La Audiencia Nacional recibe la causa de Plus Ultra tras inhibirse la jueza de Madrid

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha recibido el sumario del caso Plus Ultra tras inhibirse la jueza que lo investigaba en secreto, María Esperanza Collazos. Este instructor se encargará de esta causa pese a que la misma ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 2, cuyo titular es Ismael Moreno, que investiga entre otros el caso Koldo.

El cambio se debe a que Ismael Moreno ya tomó la decisión de abstenerse de analizar la querella que presentó Anticorrupción por el rescate de 53 millones de la aerolínea por parte del Gobierno. Ahora, tras volver al juzgado, Calama tendrá que decidir si asume la causa o abre un conflicto de competencia ante el Tribunal Supremo.

La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid mantenía imputados a los directivos de la aerolínea Plus Ultra, pues les atribuye de forma indiciaria los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias.

En diciembre pasado fueron detenidos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; su 'número dos', Roberto Roselli; y el empresario español Julio Martínez Martínez, quien en declaraciones realizadas a 'El Mundo' confirmó que con su empresa Análisis Relevante SL recurrió a los servicios del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, pero no para temas vinculados a Plus Ultra.

53 millones de euros

En la querella, la Fiscalía Anticorrupción acusaba a los directivos de la compañía aérea Plus Ultra del presunto uso indebido del rescate de 53 millones que fueron concedidos por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021, que habrían servido para llevar a cabo "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela".

En concreto, se trataría de "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)", especifica un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 13 de diciembre de 2024.

Los hermanos Felipe y Enrique Baca Arbulu, de nacionalidad peruana y francesa, son dos los querellados al igual que Gabriela Puente Garaboa (Venezuela), Danilo Alfonso Diazgranados (Venezuela), Simon Leendert Verhoeven (Países Bajos), Kristhian Alegre Walter (Perú) y un abogado español. Los dos financieros peruanos se valieron de la empresa Trowbridge, creada en España, para adquirir al menos una vivienda en la localidad francesa de Hossegor.

La empresa Análisis Relevante SL

Esta semana el presidente de Plus Ultra defendió en el Senado la legalidad del rescate. Y esta comparecencia se produjo un día después de que el diario El Mundo publicara que Sergio Sánchez, actual director de Relaciones Institucionales de Movistar Plus, se hizo con el 25% del capital de la sociedad Análisis Relevante SL, la empresa que a su vez habría cobrado casi medio millón de euros de Plus Ultra. Además, esta firma habría pagado cerca de 600.000 euros al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por "consultorías globales".

Sergio Sánchez fue después responsable de comunicación del Centro Nacional de Inteligencia en la etapa de Félix Sanz Roldán. Otro de los accionistas, apunta el rotativo madrileño, sería el presidente Movistar Plus, Javier de Paz.

Tal y como adelantó EL PERIÓDICO, Plus Ultra logró en 2020 y 2021, en plena extensión del coronavirus, que el Gobierno de Nicolás Maduro le permitiera fletar aviones para repatriar a ciudadanos españoles desde Venezuela. Y lo logró mientras el empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se encargaba de realizar gestiones vinculadas a la operativa de la compañía en el país sudamericano.

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