El Gobierno sondea a sus socios para impulsar las medidas contra los "tecnoligarcas" con un atajo parlamentario 

El Gobierno quiere acelerar el paquete de medidas legales anunciadas por Pedro Sánchez para endurecer la regulación de las plataformas digitales, entre las que se incluye la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años. Para ello busca un atajo parlamentario que le permita recortar plazos. Se trataría, según fuentes del grupo parlamentario socialista, de aprovechar el proyecto de ley de protección digital a los menores que está en la comisión de Justicia para incluir las dos principales novedades que el jefe del Ejecutivo puso sobre la mesa: la responsabilidad penal de los directivos de las plataformas y la penalización de la manipulación algorítmica y la amplificación de contenidos ilegales.

De esta manera se evitaría, como estaba previsto, que las reformas concernientes del Código Penal se realicen a través de sendos anteproyectos de ley. Un largo trámite desde su aprobación en primera vuelta en el Consejo de Ministros hasta llevarlas al Congreso. "Todavía queda", explican fuentes cercanas al ministro de Justicia, Félix Bolaños, al respecto. Este plan A no está totalmente maduro. El pasado miércoles se sondeó a los diferentes grupos parlamentarios y la sensación en el Gobierno es que falta tiempo para acercar posiciones.

Para sacarlo adelante se necesitarán acuerdos con todos los socios de investidura, puesto que el proyecto donde se buscan incluir estas reformas ya ha cerrado el plazo de enmiendas y la única salida es transaccionar. Algo en lo que tienen experiencia los socialistas, pero que requiere de acuerdos, en un momento de creciente debilidad parlamentaria y de ruptura de relaciones con Junts. Como límite temporal para impulsar las medidas contra lo que Sánchez ha denominado "tecnoligarcas" se marcan este periodo de sesiones, que acabará en junio. Un plazo que si se optara por llevar las medidas por separado en el Consejo de Ministros sería irrealizable, más allá de la complejidad aritmética posterior en el Congreso.

En la primera toma de contacto esta semana con los socios se han puesto de relieve diferencias respecto a si graduar o no la edad para acceder a las redes sociales, ahora fijada en 16 años, así como prohibirlas con o sin consentimiento parental. El PP, que trató de apropiarse el anuncio del presidente, coincide en cortar el acceso a los menores de 16 años, aunque sitúa la responsabilidad de hacerlo en el Gobierno y en las familias y no tanto en las plataformas digitales. Además, plantea un "horario de descanso digital" para que los jóvenes no puedan acceder a las redes sociales entre las 20:00 horas y las 08:00 horas.

La gran mayoría de socios del Ejecutivo concuerdan con lo propuesto con Sánchez, aunque proponen otorgar más derechos a los menores, de tal forma que sea también necesaria su autorización para que los tutores puedan publicar información suya en redes sociales y que tengan la capacidad de solicitar la "supresión" de sus datos sin necesidad del consentimiento de los padres. El único aliado que se sale de esta línea es Junts que quiere limitar la prohibición de acceso a los menores de 16 años a "redes sociales o a servicios, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual que incorporen inteligencia artificial generativa".

Sobre lo que no se han pronunciado es sobre la pretendida reforma del Código Penal para que los directivos de las plataformas digitales puedan ser considerados penalmente responsables de las infracciones cometidas en sus servicios, en particular cuando incumplan una orden de retirada de contenidos ilícitos. Esto implicaría que altos ejecutivos de empresas tecnológicas podrán responder penalmente por la inacción deliberada ante este tipo de contenidos. Una modificación por la que el Gobierno quiere introducir un régimen de responsabilidad penal específico para los responsables últimos de las plataformas, “poniendo fin a la impunidad derivada de la falta de control efectivo sobre los contenidos que se difunden bajo su supervisión”.

Actuación de la Fiscalía

La otra pata penal tiene que ver con la inclusión como nuevos delitos, tanto la manipulación de algoritmos que facilite la amplificación deliberada de contenidos ilegales como la alteración del funcionamiento de sistemas automatizados de procesamiento de datos. “Se reconoce que estos contenidos no surgen de forma espontánea, sino que son creados, impulsados y amplificados por actores concretos y por algoritmos diseñados para maximizar beneficios”, señalan desde Moncloa.

Otras de las medidas que busca poner en marcha el Gobierno, sin necesidad de pasar ni por el Consejo de Ministros ni por el Congreso, tiene que ver con promover la acción de la justicia, a través de Fiscalía, frente a las infracciones detectadas. La premisa pasa por actuar con “tolerancia cero” frente a las posibles infracciones cometidas por plataformas como Grok o TikTok relativas a la generación con IA de contenido sexualizado vinculado a menores o a la difusión de los mismos. El titular de Presidencia y Justicia viajó la pasada semana a París para entrevistarse con su homólogo, Gérald Darmanin, donde trataron este asunto, puesto que la Fiscalía francesa ya investiga a la red social X por manipulación del algoritmo y difusión de 'deepfakes' de carácter sexual de menores con Grok.

Lo que trasladan en el Gobierno es que la cruzada legal contra las plataformas digitales se ha convertido en una prioridad. De su determinación da cuenta el discurso del jefe del Ejecutivo durante los últimos y sus choques con los magnates de las principales plataformas, como Elon Musk, dueño de X, o de Pável Dúrov, de Telegram.

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