El Parlament avala el pacto para una nueva financiación y reclama que Catalunya recaude el IRPF

Una de cal y otra de arena. Tras la reprobación de la consellera Sílvia Paneque por el caos en Rodalies, el Govern y sus socios han conseguido el aval del Parlament a la nueva financiación acordada entre los socialistas y ERC en el Congreso. Es la segunda vez que el pacto que debe aportar 4.700 millones de más a las arcas de la Generalitat se sometía al escrutinio de la Cámara, esta vez en el marco de un pleno para debatir sobre cómo reparar el "ascensor social" en Catalunya y paliar las desigualdades. De nuevo, ha obtenido el apoyo de PSC, ERC y los Comuns. La CUP, por error, ha avalado el redactado presentado por el PSC -los tres partidos han presentado propuestas similares por separado-, aunque ha corregido el desliz en los otros dos redactados, mientras que el resto de partidos han votado en contra.

También se ha aprobado que Catalunya pueda recaudar íntegramente el IRPF y "combatir" y "acabar" con la compra especulativa de vivienda, demandas que son condiciones 'sine qua non' de ERC y los Comuns en plena negociación de los presupuestos de 2026. A las puertas de que el Govern detalle cómo pretende poner coto a la compra especulativa de vivienda, el bloque de izquierdas, CUP incluida, ha vuelto a defender la medida. En materia de financiación y a propuesta de ERC, ha prosperado "abrir la puerta a una participación directa en el IVA para financiar las competencias propias", medida que a la que el PSC ha dado su sí. Y los republicanos han sacado adelante también que haya mecanismos de control y sanción efectivos contra los incumplimientos de la limitación del precio de los alquileres y de la regulación de las viviendas de uso turístico y del alquiler de temporada y por habitaciones. Asimismo, ERC y los Comuns han logrado que prosperaran sus demandas de que haya una prestación universal para cuidado de los hijos y que se cree una oficina para la lucha contra la pobreza infantil. Todo lo aprobado son resoluciones que la Generalitat tiene el deber de cumplir, pero que no tienen efectos coercitivos. Es decir, si no lo hace, no pasa nada.

Junts, que había propiciado el debate monográfico, no ha logrado, en cambio, sacar adelante la mayoría de sus propuestas. El concierto económico para Catalunya se ha vuelto a rechazar por quinta vez en el pleno desde julio de 2025 -ERC se ha abstenido en este punto-, al igual que su pretensión de reprobar a todo el ejecutivo de Salvador Illa por su "dependencia del Gobierno", algo que, a su juicio "comporta una mala gestión que afecta directamente a la ciudadanía".

El salario mínimo catalán

En plena crisis de Rodalies, y tras lograr que la mayoría del hemiciclo reclame que Paneque sea cesada, se ha rechazado el traspaso de infraestructuras de titularidad estatal -puertos, aeropuertos, carreteras y trenes-. Los posconvergentes tampoco han conseguido los apoyos necesarios para reclamar un Salario Mínimo de Referencia catalán cercano a los 1.400 euros mensuales ni para deflactar el IRPF y reducir tipos impositivos. Aunque sí que se ha aprobado la del salario mínimo de ERC con el apoyo de Junts, Comuns, CUP y la abstención del PSC. Los republicanos reivindican el traspaso de la competencia al Estado para que sea de obligado cumplimiento y que la Generalitat lo fije en el equivalente al 60% del salario medio.

Tampoco ha salido adelante la voluntad del partido de Carles Puigdemont de que se "reordene el sistema de ayudas y subsidios para equilibrar derechos y deberes y priorizar la activación laboral", con el fin de que las ayudas sean "instrumentos de autonomía y no de dependencia". Lo que sí han conseguido aprobar ha sido el texto que exigía el traspaso de competencias en inmigración, y lo han hecho con el voto afirmativo del PSC y la abstención de ERC y Aliança Catalana. La propuesta también pedía desarrollar un plan para garantizar "la cohesión de los 8 millones de habitantes".

Con este mosaico de votaciones se constata, una vez más, que el eje más presente en el Parlament actual es el ideológico izquierda-derecha y no el eje del procés, que antaño marcaba la agenda. Está por ver qué prospera de todo lo aprobado para reparar un ascensor social para el que ni tan solo hay un diagnóstico compartido de cómo se estropeó.

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