Sánchez acumula una decena de anuncios de medidas a modo de cartel electoral ante la falta de mayoría para aplicar su agenda

La debilidad parlamentaria del Gobierno y la realidad aritmética de un Congreso sin mayorías de izquierdas provoca que parte de la agenda de Pedro Sánchez se quede en anuncios sin materializar. Con medidas estrella atascadas en su tramitación parlamentaria, como la ‘ley Bolaños’ o la reforma de la ‘ley mordaza’, o directamente sin haber pasado todavía por el Consejo de Ministros. Lejos de modular los anuncios ante esta complejidad, Sánchez los ha redoblado desde que arrancó el año. Más a modo de exhibición de programa y cartel electoral que de implementación de políticas reales a través del BOE. Especialmente, en lo que tiene que ver con atajar el problema del acceso a la vivienda.

El pasado 12 de enero, el jefe del Ejecutivo anunció la aprobación de un decreto con incentivos fiscales a los caseros para que prorrogasen los contratos de alquiler sin subidas de precio. A día de hoy, las diferencias entre los socios de la coalición y la falta de apoyos en el Congreso han llevado a Moncloa a congelar la iniciativa. Los inquilinos cuyos contratos hayan caducado durante este tiempo y vayan a hacerlo en las próximas semanas mantienen así su desprotección al no llevarse a cabo la intervención anunciada.

En materia de vivienda, el presidente del Gobierno anunció también el pasado lunes que a través de fondo soberano ‘España Crece’ se movilizarán 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para construir 15.000 viviendas al año. Un nuevo instrumento para el que todavía no se han captado inversiones privadas y que parte con una base de 10.500 millones de euros de inversión pública del Plan de Recuperación. El otro gran anuncio de Sánchez a donde está girando la conversación pública el Gobierno tiene que ver con la cruzada legal contra las plataformas digitales, incluyendo la prohibición de acceso a redes sociales a menores de 16 años.

Una serie de medidas sobre las que no están garantizadas las mayorías necesarias en el Congreso, como se constató en la primera ronda del Gobierno para sondear a los grupos. Las reformas propuestas en el Código Penal (la responsabilidad penal de los directivos de las plataformas y la penalización de la manipulación algorítmica y la amplificación de contenidos ilegales) buscan incluirse dentro del proyecto de ley de protección digital a los menores. Una norma está en la comisión de Justicia y cuyo plazo de enmiendas está cerrado, por lo que la única salida es transaccionar.

A la espera de que las negociaciones puedan dar frutos, el Consejo de Ministros se ha limitado a aprobar la única medida de este paquete que no requiere del aval del Congreso. Se trata de la activación del artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con el objeto de pedirle que investigue "los delitos que X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA".

El jefe del Ejecutivo ha endurecido durante las últimas semanas su discurso contra las élites tecnológicas, los denominados “tecnoligarcas”, y esta semana aprovechaba la firma del acuerdo sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para hacer lo propio con las económicas. "Le pido a la patronal que cumpla su parte, que paguen más", instaba después de preguntarse dónde está la CEOE “cuando los beneficios empresariales baten récords año tras año” y el IBEX alcanza máximos históricos. En la misma línea, Sánchez elevaba todavía más el tono al agitar la subida fiscal a los grandes patrimonios.

“Queremos que los oligarcas de la desigualdad cumplan con su obligación”, señalaba. Esto es, que “paguen impuestos” y que “paguen más a sus trabajadores”, concretaba en un acto sobre desigualdad en el CSIC. Con todo, reconocía que “las mayorías que tenemos no son las de la anterior legislatura”. La fiscalidad es uno de los asuntos en los que más ha encallado la agenda del Gobierno, con varapalos en el Congreso, principalmente por el desmarque de PNV y Junts del bloque de investidura. El ánimo de capitalizar la oposición a Donald Trump, liderando la línea dura en la UE con su Administración, ha estado igualmente presente desde la intervención de EEUU en Venezuela el pasado 3 enero y la posterior amenaza anexionista de Groenlandia.

Recorrido incierto

El Gobierno ha tratado de recuperar la iniciativa a base de concatenar anuncios y desplegar medidas con recorrido incierto. Además de las medidas en vivienda y frente a los “tecnoligarcas”, en lo que va de año se ha activado la reforma del modelo de financiación, la creación de un fondo soberano y de un banco de tierras para la cesión de fincas a jóvenes agricultores. Asimismo, se ha aprobado la regularización de hasta medio millón de migrantes. Esta última sí es una medida garantizada, ya que al tratarse de una modificación reglamentaria tiene una aprobación ejecutiva en el Consejo de Ministros vía real decreto, sin necesidad de pasar por el Congreso.

Con Vox amenazando con cruzar el Rubicón de la barrera psicológica del 20% de votos, en Moncloa buscan combatir el auge de la ultraderecha combinando la batalla cultural y la receta de redoblar las medidas progresistas. No pocas de ellas, y sobre todo las más ambiciosas, a riesgo de generar frustración por su falta de implementación.

Por el camino se han quedado igualmente reformas clave del plan de regeneración democrática, como la de la ley publicidad institucional para cortar la financiación pública de lo que han denominado en el Ejecutivo como “pseudomedios”. A ello se suman normas comprometidas en el plan annual normativo de 2025 que todavía no han pasado en primera vuelta por el Consejo de Ministros, como la ley de democracia en la empresa o la ley de juventud para la reducción de la edad de voto a los 16 años.

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