Govern y Comuns chocan sobre cómo limitar la compra especulativa de vivienda

¿Cómo puede limitarse la compra especulativa de vivienda? Los Comuns tienen clara cuál es su apuesta: modificar la ley de urbanismo, la vía en la que se basa la proposición que registraron en el Parlament. Sin embargo, el Govern no tiene por ahora cerrada cuál es la suya, además de ser consciente del revuelo que una medida de este calibre puede provocar, especialmente, en el ámbito económico. Ambas partes se han reunido este miércoles por segunda vez para negociar los presupuestos de 2026 y han constatado que, por ahora, no hay acuerdo sobre una de las condiciones que el grupo de Jéssica Albiach ha fijado como irrenunciable para dar su sí.

"Están muy cerrados en acelerar las políticas de vivienda. No tenemos contrapropuesta por su parte", ha asegurado el portavoz de los Comuns, David Cid, tras el encuentro con la consellera de Economia, Alícia Romero. Insisten en que los informes de los expertos avalan la legalidad de la propuesta, por lo que consideran que las conclusiones deberían hacerse públicas, como muy tarde, a principios de la semana que viene. Fuentes del Govern mantienen que las conversaciones "progresan", pero sus socios enfrían las expectativas y sostienen que tan solo están una "fase inicial" en la que no se puede ni tan solo afirmar que vayan bien.

¿Una nueva fiscalidad?

Desde el Executiu aseguran que la propuesta definitiva sobre cómo piensan poner coto al negocio que se hace con los pisos no está acabada, además de insistir que tiene que ser lo suficientemente robusta para que, en caso de que acabe en los tribunales, prospere. No descartan que la apuesta acabe siendo modificar la ley de urbanismo, pero a finales del año pasado la apuesta de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, era tratar de frenar la especulación con una nueva fiscalidad y estableciendo que la prioridad es que el uso preferente sea el residencial.

Los Comuns fruncen el ceño y cuestionan que sea el camino idóneo, advierten de que no les valdrá con medidas que dependan de decisiones estatales y sostienen que la vía debe ser la modificación de la ley de urbanismo, como apuntan los expertos. Su proposición plantea que los ayuntamientos de municipios declarados como zonas tensionadas puedan adaptar sus planes especiales para poner coto a las compras especulativas y priorizar que la prioridad de adquisición sea para uso residencial. No se trata, aseguran, de prohibir el derecho a la propiedad, sino de limitarlo con carácter temporal ante una situación excepcional, dos conceptos esenciales para garantizar la constitucionalidad de la medida.

La filosofía por la que abogan es que cada persona pueda comprar una sola vivienda para residir en ella, pero con excepciones para comprar un piso para un familiar directo -hijos, padres, hermanos o nietos-, compra de edificios enteros si es para destinar todas las viviendas a alquiler permanente o la adquisición de segundas residencias siempre y cuando estén ubicadas en otro municipio distinto al de la residencia habitual.

Queremos que el Govern entienda que es el momento de tomar medidas valientes

David Cid

— Portavoz de los Comuns en el Parlament

"Es posible y se ajusta a derecho. Queremos que el Govern entienda que es el momento de tomar medidas valientes", ha insistido Cid, que ha emplazado al Govern a explicar ya cuál es su modelo. Después de un primer encuentro centrado en exigir que la Generalitat lleve la batuta de las inversiones en Rodalies, los Comuns han puesto encima de la mesa las reclamaciones en materia de vivienda que hacen para los presupuestos, además de la limitación de la compra especulativa: destinar por lo menos 1.200 millones de recursos de la Generalitat a pisos asequibles, especialmente para rehabilitaciones, y duplicar la dotación anual de la ley de barrios -de 200 a 400 millones de euros- para recuperar 40 zonas degradadas al año.

Sin horizonte de pacto

Por ahora, solo los Comuns están negociando las cuentas con el Govern, mientras ERC continúa esperando un gesto sobre su proposición de ley en el Congreso para recaudar el IRPF. Aún así, en la Generalitat mantienen que su objetivo es aprobarlas y que entren en vigor antes del mes de abril. "A nosotros no nos aprieta el calendario. Si vamos tarde es porque el Govern no había hecho su trabajo", ha espetado Cid, que ha hurgado en que se ha tardado un año en imponer multas por incumplirse la ley de vivienda y que eso ha retrasado el inicio de la negociación. Que el pacto llegue antes o después, subrayan los Comuns, es "tan sencillo" -o complicado- como que acepten sus condiciones. Y lo mismo ERC.

Suscríbete para seguir leyendo