Dos propietarios renuncian a su vivienda protegida en la urbanización de Les Naus de Alicante

En plena investigación de la Conselleria de Vivienda a los propietarios de los pisos protegidos de Las Naus respecto al cumplimiento de los requisitos, han llegado las dos primeras renuncias voluntarias. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una comparecencia por sorpresa en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este martes, ha anunciado que dos personas han comunicado su renuncia a sendas viviendas que habían adquirido en un residencial bajo sospecha por las polémicas adjudicaciones.

"Acabamos de tener conocimiento, porque se ha comunicado así a la Conselleria de Vivienda y se nos ha dado conocimiento también al Ayuntamiento, de dos renuncias a dos de las viviendas. Son dos personas que no han aparecido en los medios", ha asegurado el regidor popular, en una intervención en la que ha pedido a todos aquellos dueños de viviendas que hayan accedido de manera presuntamente irregular que renuncien a sus propiedades, a la vez que ha recordado el examen exhaustivo que está realizando la Conselleria de Vivienda a los 140 dueños de pisos en la urbanización. De hecho, según ha podido saber INFORMACIÓN, este mismo domingo ya ha tenido lugar al menos una mudanza para abandonar el citado bloque.

"Es una noticia importante porque el mensaje que estamos trasladando de que no va a quedar impune absolutamente ninguna conducta irregular está calando. Animo a que todos aquellos que puedan tener la más mínima duda de si tenían o no derecho, si han accedido o no con derecho a esas viviendas, renuncien y entreguen esas viviendas a las que se puede haber accedido de forma irregular. El objeto del procedimiento penal y de la investigación en marcha pueden tener consecuencias muy, muy graves", ha apuntado el alcalde, quien ha descartado relevar la identidad, por protección de datos, de las dos personas que han renunciado: "Pues no lo puedo revelar. Lo siento. Las condiciones que han expuesto que están sujetas a la Ley de Protección de Datos. Debo entender, esto es una suposición mía, que a lo mejor las condiciones que se daban cuando accedieron ya no son o a lo mejor no eran exactamente o lo habían interpretado mal".

Actualmente, según el decreto en vigor aprobado por el gobierno de Mazón a finales de 2024, los interesados en vivienda protegida pueden percibir 6,5 veces el Iprem en 14 mensualidades, lo que suponen unos ingresos anuales de 54.600 euros, una cantidad que puede aumentar hasta los 66.000 en caso de menores o mayores de 65 años a cargo o personas con discapacidad. El anterior decreto, el del Botànic, dejaba el límite en 46.800, pudiendo elevarse hasta los 53.000 euros. Los ingresos se contabilizan por unidad familiar, con independencia de que una pareja esté en separación de bienes. Además, se debe ser mayor de edad, tener la nacionalidad española y no ser titular del pleno dominio de otra vivienda en España.

Sobre el futuro de esas viviendas, así como de otras a las que puedan renunciar sus propietarios o la conselleria consiga revertir las adjudicaciones por irregularidades en los visados, Barcala ha señalado que lo "prioritario es que las viviendas lleguen a quien tienen que llegar y que absolutamente ninguna de las viviendas pueda quedarse en manos de quien no tenía derecho a ello".

Además, el alcalde ha añadido que "esas viviendas ya se adjudican o bien en virtud de un tanteo y retracto, en virtud de una acción de nulidad o bien por una entrega voluntaria". "Eso se tiene que formalizar en una escritura porque es revertir una operación inmobiliaria que ya está hecha. Entonces las fórmulas que con las que se van haciendo es conselleria quien tiene que determinar el cómo, el cómo se ejecuta", ha añadido el alcalde, sin concretar más detalles del procedimiento que se debe abrir ahora para revertir la propiedad de esos dos pisos.

Desconfianza en la cooperativa

Sobre la futura adjudicación de dichos inmuebles, ahora vacantes, Barcala ha destacado que será gestionada directamente por la Generalitat. "Aquí el criterio está en tela de juicio es la propia cooperativa y sus gestores, y son uno de los objetos dentro del procedimiento penal. Y lo digo con toda claridad, todo lo presunto que quieran, pero lo es", lo que según el alcalde le desautoriza para gestionar el "relevo" de los propietarios. Por tanto, según ha avanzado el dirigente popular, es la Conselleria de Vivienda quien "coge las riendas de la adjudicación".

El PSOE pide dar los nombres a Fiscalía

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha exigido al alcalde, Luis Barcala, que ponga inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción qué dos propietarios han renunciado a pisos en la urbanización Les Naus para que se clarifique cómo accedieron a ellos y por qué se produce ahora esa aparente renuncia voluntaria.

"La mayoría de las personas que conocemos que se han adjudicado esas viviendas tienen un vínculo con el Partido Popular o con este Ayuntamiento, por lo que lo que está ocurriendo en Alicante es un escándalo del PP, de Barcala y de Pérez Llorca: ha habido una falta de control inaceptable", ha defendido Barceló. "En este Ayuntamiento se han abierto canales de comunicación de información privilegiada que han posibilitado la compra de esas viviendas por personas que ahora sabemos que no cumplían los requisitos. El alcalde es el máximo responsable político y seguimos exigiendo su dimisión", ha insistido.

Compromís duda del alcalde

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha centrado el foco en el papel del alcalde: "O está dilatando los tiempos o está presuntamente destruyendo pruebas, ¿por qué no convoca ya al Patronato de Vivienda para saber quién es el adjudicatario de las 15 viviendas del Portón, de las 14 de San Gabriel o de las 13 públicas de Rabasa? ¿Por qué no nos dan la documentación a los patronos de Vivienda? Están obstruyendo la información, están pegando martillazos a los expedientes como hizo el PP de Génova con la trama de la Gürtel. Es el PP de siempre", ha apuntado.

Para Mas, el regidor es "un okupa" del Ayuntamiento: "Un señor que cobra 84.000 euros y que no sabe nada, no tiene nada que ver. Echa la culpa a la Generalitat, a la cooperativa... Pero él no tiene nada que ver con elegir a Rocío Gómez, que es amiga de la familia, y no tiene nada que ver con que se haya elegido a la responsable de contratación como directora general, quién facilitó presuntamente información para que sus familiares tuvieran vivienda".

A EU-Podemos le "huele mal"

"Lo que estamos conociendo no es fruto de la casualidad, sino de años desmontando las políticas públicas de vivienda, relajando los controles y modificando los criterios para que las ayudas que debían garantizar un derecho acabaran beneficiando a quienes no las necesitaban", ha afirmado el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, para el que "algo huele mal" en este asunto.

"El alcalde puede intentar comparecer una y mil veces, pero lo que debe hacer es asumir su responsabilidad política. Mientras no lo haga, todo esto no deja de ser una auténtica vergüenza institucional. No se puede desmantelar la función social de la vivienda y después rasgarse las vestiduras o fingir sorpresa cuando aparecen estos casos", ha manifestado.

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