PP plantea un decálogo para negociar con VOX rechazando "cualquier forma de chantaje parlamentario"

El Partido Popular (PP) plantea a Vox un documento marco en forma de decálogo para guiar las negociaciones con los de Santiago Abascal en Extremadura y en Aragón, y en el resto de comunidades autónomas según se vayan celebrando elecciones. En el texto, los de Alberto Núñez Feijóo fijan los "ámbitos prioritarios de acuerdo", que pasan por las bajadas de impuestos, la defensa de las centrales nucleares y la construcción de vivienda, así como por la lucha contra la inmigración ilegal. El PP rechaza expresamente, en clara advertencia a sus potenciales socios, "cualquier forma de chantaje parlamentario o fragmentación política" una vez que se hayan alcanzado eventuales acuerdos.

El decálogo de los populares se denomina "documento marco para ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables a la España autonómica", catorce palabras que se antojan demasiadas para un encabezado, pero no para dejar claras las intenciones de quien lo publica y alguna que otra carga de profundidad, incluida la alusión a la estabilidad, frente a un partido como Vox que salió de los gobiernos autonómicos de manera abrupta en 2024, apenas un año después de haberse constituido. También la mención a la "España autonómica", de la que la extrema derecha siempre ha abjurado.

En una breve introducción antes de detallar los diez puntos de marras, los populares dejan claro que ese documento, a partir de ahora, será "único, vinculante, y de aplicación en toda España, con el objetivo de garantizar la gobernabilidad con coherencia, proporcionalidad y estabilidad". En el primer punto, casi ritual, el primer partido de la oposición y el que gobierna también la mayoría de las comunidades autónomas asegura que "todo acuerdo exige pleno respeto a la unidad nacional, al marco constitucional y al Estado de Derecho. Como es obvio, fuera de la legalidad vigente, base de una convivencia sana y segura, no puede materializarse ninguna propuesta".

Pero ya en el segundo apartado del decálogo se le lanza el primer recado de importancia a Vox, al recordarle a esta formación que se debe acatar "el reparto competencial actualmente existente en España", y por ello, los acuerdos que se alcancen "se ceñirán a las medidas que legalmente puedan adoptarse por parte de cada Administración". En pocas palabras, y traduciendo lo que late tras ese redactado, los populares quieren zanjar la posibilidad de que su socio potencial plantee, como en el pasado, cuestiones para las que las autonomías no tienen competencias. Por ejemplo, y en el caso de la negociación en marcha en Aragón, algunas ligadas a las cuestiones hidrológicas.

El punto 5 del decálogo incluye otra advertencia velada a Vox, al abordar la importancia de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. "Hacer las cosas distintas al actual Ejecutivo central incluye no aceptar propuestas que supongan desigualdad entre ciudadanos por razón de territorio, ideología, lengua, sexo, origen u otra condición". Y el 6 otra de carácter más procedimental, reiterada por Feijóo y los suyos desde las elecciones de diciembre en Extremadura. "Entendemos que el reparto de poder, tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo, debe respetar la proporcionalidad que los ciudadanos establezcan en las urnas". En este momento aún no se han constituido las Cortes de Aragón, lo que ocurrirá la semana próxima. Sí lo ha hecho la Asamblea de Extremadura, donde Vox, sin acuerdo alguno previo con el PP, obtuvo un miembro en la Mesa del Parlamento, de la que no quedó excluido ninguna fuerza política de las que obtuvieron representación el pasado 22 de diciembre.

Un documento dentro del documento

El punto 8 es el más amplio del decálogo, de hecho es casi un documento dentro del documento, donde se fijan las prioridades que el PP se ve capaz de pactar con Vox. Además de las citadas referidas a la materia fiscal, de energía, inmigración o vivienda, los populares señalan la eliminación de "burocracia que asfixia a autónomos y pequeños empresarios", así como la "simplificación administrativa" para agricultores, ganaderos y pescadores.

En materia ecológica o verde, siempre de las más espinosas con Vox, el PP se aventura con este enunciado: "Rechazamos las políticas climáticas que destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria". Y a partir de ahí, en términos más propositivos, abogan por "un mix energético completo, que incluya la energía nuclear, y a no aceptar cierres ni prohibiciones que comprometan la competitividad de nuestras empresas y el bienestar de las familias". Como a nadie se le escapa, el calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz, en la provincia de Cáceres, es una de las cuestiones sensibles en Extremadura.

El PP, en cuestión de vivienda, plantea un "shock de oferta", que consista en "más suelo, menos burocracia urbanística, plazos más cortos y movilización del suelo público disponible"; así como "desalojo exprés" y "empadronamiento nulo en viviendas ocupadas".

Y en uno de los puntos que, dadas las posiciones de Vox, más fricciones pueden provocar, el PP pide que "la condena de toda forma de violencia debe ser inequívoca. Cualquier acuerdo rechazará expresamente las violencias políticas, terroristas, machistas [un término que niega Vox], domésticas o de cualquier clase", al tiempo que señala: "Todas ellas las combatiremos con todos los recursos e intensidad que sea posible, y hacerlo exige también prescindir de cualquier partida que se haya demostrado inútil o contradictoria con este objetivo".

Suscríbete para seguir leyendo