Un primer pronunciamiento judicial rechaza acumular los casos de muertes en residencias durante la pandemia

La Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto un conflicto de competencias planteado entre dos juezas de instrucción que concluye en contra de acumular en un mismo juzgado los procedimientos abiertos por presuntos delitos de imprudencia con resultado de muerte en residencias públicas al inicio de la pandemia de covid. La decisión afecta a un caso concreto, presentado por la jueza de instrucción número 5, María del Carmen Valcarce, pero supone un pronunciamiento que puede extenderse a otros casos similares sobre esta materia.

Según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, los magistrados Francisco Javier Cubero, Carlos Águeda y María Inés Díez, que ha sido la ponente de la resolución, establecen que las causas deben investigarse por separado porque es preciso un examen individualizado de cada caso, dada la variada casuística en función de si los centros contaban con servicio médico y otras circunstancias concretas asociadas a cada fallecimiento.

En estas causas están siendo investigados ex altos cargos del Gobierno de Ayuso como el que fue exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid , Carlos Mur, quien en las últimas semanas ha comparecido ante varios jueces en relación con los protocolos de derivación de residentes a hospitales durante la pandemia.

La Audiencia Provincial aún tiene pendiente analizar otros recursos que cuentan con el aval de la Fiscalía y las familias también en contra de la decisión de la juez número 3 de instrucción, María Isabel Dúrantez (la primera a la que llegó uno de estos casos) de asumir todas las causas. Se trata de inhibiciones hacia este juzgado propuestas por varios juzgados de Instrucción de Madrid, Valdemoro y Leganés.

En el caso de que se decida de forma diferente a esta primera resolución, la última palabra la tendrá, previsiblemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, informan fuentes jurídicas. Agregan que en todo caso la decisión ya adoptada tiene una potente relevancia procesal para el resto de supuestos.

Desglose

La resolución conocida este jueves alude al criterio expuesto el pasado verano por la jueza Durántez, en el que rechazaba todas las inhibiciones que se le habían planteado hasta el momento argumentando que ella estaba siguiendo el criterio iniciado por la propia Fiscalía, que decidió desglosar sus propias diligencias de investigación para cada uno de los fallecidos.

A juicio de esta magistrada, es preciso analizar en cada caso la situación particular de cada uno de los fallecidos, y con ello "la presunta responsabilidad de otras personas distintas y específicamente relacionadas con cada paciente". Ahora, la Sala entiende "acertados" dichos argumentos.

En esta primera resolución, los magistrados de la Audiencia Provincial reconocen que todos los procedimientos comparten un origen común como es la existencia y aplicación de los protocolos de no derivación hospitalaria y el funcionamiento -o la falta de él- del plan de choque aprobado por la Comunidad de Madrid, especialmente en lo relativo a la medicalización de las residencias.

Sin embargo, subrayan que ese marco general no basta por sí solo para determinar la posible existencia de responsabilidad penal. Para valorar la eventual comisión del delito correspondiente, resulta "imprescindible" comprobar si cada residente recibió -o no- la atención sanitaria adecuada en función de su situación concreta. Así, la investigación debe centrarse en circunstancias específicas de cada afectado, como su edad, patologías, diagnósticos y necesidades asistenciales reales en el momento de los hechos.

Por ello, el órgano judicial concluye que la instrucción separada de los procedimientos es la vía adecuada y rechaza la acumulación solicitada, consolidando así el criterio de investigaciones paralelas sobre la gestión sanitaria en las residencias durante la pandemia.

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