Los partidos asumen que "se ha roto el ascensor social" en Catalunya, pero chocan sobre "cómo arreglarlo"

"El ascensor social en Catalunya se ha roto". Este es el diagnóstico unánime que hacen todos los partidos con representación parlamentaria. Desde la izquierda hasta la derecha, asumen que ahora "los hijos ya no viven mejor que sus padres" y que estudiar y trabajar "no garantiza" 'per se' unas condiciones de vida dignas. Sin embargo, chocan a la hora de poner soluciones para "arreglarlo".

Así se ha puesto de manifiesto durante el pleno monográfico sobre esta "crisis del ascensor social", que ha servido para que las formaciones políticas se posicionen sobre cómo garantizar la igualdad de oportunidades de los catalanes para desarrollar su futuro en un contexto marcado por las dificultades de acceder a una vivienda. Un debate en el que se ha mencionado la nueva propuesta de financiación, pero en el que no se ha citado la negociación de presupuestos, a pesar de que las negociaciones ya están en marcha entre el Govern y los socios.

"El ascensor social se ha roto, se para de forma frecuente y mucha gente queda atrapada en él", ha espetado la dirigente de Junts, Mònica Sales, para justificar la discusión parlamentaria que ha propiciado su grupo parlamentario, señalando que uno de cada cuatro catalanes está en riesgo de pobreza, que los salarios se han estancado y que el precio de un hogar ha crecido un 11,3% en Catalunya. Pero, lejos de catapultar la discusión, tanto el Govern como el resto de la oposición ha cargado con dureza contra los posconvergentes.

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que asume las funciones como president durante la baja médica de Salvador Illa, que sigue con su tratamiento en su domicilio, ha admitido que Catalunya ha cambiado, y ha diagnosticado que "el problema no es que seamos más gente, es que tenemos 8 millones con servicios pensados para 6 millones" mientras se arrastra una infrafinanciación que no permite sostener unos servicios públicos a la altura y con "una incapacidad manifiesta de tejer acuerdos de país". Dalmau ha emplazado a los partidos a decidir qué Catalunya quieren: "la de los privilegios y la deshumanización o una para todos los catalanes, más justa y más próspera", centrándose en Junts.

Parafraseando a Illa, ha defendido que hay que generar "prosperidad y que esta tiene que ser compartida", aprovechando el buen ritmo de la economía catalana. En esta dirección, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha mantenido que "las políticas sociales no son un gasto, sino una inversión". La titular ha destacado que el Govern está tratando de revertir el hecho de que el poder adquisitivo de los salarios medios esté estancado y el precio de la vivienda no pare de crecer, tanto como el combate contra la pobreza laboral que aumenta. Es por eso que ha pedido a Junts que se sume al acuerdo para una nueva financiación en Catalunya y que deje de reclamar bajadas de impuestos que impedirían sostener el estado del bienestar.

Junts, que se ha presentado como el partido de la "clase media", ha negado que una bajada de impuestos implique un empeoramiento de los servicios públicos, y ha denunciado que los catalanes son "los que pagan los tributos más altos" del Estado. El portavoz del partido en la Cámara catalana, Salvador Vergés, ha argumentado que si se da "aire" a las empresas, estas pueden "producir más" y acabar aportando "más dinero" al erario público. Vergés ha tachado al Govern de "inepto" y le ha acusado de ser "incapaz de trasladar los buenos datos macroeconómicos" al día a día de los ciudadanos.

Los posconvergentes también han aprovechado el debate para volver a reclamar la independencia de Catalunya, culpando la "dependencia de España" del empobrecimiento de la clase media, y han calificado de "migajas" los 4.700 millones de más que obtendría Catalunya si se aprobara el nuevo modelo de financiación. "No son migajas. ¿Cómo pueden renunciar a 4.700 millones de euros para perseguir al 'duende' de los 22.000 millones durante décadas?", ha respondido la consellera, refiriéndose al déficit fiscal.

ERC también ha reprochado a Junts que genere una "fantasía" poniendo encima de la mesa un salario mínimo catalán sin reclamar que sea de obligado cumplimiento para las empresas, algo que defiende que debería suceder con el traspaso de la competencia. El portavoz adjunto de los republicanos, Jordi Albert, ha señalado que hay que ir hacia un cambio del modelo productivo en el que se combata la desigualdad apostando por la redistribución. "Hay que repartir los beneficios empresariales, que durante el 2025 fue del 17%, entre la clase trabajadora", ha reivindicado, y ha insistido en que hay que afrontar las "causas estructurales" que provocan que haya un 36% de pobreza infantil mientras la población se divide entre "rentistas y personas que viven de su propio esfuerzo".

Del mismo modo se han expresado los Comuns y la CUP. "Queremos un país donde la gente tenga un sitio donde vivir y lo pueda pagar", ha sostenido el portavoz de los primeros, David Cid, que ha señalado también los recortes que hizo CiU tras la crisis de 2008 en sanidad y educación en paralelo a rebajar impuestos como el de sucesión. Por su parte, la cupaire Laure Vega ha recordado a los posconvergentes que fue el Govern de Artur Mas quien subió las tasas universitarias, y dificultó que los hijos de familias más pobres pudieran acceder a los estudios superiores. También les ha reprochado que hablen de "cultura del esfuerzo" y, al mismo tiempo, defiendan la supresión del impuesto de sucesiones. "No conozco a nadie de clase media que no se esfuerce", les ha espetado.

También el PP ha sido crítico con Junts, pero por motivos muy diferentes a las de las tres formaciones anteriores. El popular Hugo Manchón ha asegurado que Junts "es parte del equipo que cortó los cables del ascensor" y ha recordado que "en plena pandemia" este partido aceptó subir el impuesto de sucesiones, aunque ahora apuestan por eliminarlo. Pero además, los populares, igual que lo ha hecho Vox y Aliança Catalana, han vuelto a poner el foco en la inmigración, a la que acusan de aprovecharse de las ayudas públicas.

Durante el debate parlamentario, el PSC ha defendido aumentar los sueldos y garantizar el acceso a la vivienda. “Unos salarios bajos no sólo empobrecen a quienes lo sufre, debilitan la demanda interna, frenan el crecimiento y limitan las oportunidades de futuro", ha sostenido la portavoz Elena Díaz.

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