El Parlament rechaza suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones en Catalunya

El Parlament ha tumbado este miércoles la proposición de ley del PP catalán que pretendía "derogar" el impuesto de sucesiones y donaciones, un gesto más simbólico que viable, pues Catalunya no tiene competencias para suprimir el tributo, pero sí para vaciarlo de contenido mediante bonificaciones y reducciones. Y eso era lo que proponían los populares en su norma: una bonificación del 99% de la cuota en sucesiones para hijos y cónyuges -y, en general, para los familiares directos- y una rebaja equivalente en el ámbito de las donaciones a descendientes, ascendientes y colaterales hasta el tercer grado. Solo ha contado con el apoyo de Junts, Vox y Aliança Catalana.

La norma ha decaído tras aprobarse tres enmiendas a la totalidad presentadas por PSC, ERC y la CUP, que han frenado la iniciativa en el primer trámite y han evitado que continuara su recorrido parlamentario. Los socialistas han cuestionado que las rebajas se aplicaran "a todas las cantidades", sin distinguir entre patrimonios modestos y grandes herencias, y han advertido de que eso rompe el principio de progresividad y supone un "regalo fiscal" a las grandes fortunas. Según datos de la Conselleria d’Economia, ha explicado la diputada del PSC Susanna Martínez, el 72% de los herederos paga menos de un euro; un 8%, entre 1 y 1.000 euros; y solo el 2% abona más de 50.000 euros. "Ustedes defienden a ese 2%, no a la mayoría", ha zanjado.

"Proteger a los más ricos"

ERC también ha reprochado al PP que busque "proteger a los más ricos" y ha acusado a las derechas de hacer "correr demasiada desinformación" sobre lo que se paga realmente, apoyándose en las cifras expuestas minutos antes por Martínez. En esa línea, el diputado republicano Albert Salvadó ha defendido mantener estos tributos como una herramienta "imprescindible" para "garantizar la igualdad de oportunidades" y ha elevado el tono con un remate final: "Ustedes están más cerca del autoritarismo de Donald Trump que del liberalismo de Stuart Mill; son coherentes con su planteamiento".

La CUP ha cargado igualmente contra lo que considera un "regalo fiscal" a los patrimonios y herencias elevadas. La diputada anticapitalista Laure Vega ha acudido al portal de transparencia para repasar las declaraciones patrimoniales de algunos diputados -que están obligados a publicarlas- y sostener que la mayoría de la Cámara no dispone de un patrimonio que la sitúe en la franja de los grandes contribuyentes a los que, según su tesis, beneficiaría la reforma. Los Comuns también han apelado a los mismos argumentos anteriores y su portavoz, David Cid, ha asegurado que su partido no registró una enmienda a la totalidad por un despiste.

PP, Vox, Junts y Aliança

Antes de las críticas, el PP había vendido la iniciativa como un acto de "justicia fiscal" y un paso para "equiparar" Catalunya a comunidades que han ido desactivando el impuesto mediante bonificaciones, como la Comunidad de Madrid, gobernada por la líder del PP, Isabel Díaz Ayuso. En su argumentario, el tributo implica una "doble imposición" -consideran que ya se tributa por la renta o por el consumo con el IRPF o el IVA- y llega a ser una "inmoralidad", en palabras del portavoz parlamentario Juan Fernández.

También Vox, que defiende la desaparición del impuesto, lo ha calificado de "cruel", pero ha aprovechado el debate para ajustar cuentas con el PP, en un momento en que ambas formaciones negocian en comunidades autónomas un pacto de gobernabilidad. Su portavoz en el Parlament, Joan Garriga, ha acusado a los populares de no haber corregido que este tributo esté "delegado" en Catalunya, en alusión a la arquitectura del sistema autonómico que cede el impuesto estatal a las comunidades para que puedan modularlo con bonificaciones, reducciones y tramos y, por tanto, determinar en la práctica cuánto se paga. Para Vox, esa cesión de margen normativo explica que existan diferencias territoriales y que Catalunya pague más que la Comunidad de Madrid, algo que ven "injusto".

Pese a ese reproche al PP por no haber recentralizado la competencia cuando ha gobernado en España, Garriga ha asegurado que su partido lo derogará cuando tengan "mayoría absoluta o si hace falta pactando con el PP". En el mismo paquete de reproches, Vox ha acusado a los posconvergentes de haber subido el impuesto durante la pandemia del Covid bajo la presidencia de Quim Torra.

Junts, por su parte, ha compartido el diagnóstico del PP y ha defendido la necesidad de bonificar estos impuestos apelando a la percepción ciudadana, que según las encuestas del Centre d'Estudis d'Opinió, defiende en su mayoría una rebaja de este impuesto. El vicepresidente del partido y diputado posconvergente Antoni Castellà ha esgrimido la "injusticia fiscal" que, a su juicio, representa el impuesto y ha insistido -en línea con los populares- en la idea de la "doble imposición". También ha añadido en este punto la necesidad de que Catalunya tenga soberanía fiscal y ha lamentado que lo recaudado con estos tributos "vaya a parar a España y no se quede en Catalunya".

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