Peramato elige esta semana entre fiscales del "procés" y altos cargos de García Ortiz para puestos clave en el Tribunal Supremo

Ana García León, jefa de la Secretaría Técnica (mano derecha para la toma de decisiones) del exfiscal general Álvaro García Ortiz, opta a una de las tres plazas vacantes para ostentar la jefatura en las secciones de lo Penal del Tribunal Supremo. A estas mismas plazas se presentan otros nueve fiscales, entre los que se encuentran la primera mujer que ostentó la jefatura de los fiscales españoles en nuestro país, Consuelo Madrigal, y Jaime Moreno, ambos representantes del Ministerio Público en el juicio contra los líderes del "procés".

El Consejo Fiscal debate el próximo día 27 la provisión de una veintena de plazas vacantes, entre las que se encuentran las jefaturas en el destino clave del Supremo. Se trata de un órgano consultivo, por lo que las propuestas que Peramato traslade al Gobierno al término de esta reunión servirán para testar si la nueva fiscal general adopta una postura continuista con sus predecesores Dolores Delgado y García Ortiz -- criticados por designar mayoritariamente a personas afines-- o bien opta por empezar a "coser" las heridas existentes en la Carrera tras la condena y destitución de García Ortiz mediante unas designaciones más equilibradas.

Según ha venido manifestando es las escasas intervenciones públicas desde que tomó posesión de su cargo el pasado 11 de diciembre, la nueva fiscal general tiene como principal objetivo superar lo que ella misma denominó "una profunda herida que ha atravesado la Fiscalía española", tras la condena a García Ortiz por un delito de revelación de secretos. Quiere hacerlo contando con toda la Carrera, y esta es la primera oportunidad que tiene para demostrarlo, según trasladan a EL PERIÓDICO diferentes miembros del colectivo.

Además de las tres plazas en la jefatura, una de las cuales quiere revalidar el actual jefe José Javier Huete, se ofertan otras tantas sin rango en la Fiscalía del Supremo. A una de ellas aspira el número dos de la Secretaría General Técnica de García Ortiz, Diego Villafañe, imputado inicialmente en la causa del Supremo y uno de los colaboradores más directos del exfiscal general.

Aspirantes al Supremo

También se presentan, entre el total de 36 aspirantes a promocionar al Tribunal Supremo, el progresista y ex miembro del Consejo Fiscal Carlos García-Berro, actualmente en la Audiencia Nacional, y sus compañeros en este órgano, Pedro Martínez Torrijos, Rosana Lledó, Víctor Joaquín González-Herrero, Ana Noé y María Rosa Calvo.

Igualmente, se oferta la jefatura de la Fiscalía contra los delitos relativos a la Ordenación del Territorio, la de la Fiscalía de Personas con Discapacidad y Mayores (donde aspira a revalidar la única candidata, la también exfiscal general progresista María José Segarra), dos plazas en la Fiscalía del Tribunal Constitucional, una en la Audiencia Nacional, otra en Antidroga, una más en Anticorrupción y otros destinos en la jefatura de la la Fiscalía de Castilla y León, Córdoba, Cuenca, Palencia, Lugo y Guipúzcoa, según la lista de aspirantes a la que ha tenido acceso este periódico.

La llegada a la Fiscalía General de Peramato se produjo tras condena de su antecesor inmediato, Álvaro García Ortiz, que dimitió del cargo cuatro días después de que el Tribunal Supremo le condenara a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados cometidos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En todo caso, y mediante un decreto firmado por su sucesora, García Ortiz se ha reincorporado a una plaza en la Sala de lo Social del mismo tribunal que le condenó.

La nueva fiscal general es la cuarta mujer que ocupa este puesto en España y, al igual que todos los fiscales elegidos por el actual Gobierno, pertenece a la Unión Progresista de Fiscales, cuyos miembros a día de hoy son mayoría en la cúpula fiscal.

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