El Supremo confirma tres años de prisión y multa de 97 millones para el cabecilla de una trama de hidrocarburos que acusó al jefe de la UCO de "coacciones"

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 3 años de prisión y multa de 97 millones a Antonio Rodríguez Estepa, uno de los cabecillas de una trama de hidrocarburos que cometió un millonario fraude con el Grupo Petromiralles, según confirma una sentencia de 29 de enero a la que ha tenido acceso este periódico. Este empresario, uno de los principales investigados en las causas que se investigan en la Audiencia Nacional por fraude en el IVA de los hidrocarburos, acusó al teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Antonio Balas de "coacciones" en un intento de desacreditarle, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Antonio Balas es el oficial de la Guardia Civil que lidera las pesquisas que afectan a excargos socialistas como el exministro José Luis Ábalos, pero también de la mujer de Pedro Sánchez (Begoña Gómez) y del hermano del presidente del Gobierno (David Sánchez). También fue el responsable de la investigación al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que acabó inhabilitado.

Rodríguez Estepa denunció ante la Fiscalía Anticorrupción que, por unas supuestas indicaciones del jefe operativo de la UCO, otro guardia le comunicó que "si facilitaba información que pudiera afianzar las sospechas que mantienen sobre [el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes], además de asegurar y afianzar la continuidad de la relación de colaboración se podría obtener un trato policial más ventajoso en el marco del procedimiento" Gaslow, en el que también está imputado por otro presunto fraude, en esta ocasión de al menos 136 millones de euros.

"Trato de favor"

Rodríguez Estepa aseguró en su denuncia, además, que esta "era la condición" para ayudarle a archivar ese proceso: "Ofreciéndome un trato de favor en el procedimiento de Gaslow llevado en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional", al mismo tiempo que le advertían de que la colaboración era una "condición innegociable para evitar el inicio de nuevos procedimientos".

Sin embargo, la investigación desarrollada por la Guardia Civil desveló que en realidad el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, quien formó parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre enero de 2008 y julio de 2022, habría recibido 132.510 euros en criptomonedas del empresario Rodríguez Estepa, considerado por los investigadores como uno de los presuntos cabecillas de la organización liderada por el empresario Claudio Rivas Ruiz-Capillas, socio en otros negocios del comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama. Así consta en un informe de 11 de octubre de 2024 de Asuntos Internos de la Guardia Civil dirigido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso esta redacción.

Los agentes documentaron, en este sentido, que el capitán Sánchez Yepes y dos de sus familiares obtuvieron tarjetas regalo de diferentes comercios: "Es decir, pagando con criptomonedas se obtienen unas tarjetas con las que poder hacer uso de esos fondos en gastos cotidianos. Lo cual se traduce en una forma de usar dinero virtual en el día a día de manera discreta", prosigue el informe, que documenta gastos de todo tipo en compañías o servicios como por ejemplo Amazon, Playstation, Adidas, Carrefour, Ikea, Uber, Tinder, Spotify o Netflix.

La Guardia Civil sostiene que "Rafael Gómez de la Granja y Antonio Rodríguez Estepa habrían sido también alertados de las actuaciones judiciales y policiales que les afectaban", finaliza el documento policial, al que ha tenido acceso este periódico.

213 millones en Petromiralles

Por otra parte, el Supremo reduce seis años la condena en el caso Petromiralles del administrador del Grupo, José María Torrens Ferrer, que baja hasta los 7 años y multa de 213 millones de euros por tres delitos contra la Hacienda Pública en relación a la operativa puesta en marcha para defraudar el IVA de los años 2011, 2012 y 2013, y por otro de tenencia ilícita de armas.

En cuanto a la responsabilidad civil, el Supremo condena a los acusados, entre ellos al propio Rodríguez Estepa, a responder de forma solidaria a abonar 147.146.287 euros por el fraude cometido con las sociedades Fast Petrol Company, Servicios Petroleros Avanzados, Scout Energy y Servicios Petroleros Giralda. Este empresario, según la sentencia del alto tribunal, administraba estas mercantiles desde su chalet en la localidad de Cervelló del Vallés (Barcelona).

Para los magistrados la declaración en el juicio de este empresario fue muy "importante, pero no decisiva: solo en la medida en que da coherencia plena tanto a la operativa global como a múltiples datos que desde cualquier otra versión quedarían sin explicación", concluye la sentencia.

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