El PP ve más tocado a Sánchez tras la nueva reprobación de Puente y las cesiones a Junts para la ley de multirreincidencia

El Partido Popular (PP) tiene dificultades evidentes en su relación con Vox, que desde este pasado domingo se dirime en dos territorios principales, Extremadura y Aragón, donde los populares María Guardiola y Jorge Azcón, respectivamente, necesitan de nuevo el apoyo de la extrema derecha para revalidar sus mandatos como presidentes autonómicos. Pero obviando por un momento lo que ocurre en las autonomías, con otras dos citas electorales en el horizonte inmediato, las elecciones en Castilla y León el 15 de marzo y en Andalucía un poco más adelante, en mayo o junio, la vuelta de la actividad ordinaria en el Parlamento esta semana, con el pleno semanal que ha abierto el nuevo periodo de sesiones en el Congreso de los Diputados, ha insuflado un gran optimismo en las filas de los de Alberto Núñez Feijóo.

La manera en que este jueves se cerró ese pleno, con la reprobación del ministro de Transportes, Óscar Puente, la séptima (entre la Cámara Baja y el Senado) desde que llegó al cargo a finales de 2023, y la forma en la que el PSOE ha tenido que ceder ante Junts per Catalunya para poder salir de la parálisis legislativa de la que adolece el Gobierno de Pedro Sánchez, con la aprobación de la ley de multirreincidencia, son para el primer partido de la oposición prueba de que el jefe del Ejecutivo sigue tocado. Aunque nadie pueda garantizar que no cumpla con su declarada voluntad de agotar la legislatura hasta 2027, sin ni siquiera haber presentado un proyecto de Presupuestos Generales del Estado en toda la legislatura.

Los populares sacan pecho de la nueva reprobación de Puente que ellos mismos volvieron a promover, al día siguiente del pleno en el que Sánchez compareció para dar explicaciones sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que para el PP, como para Vox, podría acabar teniendo consecuencias incluso penales para el Gobierno, como le advirtió Feijóo al presidente durante el debate parlamentario.

Un nuevo varapalo al ministro socialista que una vez más fue posible gracias a la complicidad de los socios del Gobierno, en forma de una abstención de ERC, Junts, Podemos y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) a la que también se sumó Coalición Canaria (CC). De fondo, como a nadie se le oculta, no solo lo ocurrido en Adamuz y la falta de previsión e inversión en las infraestructuras que denuncian PP y Vox al alimón, pero que también han subrayado, incluso antes del accidente del Alvia y el Iryo del pasado 18 de enero, otras formaciones de la izquierda. También, cómo no, la crisis de Rodalies en Catalunya, que aunque excede en el tiempo el mandato de Puente y pese a que este nunca la ha minimizado, ha empezado a ser también un lastre en su ejecutoria, que naturalmente hace elevar la crítica, más que a nadie, a las formaciones políticas de ámbito catalán.

El PSOE, con la derecha

En cuanto a la ley de multirreincidencia, y aunque en el fondo es un asunto en el que por primera vez en mucho tiempo unen sus votos los dos grandes grupos del Congreso, el Popular y el Socialista, la lectura en Génova se hace en dos claves que abonan su tesis de la agonía de Sánchez y su proyecto político. La primera, casi puramente ideológica, el hecho de que los socialistas se sitúen con la derecha en un proyecto cuya motivación última -el endurecimiento del castigo penal a los pequeños delincuentes- recibe críticas durísimas de las formaciones más a la izquierda. Bastó escuchar en el pleno de este jueves a los representantes de Sumar, ERC, Podemos o Bildu.

"Es una propuesta para alimentar relatos racistas y xenófobos de la extrema derecha", afirmó, sin ir más lejos, la diputada de Podemos, Martina Velarde. "El Partido Socialista, que no comparte en el fondo estas medidas, por compensar, de alguna manera, a un partido [Junts] que le hace falta para otras leyes, accede a aprobar estas medidas, que van en contra de todo lo que ha aprobado en los últimos años en estas materias", argumentó, por su parte, el diputado de Bildu, Jon Iñarritu. La norma, entre otras cosas, establece una pena agravada de 1 a 3 años de cárcel por el robo de teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo tecnológico susceptible de albergar datos e información de carácter personal.

La segunda clave, de trámite parlamentario, pero significativa, que el proyecto al que la mayoría del Congreso dio luz verde este jueves no difiere mucho, sostienen los populares, de otro impulsado por ellos mismos hace dos años. Fue mediante una Proposición de Ley aceptada en junio de 2024 pero que la Mesa, el órgano de gobierno de la Cámara Baja con mayoría del PSOE y Sumar, los dos partidos coaligados en el Gobierno, retuvo mediante una ampliación sine die del plazo de enmiendas. Dicho de otra manera, y esa es la acusación del PP, para tratar de resucitar el apoyo de Junts, que ya en otoño le dejó claro a Sánchez que no podía contar con sus siete votos, el presidente está dispuesto a aceptar que no hay una mayoría de izquierdas en el Congreso, justo lo contrario de lo que, se supone, sustenta su mandato desde la investidura de noviembre de 2023.

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