El instructor policial del caso Pujol sitúa en Grand Tibidabo el origen de la fortuna en Andorra de la familia del expresidente catalán

El instructor policial del caso Pujol ha situado en el caso Grand Tibidabo, en la década de los noventa, el origen de la fortuna oculta de la familia del expresidente Jordi Pujol Soley en Andorra. Al actual jefe de Sección de la Comisaría General de Información, que ha empezado admitiendo "animadversión personal" hacia los acusados, por una denuncia que presentaron en su contra, le ha costado rebajar el tono y centrarse en los hechos por los que se juzga a la familia del expresidente Jordi Pujol Soley. Ya más calmado ha podido afirmar que "la causa nació al constatarse movimientos ocultos y sociedades pantalla", tras la confesión del exmandatario catalán, en la que reconoció que guardaba dinero en Andorra procedente del legado de su padre, Florenci Pujol.

El inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha tratado de desmenuzar ante el tribunal de la Audiencia Nacional el blanqueo de capitales que se imputa a los 17 acusados (la familia Pujol y los 10 empresarios acusados de ayudarles a través de facturas o negocios simulados), así como, aunque en mucho menor grado, la organización criminal que se les atribuye. El agente ha destacado su preparación como auditor antes de ingresar en el Cuerpo Nacional de Policía y dentro de él su labor investigadora en distintas causas, como el caso Palau o la operación Malaya.

El caso Grand Tibidabo, por el que se condenó al financiero Javier de la Rosa, lo ha señalado como "la conexión con un hecho criminal", con "la corrupción", de la fortuna de la familia en Andorra, donde se abrió una cuenta el 21 de noviembre de 90 en Banca Reig; Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès la cerraron en el 94. Para afirmarlo se ha remitido al pago de 300 millones de pesetas que imputados y abogados de Grand Tibidabo admitieron haber pagado al primogénito del expresidente catalán. El testigo ha aludido a la venta de un edificio de la Generalitat en 1991 en la que, según la fiscalía, participaron personas de confianza del expresidente catalán. Ha habido que escuchar cuatro horas de declaración para que el agente mencionara la cuenta de Jordi Pujol Soley y los dos manuscritos en los que reconocía la titularidad y que en caso de fallecimiento la beneficiaria fuera su esposa, Marta Ferrusola, ya fallecida.

A medida que detallaba por qué considera que Jordi Pujol Ferrusola trabajaba con una caja única para mover dinero, el ambiente se fue calmando, pero hasta se le oyó encararse con un defensor con un "¿tiene algún problema?". Ello llevó al presidente del tribunal a provocar una breve pausa para que la fiscalía renunciara a dos guardias civiles que también iban a declarar. La declaración del instructor policial es fundamental para condenar a los Pujol o para absolverles, objetivo de los abogados de los imputados, que se han preparado meticulosamente los interrogatorios. Una prueba de la relevancia del testimonio de este policía es que volvieron al banquillo el propio Pujol Ferrusola y el expresidente de Isolux Corsán Luis Delso, los únicos acusados que asisten presencialmente a buena parte de las sesiones.

Comprobar denuncia

El inspector ha explicado que su primera intervención en el caso fue comprobar la denuncia de María Victoria Álvarez, la expareja de Pujol Ferrusola, en la que declaró haberle acompañado a llevar dinero en efectivo, para corroborar todos los datos que pudieron serlo fehacientemente, como hoteles o la titularidad de las sociedades mencionadas. Como ejemplos de que se actuaba a través de una caja única entre sociedades instrumentales españolas y en el extranjero ha citado distintos movimientos registrados en 2014 entre el matrimonio formado entre Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès, como el traspaso de acciones de ella a él, por el que él pagó desde la cuenta común o cheques librados el mismo día, el 14 de febrero de 2014, por un importe idéntico al valor del chalé familiar que nunca se compensaron. Para el policía esto forma parte del intento de despatrimonializarse del matrimonio para eludir la responsabilidad penal en la que pudieran incurrir.

El agente ha precisado el entramado de sociedades, radicadas tanto en España como en el extranjero que, a su entender, utilizó a Jordi Pujol Ferrusola presuntamente para blanquear fondos de supuesto origen ilícito. La mayoría de estas empresas han sido calificadas de "instrumentales" o "pantalla", pues sirvieron para canalizar dinero entre ellas. En estas operaciones sospechosas, ha detallado, participaron testaferros. El reparto de fondos entre los hermanos Pujol, ha subrayado el inspector no "responde" a una herencia, tal y como sostuvo en expresidente en su confesión. También se ha referido a contrataciones "simuladas" e "incoherentes", y a presunta facturación falsa.

A petición del presidente del tribunal, que ha reclamado una mayor concreción en las operaciones, el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo ha cambiado su línea de interrogatorio para que el testigo pudiera centrarse en los negocios y movimientos monetarios concretos que componen la causa. El inspector de la UDEF ha puesto distintos ejemplos, como la compra de acciones en Puerto del Rosario (Argentina) por el matrimonio por la mitad de lo pagado dos años antes por el resto de socios.

También ha dudado de los distintos préstamos realizados por Jordi Pujol Ferrusola, como los relativos a la editorial Malpaso. En opinión del testigo, es "dinero que se ha perdido". En un momento determinado, ha calculado "el dinero evadido en 29 millones de euros" a través de "dinámicas ajenas a la práctica mercantil".

"Irracionalidad" y CDC

"La irracionalidad de las operaciones económicas, cuando ya hay una realidad de un negocio subyacente que vale mucho más, es significativa del delito de blanqueo", ha aseverado. Más adelante también ha asegurado que, además del entramado empresarial descrito, Pujol Ferrusola también habría utilizado la lotería para blanquear dinero: en concreto, 180.000 euros que depositaron en el Banco de Finanzas e Inversiones (Fibanc).

El inspector ha certificado que el fallecido Carles Torrent, tesorero de Convergència Democràtica (CDC), fue la persona encargada de iniciar la tramitación para la concesión de líneas de crédito por parte de la entidad Fibanc, garantizadas con una cuenta de Jordi Pujol Ferrusola en Andorra, a las sociedades Altraforma, Hispart -ambas implicadas en el caso Palau- y Winner Graph, también proveedoras del partido político. Estos créditos se amortizaron con pagos efectuados por CDC por diversos servicios y algunos cheques estaban relacionados con la Fundación Trias Fargas, de la órbita del partido nacionalista. La fiscalía vincula esta operativa con la financiación ilegal de CDC, hechos que no se investigan en esta causa.

Animadversión hacia los abogados

El fiscal ha querido concluir su interrogatorio dándole una oportunidad al testigo para retractarse de sus palabras iniciales, en las que admitía "animadversión" hacia los Pujol, pero el inspector de la UDEF no ha captado la indirecta y en vez de sustituir sus palabras por "una molestia", con menores connotaciones jurídicas, ha dirigido la "animadversión" contra "la representación letrada".

Ha añadido que Jordi Pujol Ferrusola le cae "simpático" y que trató de que el traslado a Madrid, tras su detención en 2014, cuando acabó en prisión, fuera lo más llevadero posible. El presidente ha restado importancia a la apreciación del policía y cuando ya se daba por zanjada la polémica, el agente aún ha vuelto a encararse con Oriol Rusca, abogado de Mercè Gironès: "¿Quiere contestar usted?"

A continuación le ha llegado el turno a la Abogacía del Estado, que fue preguntándole por el detalle de cada operación empresarial, factura a factura. Las defensas le interrogarán este jueves. Previsiblemente, el resto de policías citados para esta jornada comparecerán la siguiente semana en que está señalado el juicio, la del 9 de marzo.

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