Antifraude investiga al Ayuntamiento de València por la permuta de cuatro solares a cambio de 86 viviendas

La Agencia Valenciana Antifraude está investigando al Ayuntamiento de València por la permuta de cuatro solares públicos para la adquisición de un edificio de 86 viviendas en la Fuente de San Luis. El ente autonómico observa "indicios de verosimilitud" en la denuncia realizada por el Grupo Municipal Socialista sobre una operación justificada desde el gobierno de PP y Vox por la “escasez de viviendas” en València.

En abril de 2025, la concejala socialista Elisa Valía anunció que su grupo había llevado a Antifraude la “renuncia” de la alcaldesa María José Catalá “a construir 400 viviendas de protección pública a través de una operación de permuta que solo beneficia a quienes ven la vivienda como un negocio y no como un derecho”.

Las cuatro parcelas situadas en el sector de Fuente de San Luis, distrito de Quatre Carreres, suman 2.813 metros cuadrados de suelo y más de 42.000 metros de techo, con un valor total de 15,6 millones. Al proceso de permuta se presentó una única empresa, el Grupo Lobe, que entregó a cambio un edificio de 86 viviendas en la misma zona. Según el ayuntamiento, este bloque edificado en un suelo de 694 metros cuadrados se destinará al alquiler asequible.

"La ley establece que la permuta de bienes patrimoniales debe hacerse en condiciones muy determinadas y debe justificarse la necesidad y la conveniencia", señaló Valía al anunciar su denuncia. “Se trata de una operación especulativa que va contra el patrimonio de València y contra el derecho a acceder a la vivienda de familias y personas con dificultades”, dijo la concejala entonces.

En su escrito, Antifraude requiere al ayuntamiento la información relativa a las cuatro parcelas permutadas y un informe de técnico competente del estado de tramitación del Proyecto de Participación del sector de la Fuente de San Luis, en el que se indiquen las modificaciones que se hayan producido y las fechas de aprobación y/o publicación de cada una de las fases.

Tras recibir la documentación por parte del consistorio, el organismo autonómico estima que sí procede el inicio de actuaciones de investigación sobre las presuntas irregularidades en la permuta en base a sus competencias para perseguir la corrupción, el fraude, las irregularidades administrativas y las conductoras y actividades reprochables por ser contrarias a la eficacia, la ética pública o el buen gobierno. El escrito no entra al detalle de lo investigado, esto es, si el ayuntamiento se desprendió del suelo municipal sin justificar debidamente la permuta y favoreció a una constructora que levantará 400 viviendas a cambio de entregar 86.

39 pisos con reservados

No es la primera vez que las permutas amenazan con manchar la política de vivienda municipal. En noviembre de 2025, Levante-EMV contó que el ayuntamiento había adquirido un edificio en Patraix que ya tenía los 39 pisos reservados. Lo hizo a cambio de cuatro parcelas municipales para la construcción de 200 viviendas de protección pública que desarrollarán promotores privados. Y las 39 familias con su reserva de piso se quedaron sin poder acceder a ellos después de que la constructora Dominio decidiera cancelar el preacuerdo a la espera de un negocio mejor.

Sobre las operaciones de permutas, englobadas en el Plan + Vivienda del gobierno municipal de PP y Vox, los socialistas llevan tiempo recelando. Ayer mismo, la secretaria general de los socialistas en València, Pilar Bernabé, criticó la “perversión del modelo de vivienda del PP” tras el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante que han ido a parar manos de cargos y familiares del Partido Popular y las permutas de suelo municipal para 650 viviendas públicas “que María José Catalá ha entregado a los promotores”.

"Las empresas cobran el doble por la VPP"

Bernabé lamentó que todas las medidas que está tomando el PP en la Comunitat Valenciana desde hace dos años y medio tienen como objetivo “favorecer que las empresas acaben cobrando el doble a aquellas personas que quieren acceder a una vivienda de protección pública”. Por eso, apuntó, “modificaron la ley autonómica para que las empresas privadas pudieran construir vivienda de protección pública al doble de precio que la vivienda que construyen las administraciones”.

En este sentido, la delegada del Gobierno recordó que “Catalá activó, después de este cambio legislativo que permitía a las promotoras duplicar el coste de la vivienda pública así como ampliar el límite máximo de renta de los aspirantes, dos permutas para entregar suelo municipal donde estaban previstas 650 viviendas públicas a los promotores”. De todas ellas, expresó, “550 serán adjudicadas con el mismo modus operandi que el edificio de Alicante donde ha estallado el escándalo. Es decir, que serán las promotoras las que determinen a quién se les adjudicará las viviendas, en lugar de aportarlas al parque público para que se entreguen por orden a los solicitantes inscritos en el registro municipal”.

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