Llorca defiende a Barcala en el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante: “No veo que la acción del alcalde haya generado el problema”

Cierre de filas, al menos por ahora y al menos en público. “Lo que está haciendo el alcalde es intentar que se conozcan los hechos”. Es lo que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha dicho este miércoles cuando se le ha preguntado sobre qué piensa de la petición que el grupo municipal de Vox ha hecho de manera reiterada para que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, dimita de su cargo tras el escándalo de la adjudicación de viviendas protegidas destapado a finales de enero por INFORMACIÓN.

El jefe del Consell, que ha visitado Alicante este miércoles, defiende la actuación de su ejecutivo en este aspecto y asegura “no ver” que “la acción del alcalde haya generado ninguno de los problemas que se están detectando”. Y sobre si la exigencia del partido de ultraderecha, socio habitual del PP tanto en el Ayuntamiento de Alicante como en las Cortes Valencianas, puede afectar las relaciones entre ambas formaciones, Llorca lo ha descartado, tal como también hizo el lunes el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, asegurando que su relación “con cualquier persona que quiere entenderse siempre es buena”, y añadiendo además que “Vox sabe que al gobierno de la Generalitat no le ha afectado este asunto” de las viviendas protegidas. “Somos muy transparentes y muy exigentes en el día a día y no creo que tenga ningún problema con ellos”, ha concluido.

Por otra parte, Llorca ha sido preguntado sobre si su ejecutivo vetará a cargos públicos que aspiren a viviendas protegidas, tal como anunció que haría el alcalde Luis Barcala y también su homólogo en Elche, Pablo Ruz. En este aspecto, el jefe del Consell cree que “se tiene que cumplir la ley”, y “aquella persona que tenga un cargo y que quiera optar a cualquier cuestión que esté regulada por la ley lo que tiene que hacer es cumplir".

A su vez, admite que “estos casos que son de adquisición de vivienda requieren unos requisitos económicos difíciles de cumplir” por parte de cargos de la Generalitat. “Por tanto, no creo que haya que excluirlos o no excluirlos: lo que hay que hacer es que todos seamos iguales ante la ley, y lo que aquí ha pasado es que determinadas personas han utilizado información privilegiada para beneficiarse de su cargo y no estar en igualdad de condiciones respecto a los demás”, ha considerado.

Visita a Alicante

El presidente de la Generalitat ha comparecido ante los medios dos veces este miércoles en la provincia de Alicante. Primero lo ha hecho en el Ayuntamiento de Orihuela, donde ha asistido a la presentación de los servicios regulares de transporte de la Vega Baja. Después lo ha hecho en la capital provincial, en la sede de Asaja, donde se ha reunido con representantes del sindicato agrario para tratar cuestiones de actualidad con la presencia, también, del conseller de Agricultura, Miguel Barrachina.

En primer término, sobre el escándalo de las viviendas protegidas, Llorca ha expresado su “cabreo e indignación”, ha reconocido que se trata de “un tema sensible” y ha calificado como “jetas” a quienes “han utilizado una posición privilegiada para adjudicarse viviendas que supuestamente no se podían adjudicar”.

En este aspecto, el jefe del Consell ha defendido su actuación. “Desde el primer día yo, personalmente, he exigido que además de certificar en 24 horas el procedimiento era el correcto, que por cierto nos lo certificaron, no contento con eso pedí a la vicepresidenta de la Generalitat”, Susana Camarero, responsable de la competencia de Vivienda, “que revisasen expediente por expediente para ver si alguno no cumplía los requisitos”.

Tras esta revisión, matizaba el presidente autonómico, “se detectó un caso”, en referencia al funcionario de la Generalitat que tenía que certificar los visados y que “había exigido menos requisitos de los que contempla la norma porque su mujer había sido beneficiaria” y “fue apartado inmediatamente” y su caso trasladado a la Fiscalía.

Llorca, además, ha señalado al Gobierno central por “no asumir responsabilidades”, cosa que según él sí que hace su partido, el PP, aludiendo a las dimisiones tras la dana del 29 de octubre en la provincia de Valencia, que le costó el cargo a su antecesor, Carlos Mazón, un año después de los hechos, que provocaron 230 muertos. “La oposición que me pide a mí más responsabilidad es la que nunca cumple con sus responsabilidades”, ha considerado recordando, además, que el escándalo de las viviendas protegidas ya ha causado tres dimisiones, y señalando al Gobierno central por el accidente ferroviario de Adamuz, que ocasionó 45 fallecidos; y por los “casos de corrupción que se han ido conociendo a través de los medios”.

En cuanto a las dimensiones referidas por el jefe del Consell a raíz del caso de las viviendas protegidas, la primera fue la de la directora general del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, que sigue siendo responsable de Contratación, cuando se supo que sus dos hijos y un sobrino se beneficiaron de la promoción de viviendas protegidas. La segunda fue la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, que recibió uno de estos inmuebles. Y la tercera la de Miguel Ángel Sánchez, que cesó a petición propia como jefe de Gabinete de la consellera de Turismo, Marián Cano, después de que se supiera que la madre de sus hijos también había recibido uno de estos pisos de la promoción de Les Naus.

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