Josep Tomàs Salàs, director de Antifrau: "Los alertadores de corrupción no están suficientemente protegidos"

Josep Tomàs Salàs (Barcelona, 1961) cumple un mes al frente de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), un organismo al que pretende dar un impulso tecnológico con la incorporación de la inteligencia artificial. El nuevo director confía en que la ley catalana de protección de alertadores en la que trabaja el Govern salga adelante esta legislatura y reclama a todos los partidos responsabilidad para lograr un "buen producto normativo". Entre sus prioridades figura incluir asistencia psicológica para las personas que denuncien casos de corrupción, un colectivo que, asegura, no está suficientemente protegido.

¿Por qué ha cambiado un juzgado por la Oficina Antifrau de Catalunya?

El president me propuso y la única respuesta es decir que sí. Profesionalmente es un reto y personalmente una satisfacción y un orgullo.

Antifrau siempre ha estado dirigida por juristas, fiscales y jueces; nunca por políticos. ¿Por qué?

En la ley que regula la oficina se habla expresamente de un director independiente. El ejemplo más paradigmático de independencia es la judicial y también la fiscal. Supongo que es por eso que las fuerzas parlamentarias se decantan por magistrados o fiscales.

¿Cómo se consigue esta independencia en una institución que depende del Parlament?

Haciéndola valer y empezando a aplicarla por uno mismo, con una neutralidad política rigurosa y con un sentido de la institucionalidad de la Oficina.

[La independencia de la OAC] se consigue haciéndola valer y empezando a aplicarla por uno mismo, con una neutralidad política rigurosa

¿Cuáles son las líneas estratégicas para los próximos años?

Continuar la evolución positiva de la OAC de los últimos nueve años, sumar y avanzar a nivel cuantitativo y cualitativo. No tenemos que perder de vista las modificaciones y las innovaciones tecnológicas que, bien entendidas y aplicadas, pueden favorecer su crecimiento. Hablo de herramientas de inteligencia artificial que a la Oficina le pueden ir muy bien, especialmente para la investigación.

España ha perdido posiciones en los índices internacionales de transparencia y ha aumentado la percepción de corrupción. ¿Cómo se combate?

La receta es sencilla: formación. O de una manera más amplia: prevención. Una de las ideas que tengo en mente es ir a la cantera, a 'La Masia' para los culés, de los cargos electos y de los funcionarios; intentar introducir en los currículums universitarios una asignatura transversal sobre políticas públicas y de integridad. Y después investigar con rigor las denuncias y destapar los casos, que es la mejor manera de disuadir a los eventuales corruptos.

La receta [para combatir la corrupción] pasa por la formación y la prevención. Hay que introducir en los currículums universitarios una asignatura transversal sobre políticas públicas e integridad

¿Hay suficientes herramientas para luchar contra la corrupción?

Me gustaría disponer de más, pero esa es, en definitiva, una tarea de los legisladores y, de forma indirecta, también de los gobiernos, que son quienes dotan de medios a nivel presupuestario. Mi neutralidad me obliga a ser prudente, pero sí: harían falta más herramientas.

En 2025 se registraron 2.000 denuncias y la tendencia es ir creciendo ¿Cómo se gestionan tantas denuncias?

Es difícil, podemos llegar a morir de éxito. Sobre todo, confío en que la incorporación de la IA nos ayude en la parte más farragosa, como el tratamiento de datos, que consume mucho tiempo. Las aplicaciones informáticas no nos dan la solución, se necesita un algoritmo.

¿Cómo puede actuar Antifrau para no desincentivar la vía judicial?

Recibimos muchas denuncias. Si tienen contenido penal, las derivamos a la Fiscalía o al juez y seguimos investigando, en coordinación con las investigaciones policiales o, a veces, con expedientes que llegan de la Agencia Tributaria. En cambio, las denuncias que no tienen relevancia penal, siempre que se produzcan en el ámbito de actuación de Antifrau, son exclusivamente nuestras y, cuantitativamente, son infinitamente más grandes.

¿Qué le pide Antifrau al Govern y a los partidos para los nuevos presupuestos?

Los recursos suficientes para desarrollar nuestra labor. Desde tener el personal suficiente hasta incorporar estas herramientas [IA] para dar más cuerpo, más virtualidad y más presencia a la protección de alertadores. Queremos incorporar a la Oficina una persona con conocimientos de psicología para que esté presente en todos los contactos que tengamos con los alertadores o solicitantes de protección, y para que ayude al resto del personal de esa unidad. Estamos en conversaciones con una corporación de profesionales para ver si podemos disponer de paquetes de asistencia psicológica para los alertadores.

Estamos en conversaciones para ver si podemos disponer de paquetes de asistencia psicológica para los alertadores

El Govern ha tomado la iniciativa para redactar una ley catalana de alertadores. ¿Cómo podría mejorar la estatal?

La ley estatal es un paso adelante, sin duda, pero es un paso pequeño y dubitativo. Necesitamos una ley clara y concreta, que no genere contradicciones y que ayude a proteger a las personas alertadoras. Confío mucho en que en esta legislatura saldrá adelante la ley catalana porque así lo ha expresado y así tenemos el compromiso del president de la Generalitat. Para nosotros es una ley imprescindible. La ley estatal contempla un desarrollo reglamentario [autonómico] que no se ha producido.

Hasta que eso ocurra, en Catalunya, Antifrau es la autoridad sancionadora. Desde que entró en vigor la ley de 2023, solo hay una sanción por represalias a denunciantes de corrupción. ¿Qué ocurre?

Tenemos varios expedientes sancionadores en marcha. La primera sanción será firme quizá la semana que viene, y hay otros procedimientos incoados, cada uno en su fase. Son procedimientos complicados, por las carencias de la ley que tipifica las infracciones y fija las sanciones. A diferencia de otros ámbitos, aquí el concepto de represalia suele implicar acciones judiciales: si es un despido disciplinario, es la persona alertadora quien debe interponer la demanda; y si hay una denuncia penal admitida a trámite, tenemos que seguir su recorrido antes de poder dictar una resolución sancionadora. Por eso, el concepto de represalia en el ámbito de los alertadores nos da mucho trabajo.

Los alertadores, ¿están suficientemente protegidos?

No. Considerando el sistema, en cuanto a la normativa y a las instituciones que la aplican, no lo están. Entiendo que haya ciertos alertadores que se puedan sentir decepcionados pero, créanme, Antifrau les protege con todo lo que tiene. Si no se les protege más, es porque no se puede.

Entiendo que haya ciertos alertadores que se puedan sentir decepcionados

La lucha contra la corrupción va muy ligada a la transparencia, en especial de los políticos. La mayoría de diputados no publican sus reuniones con los grupos de interés. ¿Le preocupa?

Claro. Son elegidos por todos y deberían tener esa necesidad de transparencia en sus agendas, esencialmente porque así lo agradecería la ciudadanía. Hace unos días me reuní con el president del Parlament, Josep Rull, y le trasladé la disponibilidad de la Oficina para cumplir uno de los objetivos de la tercera cumbre del Pacto Social contra la Corrupción, que es, precisamente, formar a los diputados en materia de integridad.

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