El Parlament volverá a votar el traspaso de las infraestructuras a Catalunya tras el caos de Rodalies

El ascensor social "no funciona" y el contrato social está "roto". Ese es el diagnóstico que hace Junts sobre la situación de Catalunya, cuyo principal responsable -sostiene el partido- es la "dependencia del Govern del Estado" y la "infrafinanciación crónica" que, a su juicio, padecen los catalanes. Con este argumento, los posconvergentes han forzado la celebración de un pleno monográfico en el Parlament en el que han abordado este martes -y continuarán el jueves- prácticamente todas las variables -fiscalidad, derechos sociales, vivienda, inmigración, infraestructuras, lengua e "identidad catalana"- y que culminará con una petición de reprobación al Executiu por su "mala gestión", que, advierten, pone en "peligro el ascensor social".

En plena crisis de Rodalies, Junts volverá a someter a votación el traspaso de infraestructuras de titularidad estatal -puertos, aeropuertos, carreteras y trenes-, una propuesta que se votará justo después de que el pleno apruebe la petición de dimisión de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y del ministro de Transportes, Óscar Puente. También en este monográfico, los de Carles Puigdemont traerán de nuevo la petición del concierto económico, que previsiblemente se tumbará por quinta vez en esta legislatura.

Mientras, PSC, ERC y Comuns, que suman mayoría, buscarán que la Cámara catalana vuelva a posicionarse a favor del modelo de financiación singular para Catalunya que presentó el Gobierno, de acuerdo con Esquerra y la Generalitat. ERC, de hecho, pone sobre la mesa que se recaude íntegramente el IRPF, un plan que ya está en manos del Congreso, cuya tramitación es una condición de los republicanos para empezar a negociar los presupuestos.

Los partidos también plantearán modelos contrapuestos en cuanto a la política de impuestos. Los Comuns pedirán reforzar el impuesto de sucesiones y la creación de un impuesto del 2% sobre los grandes patrimonios y, junto con el PSC y la CUP, una subida generalizada de los tributos a los más ricos.

Por contra, Junts, PP y Vox reclamarán una rebaja de la "presión fiscal excesiva", que creen que merma la capacidad adquisitiva de las clases medias. Por ello, presentarán propuestas de resolución muy parecidas para deflactar y ampliar los tramos del IRPF, la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la compra y el alquiler de la primera vivienda.

Traspaso de competencias en inmigración

No hay grandes novedades en las medidas que propone Junts en su hoja de ruta para arreglar este ascensor social "roto", pero la puesta en escena del partido servirá para volver a forzar al pleno a posicionarse sobre algunas de sus demandas en el Congreso, donde hasta hace unos meses mantenían una vía de negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez.

En ese sentido, someterán a votación una propuesta de resolución para pedir el traspaso de competencias en inmigración, con el objetivo de que Catalunya disponga de un modelo que "incentive el arraigo, el esfuerzo y el respeto por los valores cívicos y el conocimiento de la lengua y la cultura catalanas". La ley para hacerlo efectivo ya se votó en la Cámara Baja, pero cayó por el rechazo de Podemos, partido que ahora se abre a negociar cambios en el redactado.

En el tema migratorio se debatirán otras propuestas como una de los Comuns que pide que el Govern aplique políticas públicas que den herramientas para "combatir los discursos de odio y racismo", la CUP una "regularización" de los que no tengan papeles para que puedan votar y Vox y Aliança Catalana acabar con las prestaciones a menores no acompañados. El PP también llevará una propuesta de resolución que denuncia el "peligroso" proceso de regularización de inmigrantes presentado por el Gobierno, algo que consideran "una grave irresponsabilidad" y un "daño irreparable del Estado de bienestar".

Un SMI catalán y la RGC

Una de las peticiones que más se repite entre las propuestas de resolución es la creación de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) catalán que se adecúe al coste de vida de esta comunidad autónoma. Junts y ERC exigirán que el Govern negocie con el Estado para que transfiera a la Generalitat las competencias necesarias para implementar este SMI, así como capacidad para complementar las pensiones de acuerdo con el diferencial del coste de vida en Catalunya.

A corto plazo, sin embargo, los posconvergentes piden en la misma propuesta de resolución que los catalanes tengan un SMI "de referencia", que se adecúe al coste de vida en torno a unos 1.400 euros, algo que ERC ya ha manifestado que rechaza porque considera que es mejor centrar esfuerzos en pedir el traspaso del SMI. La CUP pedirá que este salario mínimo autonómico sea el 60% del salario medio en Catalunya.

Con la premisa de que el modelo productivo catalán debe regirse por la "cultura del esfuerzo", Junts también pedirá una revisión de los subsidios -como la Renta Garantida de Ciudadanía (RGC) o el Ingreso Mínimo Vital (IMV)- para "ordenarlos" con una ventanilla única (la RGC depende de la Generalitat y el IMV, del Estado) y que su concesión responda a una lógica de "derechos y deberes". En esta carpeta, otros partidos pondrán sobre la mesa medidas parecidas. PSC, ERC y los Comuns defienden una prestación universal de crianza con un pago mensual para todos los hijos hasta los 18 años, los socialistas el traspaso del IMV a la Generalitat y la CUP va más allá y aboga por una renta básica universal.

Compra especulativa

El grueso de propuestas de resolución se centrará en la vivienda, principal preocupación de los catalanes. Junts -al igual que ERC- propone el traspaso inmediato a la Generalitat de la titularidad de los bienes propiedad de SEPES -la antigua SAREB- y los posconvergentes suman, además, la petición de un "marco normativo" que otorgue a los propietarios "seguridad jurídica" ante ocupaciones o posibles impagos, para que no deban asumir estos costes. Los Comuns llevarán a votación instar al Govern a "combatir" la especulación inmobiliaria, mientras que la CUP pide "acabar" con estas prácticas y ERC defiende que se "regule".

En materia de educación, los socios de investidura de Illa y la CUP volverán a pedir al Govern la gratuidad de la escuela pública de los 0 a los 16 años y de los comedores y las extraescolares, así como el coste cero para la sanidad bucodental, algo que los anticapitalistas quieren ampliar también para el servicio de óptica y audiología. También Junts, ERC y Comuns exigen blindar el catalán en la escuela pública.

Junts sitúa la lengua y la "identidad catalana" como palanca para acelerar el ascensor social. Una aceleración que, sostienen, también deben impulsar la educación, la sanidad y los servicios sociales. Por ello, llevarán a votación la aplicación de un "plan de choque" para paliar las cifras de abandono escolar, otro para reducir las listas de espera de la ley de la dependencia y un tercero para agilizar la burocracia administrativa necesaria para desplegar las dos primeras medidas.

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