Peramato premia a los colaboradores del exfiscal condenado y evita ascender a los del "procés" a puestos clave del Supremo

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha optado por una política de nombramientos continuista con la de sus predecesores --que fue muy criticada en los mandados de Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz-- y ha optado por personas afines a la hora de ocupar puestos clave del Supremo cuando ha tenido la primera oportunidad de hacerlo.

Tras el Consejo Fiscal celebrado este viernes, ha decidido proponer al Gobierno el nombramiento de Ana García León, que fue jefa de la Secretaría Técnica del exfiscal general condenado por revelación de secretos, para ostentar una de las jefaturas en las secciones de lo Penal del Tribunal Supremo. Eleva también al Supremo a Diego Villafañe, 'número dos' en el mismo departamento que fue imputado inicialmente en la causa por perjudicar al novio de Isabel Díaz Ayuso y fue uno de los colaboradores más directos de García Ortiz.

Con esta decisión logra también desprenderse de ambos, puesto que actualmente prestaban servicio en el principal órgano de asesoramiento para la toma de decisiones del Ministerio Público.

Por otra parte, ha evitado ascender a Consuelo Madrigal, y Jaime Moreno, ambos representantes del Ministerio Público en el juicio contra los líderes del "procés" y de clara tendencia conservadora.

El Consejo Fiscal debatía la provisión de 19 plazas vacantes, si bien finalmente se propondrán al Gobierno un total de 17 al quedar desiertas las candidaturas para las jefaturas en Cuenca y Lugo. Existía gran expectación, al tratarse de los primeros nombramientos de Peramato, para testar si la nueva fiscal general decidía romper de modo institucional con la inercia del pasado más inmediato y optaba tal y como anunció en su toma de posesión, por "coser" las heridas existentes en la Carrera tras condena de García Ortiz. Las primeras decisiones permiten constatar que si bien se desvincula de los colaboradores de su antecesor, los premia con puestos en el Tribunal Supremo.

Para todos los nombramientos, según señala la nota de prensa en la que se ha informado de las decisiones tras el Consejo Fiscal, Peramato ha basado su elección en "criterios de mérito y capacidad" de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia y en las propuestas de los respectivos planes de actuación presentados, que "se alinean especialmente con el proyecto de política criminal que defiende la Fiscalía".

Como fiscales de sala jefe de la sección penal de la Fiscalía del Supremo también ha decidido revalidar al actual jefe en lo Penal José Javier Huete y ha elegido a la hasta ahora fiscal superior de Canarias María Farnés Martínez. En las plazas de lo Penal del Supremo pero sin jefatura se suman a Villafañe el también miembro de la Secretaría Técnica Antonio Colmenarejo y la fiscal jefa de Cuenca y miembro electivo del Consejo Fiscal María Isabel Gómez.

Además, serán designados Beatriz López como fiscal ante la Audiencia Nacional y, para la del Constitucional, a Raquel Muñoz e Ignacio Rodríguez. Asimismo, la fiscal general ha promovido a Virna María Alonso -- jefa de la fiscalía de Delitos Económicos de Madrid en el momento de incoarse la investigación al empresario Alberto González Amador--para la Fiscalía Anticorrupción y a Marcelo Juan de Azcárraga para la Fiscalía Antidroga.

La llegada a la Fiscalía General de Peramato se produjo tras condena de su antecesor inmediato, Álvaro García Ortiz, que dimitió del cargo cuatro días después de que el Tribunal Supremo le condenara a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados cometidos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En todo caso, y mediante un decreto firmado por su sucesora, García Ortiz se ha reincorporado a una plaza en la Sala de lo Social del mismo tribunal que le condenó.

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