El BOE publica el acuerdo para desclasificar los archivos: "Comprender las lecciones del 23-F refuerza la calidad de nuestro sistema democrático"

"Los años pasados desde el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuyos autores fueron definitivamente condenados por un delito de rebelión militar por sentencia del Tribunal Supremo 791/1983, de 22 de abril, permiten que la información referente a estos hechos se desclasifique sin generar ningún riesgo real y presente".

Así aparece en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una de las conclusiones por las que el Gobierno decidió desclasificar algunos archivos relativos a ese episodio, según consta en el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros "por el que se desclasifica documentación relativa al intento de golpe de Estado de 23 de febrero de 1981", y al que se llegó, dice, "a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; de la ministra de Defensa y del ministro del Interior".

El Ejecutivo detalla en el BOE que la entrada del teniente coronel Antonio Tejero en el Congreso con cerca de 300 guardias civiles en la tarde del 23 de febrero de 1981 demostró "la fragilidad del proceso democrático recién iniciado, pero también permitió comprobar la firmeza del Estado de Derecho, la actuación serena y responsable de los poderes públicos y la respuesta de una ciudadanía comprometida con la libertad". A lo largo de tres páginas ponen en valor la necesidad de tener un "conocimiento riguroso" del pasado.

"La estabilidad democrática requiere de un constante compromiso cívico y que solo una ciudadanía consciente de su historia está en condiciones de preservar sus instituciones", recalca el documento. Además, el Gobierno indica que "el 23 de febrero de 1981 constituye uno de los episodios más significativos en la historia reciente de España, pues puso a prueba la solidez de las instituciones democráticas en una etapa aún temprana de consolidación constitucional".

Los argumentos

No obstante, el Ejecutivo recuerda que una parte de la información relativa al golpe de Estado permanece como secreta en base a varios acuerdos aprobados por los distintos gobiernos españoles y que ahora le corresponde al Consejo de Ministros "la cancelación de la clasificación", siempre valorando los distintos intereses en juego: el derecho a la información, pero también la salvaguarda de la seguridad y defensa del Estado. Sin embargo, añaden que "el transcurso del tiempo y la consiguiente lejanía" de los hechos dejan sin efecto el argumento de la salvaguarda de la seguridad nacional.

Además, el texto publicado en el BOE sostiene que países de nuestro entorno ya han tomado decisiones similares: Italia (2014 y 2021) sobre grandes atentados terroristas cometidos entre 1969 y 1984 o Grecia (2024) sobre el golpe de Estado en Chipre de 1974. Incluso, recuerdan que Alemania, en 2012, hizo pública la transcripción de una reunión privada entre su embajador y el rey emérito Juan Carlos I celebrada el 26 de marzo de 1981 en torno a los sucesos del 23-F.

"Comprender las lecciones del 23-F contribuye a la protección de nuestra sociedad frente a la repetición de errores del pasado y refuerza la calidad de nuestro sistema democrático", concluye el acuerdo publicado y que da pie a la desclasificación de los documentos que serán de conocimiento público este día en la página web del Gobierno (https://www.lamoncloa.gob.es).

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