Los servicios secretos previeron que la cúpula militar entrara "en confrontación directa con el poder civil" tras la sentencia del 23F

Los servicios secretos tuvieron bajo su lupa constantemente a la Junta de Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas durante todo el proceso que siguió a la fracasada asonada mlitar del 23-F. Y un informe del CESID (Centro Superior de Información de la Defensa, antecesor del actual CNI) evaluó los movimientos y el sentir de esa cúpula militar, previendo "una confrontación directa con el poder civil".

Era uno de los riesgos a los que se enfrentaba España tras la publicación de la sentencia elaborada en el consejo de guerra del 23-F: la actitud levantisca de los generales tras un fallo judicial que condenaba a diversos jefes militares, entre ellos Jaime Milans del Bosch, teniente general con gran ascendencia sobre sus colegas.

El objetivo de la investigación se llamaba JUJEM, o Junta de Jefes de Estado Mayor, hoy inexistente y que era el órgano de mayor rango en el Ejército tras el rey, pues reunía a las cúpulas de la Armada y los Ejércitos del Aire y de Tierra.

Un informe sin membrete de los archivados por el CESID, el servicio secreto de la época, y que ahora ha desclasificado el Gobierno, evaluó ese peligro de choque con el poder civil, en medio del que para la JUJEM era "un gran dilema de inaplazable solución".

El informe del CESID, elevado al Ejecutivo, consideró que, si la JUJEM se decidiera a actuar como un poder fáctico "provocará una confrontación directa con el poder civil, que, en analogía con la solución histórica de Primo de Rivera, presionará sobre el Rey". El propio CESID consideraba a renglón seguido que "el Rey no parece dado a adoptar las mismas soluciones que su abuelo". En ese caso, la cúpula militar "se encontraría con un dilema todavía más grave: enfrentarse al Rey".

Los civiles mandan

En este informe desclasificado este miércoles, el destinatario concreto aparece tapado. No se trata de una nota informativa, sino de un análisis de posibilidades titulado "El papel de la JUJEM en la crisis político-militar".

Si ese colectivo de generales que tenían a las Fuerzas Armadas en sus manos decidía no chocar con el Gobierno ni el Rey, tendría que "asumir su dependencia del poder civil y hacerla explícita".

La alternativa, expresada humildemente con la caligrafía de una máquina de escribir, era nada menos que el cierre de una de las puertas del franquismo: la del poder omnímodo de los militares. Al anónimo redactor del informe no se le pasa ese significado: esa sumisión al poder civil legítimo, entonces encarnado por el presidente Leopoldo Calvo Sotelo, "cerraría un ciclo histórico".

Crispación en la Valencia golpista

Previamente, un informe dirigido a la Sección de Contrainteligencia de la división de Contrainformación del Estado Mayor del Ejército, y firmado por el general Rafael Allende de Salazar, jefe de la Región Militar de Valencia, refería una indagación acerca del "Estado de opinión sobre las sentencias" del 23-F.

Así se titula el informe, en el que, en primer lugar, se relata el principal punto de irritación de la cúpula militar en la Capitanía General de la III Región Militar: "La sentencia de 30 años recaida sobre el Teniente General MILANS (sic), ha producido un profundo sentimiento de pesar cuando es un Mando que en la Región goza de mucha estima y se pensaba que su historial habría de influir en la sentencia", dice.

La tercera Región era el territorio que había sublevado Milans desplegando carros de combate en las calles de Valencia la noche del 23 de febrero de 1981. La misma en la que esa sección de Contrainteligencia hacía una cata del estado de ánimo entre los militares. El informe ahora desclasificado sostiene que "han sido acogidas con alegría" las resoluciones del tribunal del consejo de guerra en el que se apreció el principio de "obediencia debida".

Una vez condenado Milans, el redactor del informe, fechado el siete de junio de 1982 aclara que "se acoge con disciplina y con todo respeto las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia Militar", si bien, entre los consultados por los que hicieron las averiguaciones, hay una consideración general de que los que participaron en el golpe son "personas de honor y militares al fin y al cabo".

El general Allende terminaba recomendando "el estudio ya de la posibilidad de la concesión legal de libertad condicional de los condenados al alcanzar la edad de septuagenarios". Milans tenía entonces 66 años.

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