El conseller Espadaler niega en el juicio a la familia Pujol que recibiera presiones para autorizar un vertedero

El exconseller de Medi Ambient y actual responsable del Departament de Justícia, Ramon Espadaler, ha negado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la fortuna de la familia del expresidente Jordi Pujol en Andorra haber recibido presiones para otorgar la autorización medioambiental para la construcción de un vertedero en la localidad de Tivissa (Ribera d’Ebre, Tarragona), cuyo promotor fue el empresario acusado Gustavo Buesa. Este negocio supuso que el primogénito del mandatario, Jordi Pujol Ferrusola, y su entonces esposa, Mercè Gironès, obtuvieran una plusvalía de más de 5,2 millones de euros.

El sucesor de Espadaler en la cartera de Medi Ambient, Salvador Milà, también ha negado que recibiera algún tipo de presión o indicaciones y, más concretamente, de la familia Pujol o su entorno. Fue Espadaler, como titular del Departament de Medi Ambient, quien firmó —como máxima autoridad de la Conselleria— la autorización medioambiental, mientras que Milà se encargó de los trámites relativos al Registro de Gestor de Residuos. El actual miembro del Govern de Salvador Illa, que ha declarado en catalán —por lo que ha sido necesaria una traductora—, ha reconocido que firmó la autorización medioambiental para el funcionamiento del vertedero, un procedimiento que, ha precisado, “está reglado y es obligatorio”, tras la aprobación de la ponencia ambiental por parte de un director general de Qualitat Ambiental. “Tenía plena confianza en él”, ha subrayado.

En esa ponencia ambiental se recogieron varios aspectos relacionados con esta instalación, desde el urbanismo hasta la contaminación acústica, el agua u otros aspectos sobre residuos. “Se aprueba la ponencia ambiental y se eleva al conseller, que es quien firma la resolución, pero que no participa en nada”, ha remarcado el testigo. El conseller ha recalcado que todos los informes de la ponencia ambiental eran “favorables” y que, de no haber sido así, no habría rubricado la autorización, un requisito necesario para la puesta en marcha del vertedero. En este sentido, ha sostenido que el Ayuntamiento de Tivissa, en manos entonces de Iniciativa per Catalunya, también estaba a favor de este proyecto y otorgó la correspondiente licencia municipal. En la tramitación, ha añadido, participan varias administraciones.

Desmentido a la UDEF

Espadaler ha dejado claro que en la instalación de ese vertedero “no hubo ninguna aportación” de fondos públicos y, por lo tanto, que era una iniciativa privada. También ha desmentido de forma tajante un informe de la UDEF de la Policía Nacional en el que se afirma que esta instalación era susceptible de ir en contra de la normativa vigente. “Es falso”, ha recalcado, para después añadir que “estaba fuera de lugar no firmar la autorización medioambiental”.

Antes ha comparecido ante el tribunal el que fuera sucesor de Espadaler en la Conselleria, Salvador Milà, que estuvo al frente de la misma durante el primer tripartito de Pasqual Maragall. Este testigo ha explicado que él se limitó a tramitar la inscripción del vertedero en el Registro de Gestor de Residuos, pues la instalación ya contaba con la autorización medioambiental.

Milà ha señalado que su única intervención en este proyecto se debió a un conflicto territorial, por lo que tuvo que reunirse con los alcaldes de la zona que no querían que en el vertedero se depositaran los residuos de toda Catalunya. Al final, se firmó un convenio y solo irían a parar allí los que se generaban en las Terres de l’Ebre. Los contactos que tuvo fueron únicamente con el promotor de la instalación, Gustavo Buesa, con la intención de que se adhiriera a las pretensiones de los alcaldes. El expediente, ha incidido, estaba bien tramitado y, por lo tanto, “era una obligación inscribirlo”. “No tuvo ninguna influencia de la familia Pujol”, ha concluido.

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