Morant pide al PP que "invente" la fórmula para recuperar las viviendas protegidas adjudicadas de forma irregular en Alicante

Dos semanas después de que INFORMACIÓN destapara la polémica adjudicación de vivienda protegida en Alicante a personas vinculadas con el Ayuntamiento y la Generalitat, la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, aterriza en la capital para exigir al Consell que "invente" la fórmula para recuperar los pisos que pudieran haber sido adjudicados indebidamente.

Este jueves, Morant ha comparecido ante los medios de comunicación en la sede provincial del partido para pedir al Consistorio alicantino y al gobierno autonómico "que incoen un expediente de devolución de estas adjudicaciones" que, para la socialista, representan "el producto de todo un sistema que ha sido corrompido". La ministra también ha advertido al alcalde Luis Barcala de que "deberá responder a este escándalo con la dimisión" y ha anunciado que el PSPV se personará en la investigación abierta esta misma semana por una magistrada alicantina, después de que Sumar, el PSOE, la Conselleria de Vivienday el Ayuntamiento de Alicante (por ese orden) acudieran a Fiscalía y, posteriormente, el sindicato ultraderechista Manos Limpias hiciera lo propio en el juzgado. "Conforme avancen las diligencias, el PSPV se personará en esa causa porque vamos a ir hasta el final ya que estamos seguros de que esto es la puntita de un iceberg", ha manifestado Morant.

En este sentido, la secretaria general de los socialistas valencianos ha cargado también contra el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al que ha afeado que respaldara este miércoles la gestión del alcalde Barcala cuando al menos 13 viviendas protegidas han sido entregadas a personas que guardan relación con el Consistorio alicantino: "Tenemos al lobo cuidando de las ovejas. Pérez Llorca es multipropietario, no es el alcalde campechano que nos intentan vender, sino una persona que tiene más de tres millones de euros de patrimonio".

Cambio de normativa

Sobre las cuestionadas adjudicaciones, la ministra ha hecho un repaso del caso desvelado por este diario a finales del mes de enero: "Se trata de una promoción en suelo público que lo que pretendía era la facilitación de viviendas que, por ser el suelo gratuito [en realidad se vendió a un precio tasado de más de seis millones] saldría por mucho menos del coste de mercado". Morant ha recordado también que "lo que no se está cumpliendo es que el acceso a esta vivienda se produzca en lo que viene a ser el espíritu de las viviendas de protección pública: a familias de clase trabajadora". En cambio, ha apuntado la ministra, "lo que sabemos es que han sido adjudicadas a una concejal de urbanismo" y "parece ser que a una amiga y a la hermana de la secretaria de la concejal de Urbanismo". En este último caso, tal y como publica INFORMACIÓN, dichas viviendas pertenecen a personas vinculadas con la edil de Hacienda y Patrimonio, Nayma Beldjilali, y no a la ya dimitida responsable de Urbanismo, Rocío Gómez, que sí obtuvo un inmueble para sí misma, además de otros dos que han ido a parar a su suegro y a su excuñada.

Morant ha tratado de dirigir el foco hacia Vox, quien aprobó con el gobierno de Carlos Mazón, en diciembre de 2024, elevar el límite para acceder a viviendas protegidas de promoción privada hasta los 66.000 euros, además de eliminar el requisito de estar inscrito en el registro público de demandantes. "Hacen las normas para ellos, desde luego, no para la ciudadanía. Se aprovechan del dinero público y, en este caso, de la vivienda pública", ha señalado. Para la dirigente socialista, "estas cosas no son casualidades", sino que "esta gente, en un proceso limpio y con una administración limpia, nunca habría sido adjudicataria de vivienda de protección pública, nunca".

Por ello, la ministra ha anunciado que pedirá la comparecencia de cargos de Vox en la comisión de investigación que se espera aprobar en las Cortes Valencianas, porque la formación de ultraderecha "está hipócritamente poniéndose del lado de la defensa de lo público" cuando fueron sus diputados "quienes cambiaron las normas precisamente para permitir la perversión". Consultada sobre ese cambio normativo, Morant ha afirmado que el PSPV presentará una iniciativa para dejar sin efecto el decreto aprobado por el Consell de Mazón y recuperar las condiciones previas fijadas por el Botànic, a la que ha reclamado que se sumen los de Abascal.

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