¿Catalunya controlará las inversiones del Estado en infraestructuras? Todas las claves del nuevo consorcio

ERC registró el viernes en el Congreso una ley para crear el Consorci d'Inversions de Catalunya. Se trata de un instrumento que tiene que velar por que mejore el nivel de ejecución de las inversiones en infraestructuras que se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que no siempre aquello que se presupuesta se acaba invirtiendo. De hecho, en el pasado reciente, hay ejercicios en los que no se llegó a ejecutar uno de cada dos euros anunciados. El partido de Oriol Junqueras ha pactado el contenido de la norma con el Gobierno, por lo que debería tener garantizados los votos del PSOE y el PSC. Para prosperar, necesitará otros apoyos.

¿Quién mandará?

Según la ley, el consorcio tiene que ser un "espacio de decisión y gestión compartida" entre el Gobierno y la Generalitat en materia de infraestructuras y estará "adscrito" al Estado, previsiblemente al Ministerio de Transportes. La idea es que sea un órgano "paritario" entre las dos administraciones, es decir, que tengan el mismo peso a la hora de tomar decisiones. Así consta en el preámbulo de la norma. Sin embargo, en el articulado de la ley, se establece que esto se decidirá cuando se aprueben sus estatutos, en los que ya se está trabajando, porque la idea es que se ponga en marcha el 1 de enero de 2027.

¿Qué hará?

La misión del consorcio será el "impulso, planificación, gestión y ejecución" de las inversiones del Estado en Catalunya. Por ejemplo, deberá elaborar un "Plan Plurianual de Inversiones" para decidir las prioridades. También realizará un "seguimiento y control" de que se cumplan todas las inversiones que se presupuestan. Si se detectan incumplimientos, deberá proponer "medidas correctoras" y "reprogramar nuevas actuaciones" para compensar los déficits. La idea pues es que el consorcio no solo proponga dónde hay que invertir, sino que denuncie cuando no se cumpla lo prometido. Esto debería evitar, por ejemplo, la infrafinanciación que se ha visto "en Rodalies entre 2000 y 2020".

La segunda gran misión del consorcio será ejecutar directamente ciertas inversiones. Lo hará a través de la "Sociedad Mercantil de Inversiones de Catalunya", cuyos estatutos también se tendrán que redactar próximamente. Esta sociedad tendrá que "redactar los proyectos" y "ejecutar las obras" que le encomiende el propio consorcio. Este instrumento, pues, tiene que servir para gestionar de forma directa las inversiones y evitar la "lentitud administrativa" en la que a veces cae el Estado. Esta sociedad tendría que estar a punto, como muy tarde, el 1 de enero de 2028.

¿Por qué tiene que ser una mejora respecto al sistema actual?

La idea del consorcio nace por el déficit inversor del Estado en términos de ejecución presupuestaria. Los últimos datos disponibles, un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), admiten que en el primer semestre de 2024 solo se ejecutó un 20% de la inversión prevista en la comunidad catalana. En el conjunto del año anterior, en 2023, no pasó del 45%. Uno de cada dos euros no llegó a invertirse.

El objetivo, pues, es que el consorcio agilice las inversiones desde una gestión de proximidad. Es decir, que esté mucho más encima de los proyectos para que no se ralenticen. Se busca que la ejecución de las inversiones llegue prácticamente al 100% y, si no es así, que existan mecanismos para compensar los retrasos. El preámbulo de la ley también deja claro que este instrumento inversor puede ser replicado "en otros territorios del Estado" en los que se considere "oportuno". Por lo tanto, en el futuro, se podría ver un Consorcio de Inversiones de Aragón, por poner un ejemplo.

¿Qué inversiones priorizará?

Es pronto para saber qué inversiones priorizará, pero la ley pactada entre el Gobierno y ERC da algunas pistas. En materia ferroviaria, la norma asume que hay que mejorar la inversión en Rodalies, por ejemplo en la línea R1 que actualmente está "desprotegida por los temporales y la erosión del litoral". También se impone mejorar los accesos ferroviarios al Puerto de Barcelona; la conexión al tren de los aeropuertos y también mejorar la velocidad en la conexión ferroviaria entre Barcelona y Valencia, que "actualmente no llega ni a velocidad media". También se menciona la "insuficiente capacidad" de la AP-7 entre Tarragona y Castelló y del eje viario del Pirineo (N-260).

Además, esta semana se aprobó en el Parlament una resolución de ERC que incluía otras peticiones. Por ejemplo, el desdoblamiento de la N-II entre Tordera y la frontera con Francia, y el mantenimiento y la modernización de la A-2, la A-7, la AP-7, la N-340 y la N-260. La primera misión del consorcio, pues, será decidir a qué infraestructuras se da prioridad. Todo esto, siempre que la ley obtenga luz verde en el Congreso.

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