La Policía impartió órdenes internas contra el acoso sexual mientras el DAO presionaba a su denunciante

En junio de 2025, la tensión entre el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional y la agente que le acusa de violación estaba a punto de desbordarse con una continuada presión de él sobre ella para que callara, según relata la querella que ha llevado a la dimisión del comisario principal José Ángel González en un escándalo que ha conmocionado al ministerio del Interior.

Mientras el número 2 y principal jefe uniformado de la Policía presionaba a la mujer con continuas llamadas por teléfono, la dirección general de ese cuerpo de la Seguridad del Estado emitió una instrucción interna para que los agentes actúen “ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, género…” Fue el 23 de junio de 2025, y la firmó el director Francisco Pardo Piqueras.

“Esta Institución está comprometida con la creación de una cultura de tolerancia cero frente a comportamientos que constituyan acoso sexual”, dice el preámbulo de la orden. Quince días después de su emisión, la inspectora de policía que ha denunciado al DAO entraba en situación de baja psicológica.

Deber de vigilar

El protocolo que entró en vigor en la Policía ese día de junio venía a sustituir otro más antiguo, de 2022, y se construye con siete capítulos de actuación. Su objetivo es atajar comportamientos que, muy a menudo, son prólogo del delito de agresión sexual, uno como el que ahora investiga el juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid con el DAO como acusado.

Lo más paradójico del protocolo es el papel central que en sus disposiciones y medidas de control y persecución de esas conductas da, precisamente, a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.

El capítulo 3 de la orden, dedicado a desarrollar la “asesoría confidencial” a la víctima, confirma la creación de una de esas asesorías en todas las jefaturas superiores de Policía, en las comisarías generales y divisiones… y una específica en la DAO.

Para la Asesoría Confidencial, la instrucción interna fija el “deber de secreto” en los casos que conozca, y también una garantía de “neutralidad” y “tratamiento justo a todas las personas implicadas”.

La orden interna de la Policía estableció en junio la creación de una Comisión de Organismos Centrales de Seguimiento. En ese foco de vigilancia, el departamento del DAO González debía destacar un enviado o delegado como “punto de contacto”.

Secreto imposible

El protocolo que difundió la dirección a los organismos de la Policía se fija especialmente, con un capítulo dedicado ex profeso, en la necesidad de confidencialidad para proteger a la (o al) denunciante del acoso.

Y ese, precisamente, es el punto de quiebra del sistema que las compañeras de la inspectora que ha denunciado al DAO señalan para explicar una de las claves del caso, que no es de acoso, sino más grave, de agresión: por qué la mujer que ha denunciado haber sido manoseada y penetrada por el DAO no cursó denuncia del delito en la propia Policía -garante del cumplimiento de la ley y de la protección de las víctimas-, sino que fue directamente al juzgado.

Las mujeres policía intervienen en numerosos casos de agresión sexual o de acoso, pero lo tienen más difícil cuando las víctimas son ellas mismas. Una ejecutiva policial con amplia experiencia en delitos de violencia de género y sexual en las Unidades de Familia y Mujer, las UFAM, lo resume elocuentemente: “Se acaba enterando toda tu comisaría”.

Cuando se produce un caso de violación u otro modo de violencia sexual, la víctima dispone de un correo electrónico en el que se recogen denuncias y se tramitan guareciéndolas bajo una capa de anonimato. La confidencialidad se entiende en este tipo de casos como un factor protector de la denunciante… pero un alto porcentaje de agresiones se dan entre personas que tienen o han tenido una relación afectiva. Es el caso del DAO y la inspectora de Policía, cuya querella relata que entre ellos hubo esa relación.

El protocolo de actuación policial en este tipo de delitos los enmarca en el campo de la violencia de género. Y, entonces, dispone que se investiguen por la misma comisaría donde trabaja la víctima, “con lo que al final lo saben tus propios compañeros…”, cuenta la mencionada mujer policía.

Que no se enterara el DAO González de que un email o una denuncia particular lo acusaba era poco probable. La orden interna, en un escalón interior al delito, refrenda la jerarquía: “Cualquier persona que desempeñe su trabajo en el ámbito de la DGP [Dirección General de la Policía] tiene la obligación de poner en conocimiento de sus superiores jerárquicos o de la Asesoría Confidencial los casos de posible acoso sexual, acoso por razón de sexo, género, orientación o identidad sexual que conozca”.

Otros cuerpos policiales

En los Mossos d’Esquadra, en la Ertzaintza y en la Guardia Civil existen también mecanismos para canalizar la denuncia, tanto del acosos como de las conductas que ya derivan en delito con violencia física, y no solo verbal.

La Policía Autonómica catalana tiene un email cuyas denuncias van a parar directamente… no al jefe uniformado de los Mossos, sino al área de Igualdad de la policía catalana, que participa de una Comisió de Igualtat creada hace un año.

“Si hay una denuncia de este tipo, generalmente la víctima suele pedir baja por daño psicológico -explica una mossa d’esquadra con experiencia en investigación de casos parecidos-, y, si no, en ningún caso continúan trabajando en el mismo escamot, si es que estaban juntos”.

En los Mossos se recomienda a la persona agredida ponerlo en conocimiento de alguien de confianza y obtener prueba médica. Los agentes de la policía catalana suelen recurrir también a los departamentos de igualdad de sus sindicatos, relata la agente consultada.

Uno de ellos, el SAP-FEPOL, tiene una delegada encargada de estos casos, pero, coincidiendo con la nueva denominación que va a adoptar, SAPME, y la renovación de su página web, habilitará un canal informático “confidencial y anónimo”, relata un dirigente de esa central.

En la Ertzaintza, en mayo de 2025 el sindicato SIPE denunció ante el Departamento de Interior del Gobierno Vasco que dos mujeres policía estaban siendo objeto de “graves episodios de acoso laboral, sexual y sexista”, algunos de los cuales se documentaron con grabaciones.

En la Guardia Civil hay también canal informático de denuncia -explica una fuente del instituto armado-. La información que allí se coloca va a parar a la Dirección General. Si deviene en investigación de un delito dentro del Cuerpo ocurre como en la Policía: se encarga el Servicio de Asuntos Internos (SAI. En la Policía un órgano análogo se llama Unidad de Asuntos Internos, o UAI). En ambos casos el jefe último es… el DAO.

Cuando se da un caso de este tipo en una casa-cuartel, no se pone necesariamente en conocimiento del comandante de puesto. “A veces los puestos pueden ser muy pequeños y la convivencia hacerse muy difícil”, explica la misma fuente. Generalmente la decisión de separar cautelarmente a denunciante y denunciado (o denunciada) la toma el general Jefe de Zona, quien sí es informado de la denuncia. “Muchas veces -dice esta fuente-, se habilita una comisión de servicio, para que uno de los dos salga del puesto y trabaje en otro sitio mientras se hace la investigación”.

Tres meses después de que, presuntamente, tuvo lugar la violación que ahora es motivo de escándalo, el 24 de julio de 2025, la inspectora cuya denuncia ha hecho dimitir al DAO de la Policía Nacional, ascendida a su nuevo rango, fue a parar a la dirección de Recursos Humanos del cuerpo, en “la calle Miguel Ángel número 5 de Madrid (misma sede donde trabaja el querellado, sede de la Dirección General de la Policía)”, relata la querella. Ese mismo día, ella le dijo a su jefa, la actual DAO provisional, comisaria principal Gemma Barroso, “que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental”.

Suscríbete para seguir leyendo