La ley del taxi llega al Parlament: ¿cuándo se vota y qué dice sobre Uber y el resto de VTC?

Pocas normas logran un consenso tan amplio en el Parlament como la futura ley del taxi, por lo menos, para empezar su trámite. El texto para regular el transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas, registrado en septiembre por PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP, se ha desbloqueado finalmente para su primera votación la próxima semana, tras superar hasta cinco prórrogas en la presentación de enmiendas a la totalidad, un procedimiento indispensable antes de encarar la primera discusión parlamentaria.

El próximo miércoles 11 de marzo la Cámara catalana decidirá si la norma inicia su curso parlamentario. El paso se da por descontado, ya que sus impulsores suman una mayoría que garantiza vía libre frente a la única enmienda a la totalidad presentada por la extrema derecha de Vox. Pese a las evidentes diferencias ideológicas entre los grupos que apoyan el texto, la mayoría ha cerrado filas con un objetivo común para blindar el sector frente a la desregulación y la precariedad.

Una norma pionera

Tras meses guardada en un cajón, la Junta de Portavoces ha decidido este martes incluir en la orden del día del próximo pleno una ley que nace con la ambición de ser pionera. La pieza angular del texto es elevar al taxi a la categoría de servicio público de interés económico general para poner fin a años de conflictividad en las calles y dotar de un marco estable tanto a los taxistas como a los vehículos de transporte con conductor (VTC) que, de acuerdo con la norma, quedarán en una posición totalmente secundaria en el área metropolitana de Barcelona.

De cumplirse los pronósticos, a mediados de marzo arrancarán las ponencias y audiencias en la comisión de Territori para redactar el dictamen final. No obstante, la aprobación definitiva podría demorarse hasta finales de 2026, dado que los grupos han descartado la vía de urgencia a petición de Junts para poder pulir el texto con calma.

Un cambio de paradigma

La propuesta establece un giro estratégico en la concesión de licencias urbanas que, a partir de su entrada en vigor. Se otorgarían priorizando al taxi para garantizar una cobertura territorial completa con la mirada puesta en una erradicación de los VTC con una transición paulatina. Para los Comuns y la CUP, esta es la "herramienta fundamental" para asegurar condiciones laborales dignas y proteger al trabajador frente al modelo de negocio de las grandes plataformas digitales como Uber o Cabify.

Por su parte, el PSC defendió durante la presentación de la iniciativa que el taxi es el complemento indispensable del transporte público regulado. En la misma línea, los republicanos reivindicaron la autoría de una norma que empezó a gestarse durante su mandato en la Generalitat, con Pere Aragonès como president, con el objetivo de pacificar las calles de Barcelona y su área metropolitana. En este proceso ha sido clave el liderazgo de Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi, quien ha encabezado la presión sindical para exigir a los partidos la necesidad urgente de desplegar este nuevo marco legal.

Cerco a las malas praxis

En cuanto al control de plataformas como Uber o Cabify, la ley se muestra contundente para atajar las malas praxis que los partidos consideran que han marcado la última década. El texto impone la instalación obligatoria de dispositivos de geolocalización en todas las flotas para que la administración pueda monitorizar los servicios y detectar infracciones en tiempo real, acabando con las zonas grises en la captación de clientes.

La presión sancionadora también aumenta de forma notable. La ley prevé multas que alcanzan los 6.000 euros por circular sin autorización o falsificar documentos, mientras que la captación de pasajeros sin precontratación o el incumplimiento de los requerimientos técnicos se penalizará con hasta 4.000 euros.

La batalla por el catalán

Pese a la solidez del bloque unitario, el trámite parlamentario que arranca ahora servirá para librar batallas pendientes en materia lingüística y técnica. Junts y la CUP ya avanzaron que presentarán enmiendas para elevar el nivel de catalán exigido a los conductores. Aunque el texto actual fija un nivel B1, ambos grupos presionarán para que el requisito mínimo sea el B2, bajo el argumento de que la lengua es una herramienta indispensable de calidad en el servicio al ciudadano.

Junts, además, pone especial énfasis en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica del texto. El objetivo es evitar que la ley acabe encallada en los tribunales y que vele por el principio de libre competencia, siempre dentro de un marco estrictamente regulado que proteja el interés general.

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