González Amador usa la condena de García Ortiz para pedir su absolución: "Este caso es la antítesis de un procedimiento penal justo"

La defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, alude a la condena dictada por el Tribunal Supremo contra el ex fiscal general del Estado en su escrito de defensa de cara al juicio que le sentará en el banquillo por delitos contra la Hacienda Pública, delito contable, falsedad en documento mercantil y pertenencia a grupo criminal. Argumenta que este caso "constituye, desde antes de existir y durante todos su desarrollo, la antítesis del procedimiento penal justo en un Estado Constitucional, democrático y de Derecho".

Así consta en el escrito que firma el abogado del empresario, Gabriel Rodríguez Ramos, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que abunda en la "perversión de cuantos mecanismos garantes de la legalidad (...) existen, hasta ser sustituidos por el delito, lo que jamás ha sido conocido ni en España ni en ningún Estado democrático de derecho que se considere como tal, siendo la víctima" González Amador y "sus derechos fundamentales a la defensa y la presunción de inocencia".

El documento rechaza la existencia de deuda alguna con Hacienda y defiende que las facturas que se reputan falsas responden a servicios reales, por lo que no puede atribuírsele delito alguno. El pasado mes de septiembre, el juzgado de instrucción número 19 de Madrid dio por finalizada su investigación y abrió juicio oral contra él y sus socios, que previsiblemente no serán sentados en el banquillo ante un juez de lo Penal hasta 2027.

Actuación delictiva

El escrito incide en que el procedimiento penal contra el empresario "fue precedido, antes de existir, por la actuación delictiva del Fiscal General del Estado", por su revelación a varios medios de comunicación de los correos electrónicos en los que se plasmaba la posición de conformidad que pretendía alcanzar con la Fiscalía.

"El máximo defensor y garante sobre el papel (de nuestro Estado constitucional y de Derecho) de la legalidad sustantiva y procesal y de la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos, se transformó y transformó esa posición de garante, en la atalaya desde la que lesionar, con una intensidad delincuencial, los derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia de don Alberto González Amador en este procedimiento", agrega la defensa.

Suscríbete para seguir leyendo