La Fiscalía apoya la paralización del Clúster del Maestrazgo, el gran proyecto eólico promovido por Forestalia

En una semana decisiva para el futuro del mayor proyecto eólico del país, la Fiscalía acaba de apoyar la suspensión provisional del Clúster del Maestrazgo por los “daños” y “perjuicios medioambientales” que se podrían derivar de su construcción. Así lo ha trasladado el fiscal al juez instructor tras analizar la documentación aportada en los últimos días por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) en un informe pericial en el que se alude a “daños medioambientes irreversibles” en el caso de que el proyecto eche a andar a manos de un fondo danés, Copenhagen Infraestructure Partners (CIP), que adquirió los derechos a Forestalia. Por eso este mismo viernes han sido citados todos ellos en el Juzgado de Primera e Instancia e Instrucción número 1 de Teruel para exponer sus posturas antes de que el instructor adopte una decisión sobre la medida cautelar.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, en estos momentos solo consta el peritaje de dos parques solares en Puertomingalvo, Masía I y Masía II, “estando pendiente el resto de parques eólicos del Clúster” tal y como consta en el documento que ha remitido el fiscal Jorge Moradell al magistrado Juan José Cortés. “Este informe pericial, si bien parcial y pendiente del resto, volvería a abonar, junto con los indicios aportados por atestados de la UCOMA, que nos encontramos presuntamente ante los delitos ya referidos de los tipos ambientales y los relativos a la Administración Pública y/o Corrupción en los negocios”, señala el fiscal en alusión a los delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal por los que el 3 de marzo se detuvo a Fernando Samper y otras cinco personas vinculadas a una presunta trama de irregularidades y ‘mordidas’ en la tramitación de proyectos de energías renovables en la provincia de Teruel.

En esta misma comunicación al juez instructor también se plantea la inhibición a un Juzgado del partido judicial de Madrid por la magnitud de los delitos investigados en el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) a la espera de que se certifiquen otros movimientos en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Porque se está "a la espera de aclarar" el proceder en otras diligencias abiertas contra su ex director, Jesús Lobera; tres excargos del Partido Aragonés, Alfredo Boné, Luis Marruedo y Ana Cristina Fraile, el exsecretario general técnico del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, José Luis Castellanos, y Fernando Samper.

En cualquier caso el atestado instruido por los tejemanejes con el Miteco llevan al fiscal a considerar que la causa se debe redirigir al partido judicial "donde se protagonizaron las presuntas prevaricaciones ambientales": a Madrid. "Que consistirían en los informes ambientales preceptivos que provocan las autorizaciones, o al menos lo procuraron, en el ámbito de la Administración Central-Ministerial en Madrid", expone el fiscal sobre el papel que se atribuye la Unidad Central de Medio Ambiente al subdirector general de Medio Ambiente, Eugenio Domínguez, como facilitador de los trámites.