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Parlament

El Govern presentará alegaciones a la ley de gestión pública del Gobierno por invadir competencias de Catalunya

Mónica García afirma que la nueva ley de gestión pública no pone en riesgo el modelo catalán de salud", sino que "lo protege"

Olga Pané, en el Parlament.

Olga Pané, en el Parlament.

Carlota Camps

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Barcelona
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El Govern presentará alegaciones a la Ley de Gestión Pública aprobada por el Gobierno, ya que considera que invade competencias de la Generalitat de Catalunya. Lo hará en el marco de las consultas a las comunidades autónomas, según ha anunciado este martes la consellera Olga Pané durante una interpelación parlamentaria. La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró la semana pasada que la norma en ningún caso ponía en riesgo el modelo catalán, de hecho defendió que lo "protegía", pero el Executiu liderado por Salvador Illa no opina lo mismo.

La norma pone freno a la privatización poniendo requisitos extra para externalizar la gestión de hospitales públicos y estableciendo mecanismos extra de control. El Govern no está en contra del objetivo, pero considera el texto hace una "homogeneización" de todas las comunidades que puede tener consecuencias negativas para Catalunya, además de invadir competencias.

Por todo ello, la consellera ha declarado estar "preocupada" y ha dado por hecho que la Generalitat presentará enmiendas durante el trámite de consulta a las comunidades. "Ejerceremos las competencias que tenemos, sin renuncias", ha contestado a una pregunta del diputado Jordi Fàbrega, de Junts, al que ha pedido apoyo.

Así, Pané ha defendido que el sistema catalán "es uno de los mejores del mundo", a pesar de tener "pegas" como algunas listas de espera demasiado largas, y ha sostenido que en Catalunya la "separación de funciones" hace que los "conflictos de intereses tengan escaso margen" y que no haya "politización". "No tiene nada que ver con el de Madrid", ha rematado.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de febrero, a propuesta del Ministerio de Sanidad, el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). El objetivo de la norma es garantizar la priorización de la gestión pública en la organización, provisión y administración de los servicios sanitarios. Su aprobación permitiría sustituir la norma de 1997 del Gobierno de José María Aznar, que abrió la puerta a la privatización sanitaria. El alcance tendría un mayor impacto en la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana.

Abierta a cambiar las guardias

Durante la misma intervención parlamentaria, Pané también ha asegurado que está dispuesta a "escuchar" las reivindicaciones de los médicos en huelga y se ha abierto a buscar otras fórmulas para organizar las guardias. Aunque ha avisado de que cualquier mejora laboral solo puede negociarse por la vía del convenio, ha planteado que se puedan hacer turnos, o reducir las horas de 24 a 12. Lo que sí ha dejado claro es que "no pueden ser voluntarias" porque debe garantizarse que los pacientes estén atendidos durante las noches.

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