El Gobierno salva la subida de las pensiones y pierde las medidas antidesahucios a manos de PP, Vox y Junts

De poco le ha servido al Gobierno trocear el real decreto 'ómnibus' que perdió a finales de enero y que contenía la subida de las pensiones y las medidas antidesahucios. El Ejecutivo ha logrado salvar la revalorización de las jubilaciones, sí, pero el escudo social, tramitado en otro decreto que contenía esa prórroga para prohibir los desalojos de familias vulnerables sin alternativa habitacional, ha vuelto a caer a manos de PP, Vox y Junts. Y no solo eso. Las tres formaciones de derechas han rechazado también otro real decreto con medidas para topar los precios de bienes y servicios en situaciones de emergencia, derivado del alza de precios en los billetes de avión tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Sí ha salido adelante una cuarta iniciativa con ayudas para las víctimas de esa catástrofe y de la de Gelida (Barcelona).

"Hasta el último minuto, seguiremos negociando", decía el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, a la entrada del hemiciclo, en lo que se ha convertido ya en un ritual para el Gobierno ante la reiterada falta de apoyos. Dentro, el esquema ha sido el mismo que hace un mes. El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reclamado el apoyo de todos sus socios y ha presionado a aquellos que rechazaban mantener la prohibición de los desahucios: "Ni okupas, ni okupos, que no engañen, que los okupas no tienen ni un solo beneficio en este real decreto ley".

Y el resultado también ha sido el mismo. La amplia mayoría de la Cámara Baja -con la excepción de Vox, que se ha opuesto- ha dado el visto bueno a la revalorización de las pensiones contributivas en un 2,7% y del resto en un 7%, como ya dijeron que harían si la subida se tramitaba por separado, sin mezclarse con otras medidas. Pero el resto del escudo social ha vuelto a ser rechazado por las mismas formaciones: PP, Vox y Junts. En este caso, los posconvergentes han defendido que hubieran dado su visto bueno a casi todas las medidas si se hubieran dejado fuera las medidas antidesahucios.

Pagar las deudas

La prórroga de la prohibición de los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional ya fue aprobada por toda la Cámara, a excepción de Vox, a comienzos de 2025. Y así se lo ha recordado Bolaños a todos los partidos. Además, este año y para acercar el 'sí' de Junts, el Ejecutivo acordó con el PNV que la medida no afectase a aquellos propietarios que solo tengan una vivienda en alquiler. Sin embargo, no ha sido suficiente.

Fuentes posconvergentes explican que el Gobierno no ha cumplido con el compromiso de pagar a los propietarios todas las deudas que tenían estas familias vulnerables. Así, plantean que debería ser el propio Ejecutivo quien depositase el dinero en el juzgado cuando se tramitase el desahucio de una familia vulnerable. "Si disponen de 300 millones de euros para proteger a las familias vulnerables, el Estado puede ir a pagar la deuda y hacerse cargo del alquiler mientras dure la situación de vulnerabilidad", ha dicho la diputada de Junts Marta Madrenas. Todo esto lo han concretado en una proposición no de ley, registrada en el Congreso, para que el Gobierno tenga clara su posición.

El Gobierno, por lo pronto, no ha anunciado que vaya a aprobar un nuevo decreto con las medidas, aunque llevan días planteándose intentar la aprobación de un tercer real decreto que sí contente a Junts. Adelantándose a este escenario, ERC, EH Bildu y BNG ya han registrado una serie de enmiendas para incorporar las medidas del escudo social en el proyecto de ley de Dependencia que se está tramitando actualmente.

Ayudas por los accidentes

La otra derrota, a manos de los mismos partidos, ha sido en el real decreto que permitía limitar precios de bienes y servicios en situaciones de emergencias y que el Consejo de Ministros aprobó después de que se dispararan los billetes de avión a raíz del accidente de Adamuz y el cierre de la línea de AVE entre Madrid-Sevilla. Fuentes posconvergentes critican que sería dar una herramienta sin límite al Gobierno, ya que no se detalla qué es una situación de emergencia, cuánto podría durar el tope de precios y, sobre todo, que no sería necesario el visto bueno del Congreso.

El consenso pleno -salvo por el 'no' de la vicepresidenta, María Jesús Montero, que se ha equivocado- solo se ha visto con el decreto que contiene un paquete de medidas urgentes para atender a las víctimas de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). En concreto, fija una ayuda directa de 72.121,46 euros por cada persona fallecida como primer anticipo, aunque alcanzará los 216.000 euros a través de otros dos pagos. En el caso de lesiones corporales, estas primeras ayudas establecen importes según 14 categorías del baremo del Seguro Obligatorio de Viajeros, con cuantías que van desde 84.141,7 euros hasta los 2.404,04 euros. Además, estas cantidades estarán exentas de tributación en el IRPF.

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