Correos intervenidos en Sidenor con la palabra "obuses" acreditarían el destino del acero vendido a Israel

En los registros realizados en la sede de Sidenor, Basauri (Vizcaya), la Policía intervino una cadena de correos electrónicos en el despacho de uno de los directivos imputados en el que aparece la palabra "obuses", lo que acreditaría que la siderúrgica "tenía pleno conocimiento de que el acero exportado a empresas armamentísticas israelíes iba destinado" a su fabricación, según una nota de la Comunitat Palestina de Catalunya, que ejerce la acusación popular en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, en representación de la campaña “Fin al Comercio de Armas con Israel".

Fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO destacan el correo intervenido en el despacho del director comercial de Sidenor, Iñigo Molero, imputado junto a su presidente, José Antonio Jainaga. En él aparece una tabla con destinatarios del sector armamentístico, entre ellos, la empresa israelí IMI Systems LTD, junto a la referencia expresa al suministro de acero para "obuses", y Israel Weapon Industries como otra de las empresas destinatarias. La cadena, cuya última fecha es del 5 de marzo de 2025, se refiere al registro de exportaciones de Sidenor destinadas al sector armamentístico durante el año anterior.

El listado incluye otros nueve países y más de 20 empresas del ámbito militar, que la acusación popular considera que si se realizaron sin autorización administrativa previa ni comunicación a la Junta Interdepartamental Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) podrían ser constitutivas de nuevos delitos de contrabando, como el que ya se investiga junto al de participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio, a raíz de la querella interpuesta por la Comunitat Palestina de Catalunya.

Críticas a la fiscalía

La campaña “Fin al Comercio de Armas con Israel” denuncia que la Fiscalía de la Audiencia Nacional "está bloqueando, de manera arbitraria y obstinada, cualquier intento de esclarecimiento de los hechos y a la práctica de diligencias clave". En este sentido, destaca que el Ministerio Público se opuso a la realización del registro realizado el pasado 10 de febrero y, en un recurso posterior, ha pedido incluso su nulidad.

También se opone a la personación como acusación particular de un palestino que se vio obligado a abandonar la Franja de Gaza con su familia y que ha demandado asilo. La acusación recuerda que la persecución de los delitos de genocidio y lesa humanidad para su persecución en España requieren que se interponga querella por parte de una víctima o del ministerio público. Ante la oposición de la Fiscalía a seguir adelante con la causa, la posibilidad de aceptar la posibilidad de que el juez acepte la personación de esta persona resulta trascendental. De momento está citada el próximo 2 de marzo a declarar ante el juez.

Tras recordar que ya son más de 70.000 personas asesinadas desde el 7 de octubre de 2023, la campaña “Fin al Comercio de Armas con Israel” reclama que la Fiscalía del Tribunal Supremo en Materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática asuma la investigación y que se practiquen todas las diligencias necesarias para determinar la eventual responsabilidad penal de los directivos de Sidenor y de la propia empresa en los delitos investigados.

Asimismo, pide que Sidenor quede excluido de cualquier proceso de contratación pública y del otorgamiento de subvenciones y ayudas públicas, hasta que se esclarezca su grado de participación en el genocidio del pueblo palestino, así como que los tribunales investiguen a aquellas empresas que tengan acuerdos comerciales con empresas israelíes del sector armamentístico. También reclama que el Gobierno adopte "las medidas efectivas para evitar la complicidad de empresas e instituciones con el genocidio del pueblo palestino", entre ellas, un embargo integral de armas a Israel.

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