El despacho que fundó Montoro carga contra Hacienda y pide al juez que no investigue las cuentas del exministro

La defensa de Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro investigado por tráfico de influencias, carga duramente contra el informe de la Agencia Tributaria que apunta a la existencia de inversiones y transferencias "cuyo origen o beneficiario último se desconoce", por lo que pide al juez de Tarragona Rubén Rus que rechace "los mandamientos y comisiones rogatorias propuestos", entre los que figuran el acceso a las cuentas bancarias del propio Montoro.

Según el escrito de alegaciones al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el informe conocido el pasado viernes viene firmado por un único funcionario de la Agencia Tributaria que viene trabajando en colaboración con la fiscal asignada a la instrucción, Carmen García Cerdá, "sin que conste visado alguno de los órganos técnicos" de Hacienda, y además "se extralimita manifiestamente respecto de la encomienda recibida del juez instructor e incluso respecto del verdadero objeto de investigación".

Por esta razón, la defensa ejercida por el abogado Carlos Rubio Soler ha presentado un recurso contra la admisión del informe por el juez, oponiéndose a la práctica "de las nuevas y a estas alturas asombrosas diligencias" que se proponen. Entre otros aspectos, según informó esta redacción, el documento advierte de la "llamativa amortización de una hipoteca" de 300.000 euros por parte del exministro de Hacienda del PP con respecto a la renta declarada durante los años correspondientes a este préstamo.

Según esta parte, el informe es además "manifiestamente sesgado", al emplear expresiones como "velo producido por dicha operativa", "fondos contaminados", cuentas bancarias "contagiadas", “desagües” de fondos, etc., que la defensa considera "impropias de un informe realizado con objetividad". Asimismo, reprochan que pretende identificar irregularidades en una supuesta e inexistente “atomización” de pagos que, sin embargo, fueron los habituales en los clientes de cualquier despacho y que se declararon puntualmente, defiende Equipo Económico.

Además, reprocha al perito que consigne cifras acumuladas correspondientes a extensos períodos de tiempo, "pretendiendo extraer conclusiones sesgadas de los datos gruesos". La mayor parte de dichos períodos, argumentan, se sitúan fuera del ámbito temporal de los hechos investigados, lo que abunda en el carácter prospectivo de la investigación y en la idea de convertirla en una causa general contra el despacho.

Por otra parte, todos los conceptos y cifras utilizados en el informe integran las cuentas anuales del despacho investigado, depositadas en plazo y publicadas con transparencia por el Registro Mercantil, según la defensa, y fueron incluidas en las declaraciones tributarias presentadas a la Agencia Tributaria a efectos informativos y de pago puntual de los correspondientes impuestos.

La defensa insiste en que todas estas diligencias se tramitan "tras casi ocho años de investigación, siete de ellos bajo secreto de sumario", lo que considera "ostensiblemente irregular", puesto que no se ha tomado aún declaración a los investigados, que además de Montoro son varios cargos bajo su mandato en Hacienda y los responsables del despacho, que cambiaron su nombre al de Global Afteli.

Igualmente, insisten en sus alegaciones en el origen del procedimiento a consecuencia de un “hallazgo casual” de los Mossos d'Esquadra durante un registro en una empresa gasista en Tarragona, que fue el que desveló la existencia de una presunta trama para influir reformas legislativas favorables a cambio de dinero. También insiste esta parte en apuntar a la "extrema pasividad" del juez número 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarragona, ya que según esta parte aún no ha remitido a la Audiencia Provincial de Tarragona los numerosos recursos de apelación planteados tras el levantamiento del secreto el pasado verano.

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