El Gobierno descarta el catalán como "requisito imprescindible" para la regularización de migrantes

El Ejecutivo ha salido al paso esta mañana para aclarar que el conocimiento de las lenguas cooficiales vaya a incluirse como obligatorio en el decreto para la regularización de migrantes. “La norma está en tramitación, en fase de audiencia pública, y se están haciendo aportaciones que se van a estudiar, pero ninguna de ellas dice que ninguna lengua cooficial sea requisito imprescindible para otorgar la regularización inicial ni de residencia ni de trabajo, ninguna aportación dice que conlleve eso”, ha explicado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en declaraciones a los medios antes de una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Manuel Luna, en la sede de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lorca (Murcia).

Fuentes del ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones apuntan en la misma línea que las aportaciones recibidas al texto del decreto “en ningún caso incluyen la obligatoriedad de conocer ninguna lengua oficial para recibir la autorización inicial de residencia y trabajo”. Unas precisiones que han realizado después de que el conseller de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, explicase la presentación de una enmienda al texto que busca que en la primera renovación del permiso de residencia "se tenga en cuenta el conocimiento del catalán".

Se daría así un año a los migrantes que ahora se acojan a la medida para que "se inicien en el aprendizaje de las lenguas oficiales de las diferentes comunidades autónomas", según explicaron fuentes del Executiu a EL PERIÓDICO. Desde el departamento que dirige Elma Saiz reconocen que “para solicitar la prórroga al cabo de un año de la regularización, las personas se pueden acoger a los itinerarios de arraigo contemplados en el RELOEX que contemplan varias opciones como el arraigo por formación o por empleo”.

Alternativamente, y siempre que se mantengan las condiciones que generaron el derecho a la regularización extraordinaria, continúan las mismas fuentes, “se podría otorgar una prórroga con un informe favorable de integración de los servicios sociales de las comunidades autónomas, que entre otras cosas acreditarán el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar donde resida la persona”. Todo ello, concluyen, “en coherencia con lo que establece la normativa de extranjería en relación a todas las autorizaciones”.

La Generalitat anunció esta enmienda el pasado miércoles, pero no fue hasta que este viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la puso en su punto de mira cuando se avivó la polémica. “La pretensión de Sánchez en Cataluña de que el idioma sea requisito para acoger o no a inmigrantes es ilegal. Una vez más, los socialistas pretenden saltarse la ley para construir un país destrozando a España entera”, acusó para avanzar quela Comunidad de Madrid “dará los pasos necesarios en los tribunales contra Sánchez para evitar esta ocurrencia ilegal que además, es xenófoba”.

Desde el grupo parlamentario de ERC, que reivindicaron el acuerdo para la aceptación de la enmienda, celebraron que la medida "permitirá que el aprendizaje y la acreditación del catalán sean reconocidos en la revisión posterior a la autorización por regularización extraordinaria". De este modo, sostienen, "el arraigo deja de medirse exclusivamente a través de criterios administrativos o laborales y pasa a incorporar una dimensión social y comunitaria: la integración real en la sociedad, la participación y la voluntad de formar parte del país". “Aprender catalán no es un trámite, es integración real. Reconocerlo como vía de arraigo es reconocer la realidad social, cultural y lingüística de Catalunya y apostar por una regularización que construya comunidad y garantice derechos”, apuntaba el diputado republicano Jordi Salvador.

De la regularización exprés pactada por el Gobierno con Podemos podrán beneficiarse todos aquellos migrantes que no tengan antecedentes penales "relevantes", que estuvieran en España el 31 de diciembre de 2025 y acrediten una estancia continuada de al menos cinco meses en el momento de la presentación de la solicitud. Es decir, el que llegó a nuestro país en diciembre no podrá presentar su formulario hasta el mes de mayo. Se calcula que la cifra de beneficiarios rondaría los 500.000.

Todos los migrantes en situación irregular que cumplan los requisitos y puedan demostrar la estancia de cinco meses en España, podrán en todo caso cursar su solicitud desde abril hasta el 30 de junio de 2026, plazo límite para solicitarlo. Con el fin de evitar saturaciones ante un previsible aluvión de tramitaciones, se habilitará la vía telemática, además de espacios físicos que comprenderán tanto las delegaciones de Gobierno como subdelegaciones u oficinas de la Seguridad Social.

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