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Pacte Nacional per la Llengua

El Govern enmienda la regularización de inmigrantes para que incluya el catalán

La propuesta da un año a las personas con permiso de residencia para iniciar el aprendizaje de las lenguas oficiales

Seis claves de la regularización de 500.000 inmigrantes: beneficiarios y requisitos del pacto entre Gobierno y Podemos

Acto de firma del Pacte Nacional per la Llengua

Acto de firma del Pacte Nacional per la Llengua / JORDI OTIX

Carlota Camps

Carlota Camps

Barcelona
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El Govern ha presentado una enmienda al real decreto de regularización de migrantes aprobado por el Gobierno para que se incluya el catalán. El conseller Francesc Xavier Vila ha explicado la decisión durante la primera reunión de seguimiento del Pacte Nacional per la Llengua celebrada con los partidos y entidades que firmaron el acuerdo. La propuesta, que deberá ser aceptada por el Consejo de Ministros, busca que en la primera renovación del permiso de residencia "se tenga en cuenta el conocimiento del catalán". Así, se da un año a los migrantes que ahora se acojan a la medida para que "se inicien en el aprendizaje de las lenguas oficiales de las diferentes comunidades autónomas", según explican fuentes del Executiu.

La iniciativa prevé que sea cada comunidad autónoma la que decida cómo "articula y acredita el conocimiento lingüístico en su ámbito competencial". El Govern aún no ha detallado cuál sería su requisito, si sería haber realizado un curso de catalán o si se tendría que acreditar un cierto nivel mediante un examen, pero argumenta que el objetivo es "reforzar la integración lingüística como herramienta de cohesión social" y "consolidar el catalán como lengua de inclusión y de participación plena". Asimismo, el Departament de Política Lingüística se compromete a garantizar una oferta adecuada de cursos y materiales de aprendizaje de la lengua para que sean accesibles para todos aquellos que lo soliciten.

Actualmente, el catalán ya es un criterio que la Generalitat tiene en cuenta a la hora de emitir los expedientes de arraigo social en Catalunya. Los técnicos encargados de esta tarea valoran, para hacer sus informes, si los solicitantes colaboran en entidades sociales, si han tenido hijos en el territorio o si tienen conocimientos de catalán. Este último punto se demuestra habiendo superado por lo menos un curso de 45 horas, o con un test que hacen los técnicos, que también entrevistan al interesado y a su entorno.

Los informes de arraigo social son un punto clave para legalizar a personas migrantes en situación irregular, dado que para muchos es prácticamente imposible conseguir un contrato a jornada completa durante un año o acceder a la universidad, que serían otras formas de regularizar su situación en España. De hecho, el 73% de los trabajadores extracomunitarios ha usado los expedientes de arraigo social para legalizar su situación administrativa.

Pacte Nacional per la Llengua

Pacte Nacional per la Llengua / Ajuntament de Barcelona

Afectaría a 150.000 personas en Catalunya

La regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno el pasado 28 de enero podría beneficiar a 500.000 migrantes, de los cuales 150.000 se encontrarían en Catalunya. La medida, pactada con Podemos, establece que podrán solicitarlo todos aquellos migrantes que no tengan antecedentes penales "relevantes", que estuvieran en España el 31 de diciembre de 2025 y que acrediten una estancia continuada de al menos cinco meses en el momento de la presentación de la solicitud.

Actualmente, el real decreto se encuentra en fase de audiencia pública, lo que significa que se pueden hacer aportaciones como la que ha hecho el Govern de la Generalitat. Posteriormente, el Gobierno deberá decidir las enmiendas que acepta y las que rechaza y volver a aprobar la norma. Será entonces cuando comience el plazo de presentación de las solicitudes, que se prevé que sea a principios del mes de abril.

Imagen de la primera reunión de balance del Pacte Nacional per la Llengua

Imagen de la primera reunión de balance del Pacte Nacional per la Llengua / .

La propuesta de la Generalitat llega en medio del debate sobre la delegación de competencias en inmigración, impulsada por Junts y que fue tumbada el pasado mes de septiembre en el Congreso con los votos de PP, Vox y Podemos. Sin embargo, tras esta regularización, que los morados habían reclamado en múltiples ocasiones, el partido liderado por Ione Belarra se abre a reconsiderar la proposición de los posconvergentes. La ley solo establece la transferencia de atribuciones entre administraciones, pero la voluntad de Junts es que posteriormente el Parlament de Catalunya fije que el catalán sea un requisito para acceder a los permisos de residencia.

La primera reunión de balance entre el Govern y los firmantes del Pacte ha servido también para que el departament de Política Lingüística anunciara que ya se han completado 71 medidas del acuerdo y que 124 más están en proceso de ejecución. Entre los principales avances destacan el despliegue del Departament de Política Lingüística con una inversión superior a tres millones de euros, el refuerzo de los programas de enseñanza de la lengua para adultos o el apoyo a contenidos culturales y digitales en catalán. Actualmente, el Pacte cuenta con el respaldo de 226 municipios, que representan más del 62% de la población de Catalunya.

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