El Govern forma a los 60 primeros inspectores que deberán multar los fraudes a la ley de vivienda

El Govern de la Generalitat inaugura este miércoles la formación especializada de los 60 nuevos inspectores de la Agència de l'Habitatge de Catalunya que han empezado ya la labor de velar por el cumplimiento de la ley de vivienda, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Se trata de la autoridad que, dentro de la administración, debe velar por el cumplimiento de la norma en las zonas declaradas como tensionadas por la escasez de pisos y precios desorbitados y, por lo tanto, los encargados también de imponer multas a los que cometan fraude. El cuerpo no está todavía completo, ya que a lo largo de este primer trimestre del año debe alcanzar progresivamente los 100 efectivos garantizando así la cobertura de todas las veguerías.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, asistirá a esta primera sesión formativa, que irá seguida de otras cuatro más. El objetivo es que estos inspectores dispongan de todas las herramientas para controlar si se cumplen con los topes a los precios de los alquileres y con los requisitos fijados en los contratos de arrendamiento, así como la detección de fraudes o cómo debe aplicarse el régimen sancionador, diagnosticar si he hace o no un buen uso de la vivienda protegida o la fiscalización de los pisos vacíos.

Más tarde de lo previsto

El cuerpo de inspectores para garantizar que se cumple con la ley de vivienda fue, junto al régimen sancionador, fruto de un pacto con los Comuns el año pasado para apoyar uno de los suplementos de crédito para los presupuestos prorrogados. En realidad, la previsión inicial era que se incorporaran antes del 30 de junio del año pasado, pero se fue posponiendo el calendario por la complejidad para contar con este personal especializado que tiene el rango de autoridad dentro de la Generalitat. No fue hasta el mes de noviembre que el Govern lanzó la primera convocatoria para reforzar la inspección en materia de vivienda y los primeros efectivos se sumaron a la agencia el pasado mes de enero, es decir, más de medio año después de lo previsto.

En cuanto a la cobertura territorial, el plan diseñado por la Generalitat es que la mitad del centenar de inspectores se encarguen de fiscalizar el área de Barcelona, mientras 12 estarán destinados a Tarragona, 13 en Girona, 2 en el Alt Pirineu, uno en la Vall d'Aran y cinco más a la zona de la Catalunya Central, Lleida y Terres de l’Ebre.

En plena negociación de presupuestos

La fotografía de la consellera Paneque en esa primera formación de inspectores llega justo con las negociaciones de los presupuestos abierta de par en par con los Comuns. Precisamente el grupo de Jéssica Albiach ha sido especialmente crítico con el retraso en la incorporación de estos refuerzos en la Agència de l'Habitatge de Catalunya, así como con el hecho de que se haya tardado un año en imponer las primeras sanciones por vulnerar la ley de vivienda. El Govern siempre ha concebido que la función del cuerpo debe ser más disuasoria que recaudatoria, aunque en sus manos estará un régimen sancionador que prevé multas que pueden alcanzar, en los casos más graves, los 900.000 euros.

Si la imposición de esas primeras amonestaciones fue el detonante que permitió al Govern lograr que los Comuns se sentaran hablar de las cuentas, ahora están encauzando con ellos la limitación de la compra especulativa de vivienda para amarrar el apoyo de sus seis diputados. La consellera Paneque ya ha anticipado este martes que el Executiu accede a modificar la ley de urbanismo a través de la proposición que el grupo de Albiach tiene registrada desde noviembre en el Parlament una vez los expertos ya han avalado la viabilidad jurídica y la constitucionalidad de la medida. Aunque también ha añadido que habrá que hacer otros cambios legislativos para adaptar la limitación a los requisitos que recogen los informes solicitados.

Eso sí, los Comuns exigen que ese coto al lucro con los pisos esté en vigor en un plazo de seis meses, algo que habrá que ver si el Govern considera viable pero que, en todo caso, estará sujeto a los plazos de la tramitación parlamentaria, donde deberán negociar con otros grupos favorables a la medida, como ERC y la CUP.

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