La 'Operación Cataluña' recobra el protagonismo del juicio a los Pujol con la declaración de Villarejo

Todo llega y la próxima semana será cuando la 'Operación Cataluña' recuperará el protagonismo en el juicio a la familia del expresidente catalán Jordi Pujol Soley por la fortuna que guardaba en Andorra, aunque finalmente no declarará María Victoria Álvarez -Vicky, según las notas del excomisario José Manuel Villarejo-, la expareja de Jordi Pujol Ferrusola que denunció en 2012 haberle acompañado a Andorra con bolsas llenas de billetes. El que sí lo hará el martes será el propio expolicía, principal imputado de la causa en la que se investigan las presuntas cloacas policiales que habrían actuado durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

La declaración de Álvarez, quien, según los apuntes de Villarejo, cobró durante años de los fondos reservados, se iba a producir a propuesta de la exesposa del primogénito del expresidente catalán, Mercè Gironès, que junto a él se enfrenta a la mayor petición de cárcel. No obstante, su defensa renunció el viernes pasado a su testimonio. El fiscal pide 29 años de prisión para Jordi Pujol Ferrusola y 17 para su exmujer; para Josep Pujol la pena solicitada es de 14, mientras que el expresidente catalán se enfrenta a 9 años y el resto de sus hijos, a 8 años de cárcel.

Aunque los jueces instructores del caso Pujol, Pablo Ruz y José de la Mata, fueron extremadamente cuidadosos para evitar que la investigación se contaminara, la declaración de Álvarez podría haber ayudado a la defensa a tratar de acreditar que todo surgió de un uso torticero de la justicia, en el que se buscó actuar deliberadamente contra políticos catalanes; eso contaminaría todo y llevaría a declarar la nulidad de las actuaciones. En los audios y en las agendas del propio Villarejo aparece cómo habló con la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y luego, con la que era presidenta del PP catalán y ahora diputada en la Asamblea de Madrid, Alicia Sánchez-Camacho, en relación con la necesidad de investigar a políticos catalanes.

Policías imputados

El martes será el turno del propio Villarejo y del único condenado por la 'Operación Cataluña': el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, al que se le impuso un año de cárcel por intentar introducir un pendrive de origen dudoso en el caso Pujol. También están citados el comisario al frente de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas, al que Villarejo responsabiliza, en lo que él mismo llama "notas internas", de presionar y pagar 500.000 euros al exCEO de la Banca Privada d'Andorra (BPA) Joan Pau Miquel para obtener información bancaria de los Pujol.

Martín-Blas, que se desvinculó en la comisión de investigación celebrada en el Congreso de los Diputados por la 'Operación Cataluña', habría contado para ello con otros dos testigos: los policías Celestino Barroso y Bonifacio Díez Sevillano. El primero fue agregado de Interior en la Embajada de España en Andorra, mientras que el segundo está considerado la mano derecha de Pino. Los cuatro figuran como imputados en la querella presentada en Andorra por los Cierco, propietarios de la BPA, por las supuestas coacciones que recibieron para que facilitaran información de políticos catalanes. Es la misma causa en la que están imputados el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y los que eran sus ministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro.

El consejero con intérprete

También el martes comparecerá ante el tribunal, por videoconferencia y en calidad de testigo, el actual conseller de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler, que de noviembre de 2001 a diciembre de 2003 ocupó la cartera de Medio Ambiente. Su citación, igual que la del exconseller Salvador Milà, que le sucedió en el cargo, está relacionada con el vertedero de Tivissa (Ribera d’Ebre, Tarragona), un negocio por el que Jordi Pujol Ferrusola y su entonces mujer, Mercè Gironès, obtuvieron una plusvalía de más de 5,2 millones de euros. Espadaler ha solicitado al tribunal poder declarar a través de un intérprete de catalán.

Fue Espadaler, como titular del departamento de Medio Ambiente, quien firmó -como máxima autoridad de la 'Conselleria'- la autorización medioambiental, mientras que Milà efectuó trámites relativos al Registro de Gestor de Residuos. Las fuentes consultadas aseguran que se trata de actuaciones perfectamente reglamentadas y tasadas.

En septiembre de 2015, durante la instrucción del caso Pujol, Espadaler y Milà comparecieron ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata y negaron haber recibido presiones de Jordi Pujol Ferrusola o de su entorno para la puesta en marcha del vertedero de Tivissa. Espadaler precisó que la autorización medioambiental contó con todos los informes favorables emitidos por organismos “estatales, comarcales, municipales y de la Generalitat”. La misma versión ofreció Milà, quien aseguró que a él le correspondió asignar el número de gestor y que lo hizo tras resolver "un conflicto en el territorio" sobre el servicio del vertedero, después de alcanzar un acuerdo entre ayuntamientos y plataformas de la comarca.

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