace con la voluntad de actuar antes de que se produzca el desahucio. "El objetivo es muy claro: evitar los desalojos antes de que ocurran", ha defendido la presidenta del grupo parlamentario de los Comuns, Jéssica Albiach. Según ha señalado, durante años muchas familias han acabado perdiendo su vivienda porque las administraciones intervenían demasiado tarde, sumado al desconocimiento sobre las ayudas y bonos que tienen. "Esta medida cambia la lógica, pues se trata de detectar las situaciones de riesgo con antelación y acompañar a las familias para que puedan mantener su hogar o encontrar una alternativa residencial digna", ha añadido.

Una apuesta por la prevención

Los equipos estarán formados principalmente por profesionales que ejercerán como referentes de vivienda y que acompañarán de forma personalizada a las familias en situación de vulnerabilidad residencial. Entre sus funciones estará ayudar en la tramitación de ayudas, coordinarse con los servicios sociales, ofrecer asesoramiento jurídico y mediar con los propietarios para intentar evitar la pérdida de la vivienda o activar alternativas habitacionales.

Segovia ha reivindicado que el modelo se inspira directamente en el servicio que puso en marcha el Ayuntamiento de Barcelona durante los gobiernos de Barcelona en Comú. Según ha recordado, ese sistema permitió frenar entre ocho y nueve de cada diez desahucios gracias a la intervención temprana de los equipos y al trabajo coordinado con movimientos sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Sindicat de Llogateres, un modelo que los Comuns quieren exportar al resto de Catalunya ante la emergencia habitacional que viven los catalanes.

Desde los Comuns han admitido que la medida llega con retraso respecto al acuerdo de investidura firmado hace más de un año, pero celebran que finalmente se haya activado. "Vamos tarde, pero bienvenida sea si sirve para que empiece a funcionar cuanto antes", ha señalado Segovia, que también ha reclamado al Govern que durante 2027 amplíe el servicio hasta alcanzar al menos 100 profesionales para garantizar cobertura en todo el territorio.

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