El Tribunal Constitucional acepta de forma unánime analizar si el Gobierno incumple su obligación por no presentar Presupuestos

De forma unánime, el Tribunal Constitucional ha acordado que analizará si el Gobierno incumple su obligación por no presentar proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado desde 2023, que son los que siguen vigentes. Se prorrogaron los de 2024 y 2025, pero este trámite tampoco ha sido solventado para los del presente ejercicio.

El conflicto de atribuciones fue elevado al órgano de garantías el pasado mes de diciembre por el Senado, impulsado por la mayoría del PP en dicha cámara. Se solicita también anular las diferentes prórrogas presupuestarias por entender que el incumplimiento por parte el Ejecutivo de Sánchez es inconstitucional y obligarle a presentar cuanto antes las cuentas para este año. Se trata de la primera vez que se plantea ante el Tribunal Constitucional el estudio de este conflicto relacionado con los Presupuestos Generales del Estado.

Así, el Senado plantea que el citado incumplimiento podría ser contrario al artículo 1.3 de la Constitución (CE), que establece que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria, y al artículo 66.2 CE, que atribuye a las Cortes Generales la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, entre otros.

"Deber constitucional"

En el texto del conflicto de atribuciones, el PP cree que el Senado "no debe admitir ni tolerar el incumplimiento" de la obligación que la Constitución impone al Gobierno, "que tiene un deber constitucional de presupuestar". Del mismo modo, los advierten de que no pueden "admitir" la "práctica fraudulenta" de modificación presupuestaria "al margen del Parlamento" como consecuencia de la falta de Presupuestos, porque consideran que es "contraria al principio de legalidad presupuestaria".

"La situación actual, que se va a reproducir en 2026, de mantener prorrogados unos Presupuestos de 2023, es solo comparable a la situación que se produjo en 2020, cuando se mantuvieron prorrogados los Presupuestos de 2018, ya que el Gobierno, por la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, decidió no presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de aquel año", exponía el PP en el texto que ahora analizará el Tribunal Constitucional, según señalan a EL PERIÓDICO fuentes de este órgano.

A juicio de los populares "los motivos políticos no pueden ser esgrimidos para justificar la omisión del cumplimiento por parte del Gobierno de obligaciones constitucionales, impidiendo que las Cortes Generales y, en concreto, el Senado, puedan ejercer su función presupuestaria", reza el texto que ha sido admitido en el Pleno de este martes.

Además de declarar el incumplimiento y anular las prórrogas, se solicita también al Constitucional que resuelva lo que proceda sobre las situaciones jurídicas producidas al amparo de aquella vulneración competencial y que se señale un plazo máximo para que el Gobierno cumpla con su deber constitucional en materia presupuestaria.

El pleno del Tribunal Constitucional tiene ya sobre la mesa varios conflictos planteados desde la Cámara Alta, un total de quince si contamos los admitidos con anterioridad. Entre los últimos admitidos a trámite, el Senado se dirige contra la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de no proceder a la inmediata conclusión de los plazos de enmiendas de todas las proposiciones de ley remitidas por la Cámara Alta que hayan superado la duración de una única prórroga de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Reglamento del Congreso, porque considera que ello pretende mantener indefinidamente paralizadas todas las proposiciones de ley que le son devueltas.

También se ha admitido recientemente otro recurso contra el Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 11 de noviembre de 2025, de no proceder a la tramitación por el pleno del Congreso de dos enmiendas aprobadas por el del Senado por las que se incorporan un artículo y una disposición transitoria undécima al proyecto de ley de Movilidad Sostenible.

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