El Ayuntamiento de Alicante detecta más funcionarios beneficiados por la promoción de viviendas protegidas

El Ayuntamiento de Alicante, que ya ha abierto expediente a dos funcionarios por el escándalo de las viviendas protegidas del residencial Les Naus, detecta nuevos empleados públicos que podrían haberse beneficiado de la polémica promoción. El ejecutivo local ha trasladado a la Generalitat más coincidencias de nombres entre la plantilla local y la lista de propietarios, con el objetivo de que sea el Consell el que determine si se trata de las mismas personas y si, además, podría haberse incurrido en alguna irregularidad durante la tramitación de sus expedientes.

Aunque el gobierno de Luis Barcala no ha querido manifestar cuántas personas se encontrarían en esta situación, sí ha confirmado el portavoz adjunto, Manuel Villar, que los expedientes de averiguación siguen su curso y que podría haber más funcionarios implicados en la cuestionada adjudicación de viviendas protegidas.

Un informe alertaba de "posible conflicto de intereses"

En el mes de enero, un informe municipal del área de Patrimonio, dirigida por la concejala Nayma Beldjilali, ya alertaba de que la lista de adjudicatarios de los inmuebles incluía beneficiarios "vinculados a personal municipal que había intervenido en la gestión del contrato". Ese documento, redactado después de solicitar el expediente de adjudicación a la empresa gestora de la cooperativa a mediados de enero, ya "señalaba posibles conflictos de intereses" derivados de esta adjudicación y hacía referencia al deber legal de abstención, para aquellos empleados o autoridades con interés personal en un asunto de su competencia.

El escándalo desvelado por el diari Información se ha cobrado tres dimisiones hasta la fecha: la del jefe de Gabinete de la consellera de Turismo, Miguel Ángel Sánchez; la de María Pérez-Hickman, ya ex directora general del Consistorio que permanece como jefa de Contratación; y la de la hasta ahora concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, número tres de la lista de Barcala a las elecciones del 2023.

Aunque el gobierno de Luis Barcala no ha querido manifestar cuántas personas se encontrarían en esta situación, sí ha confirmado el portavoz adjunto, Manuel Villar, que los expedientes de averiguación siguen su curso y que podría haber más funcionarios implicados en la cuestionada adjudicación de viviendas protegidas, a la espera de verificar su identidad: "Se han cruzado los datos y se han remitido a la conselleria para que verifique algún extremo. No sospechamos de nadie, simplemente hay que verificar los datos. Hay nombres muy comunes que puede haber repetidos y, por prudencia, podría ser un funcionario o cualquiera. Está solicitado y estamos pendientes de que conselleria nos lo confirme", ha manifestado el vicealcalde.

"Lo que queremos verificar es si hay algún funcionario que haya adquirido y que haya podido intervenir", ha indicado Villar. Sobre las investigaciones ya abiertas, el edil popular ha afirmado que "no van a irse a un cajón, ni mucho menos" y que "se están llevando a cabo con la mayor rapidez". No obstante, dentro de que son "expedientes reservados", el portavoz adjunto del gobierno local ha asegurado que se irá informando al respecto.

Un informe alertaba de "posible conflicto de intereses"

En el mes de enero, un informe municipal del área de Patrimonio, dirigida por la concejala Nayma Beldjilali, ya alertaba de que la lista de adjudicatarios de los inmuebles incluía beneficiarios "vinculados a personal municipal que había intervenido en la gestión del contrato". Ese documento, redactado después de solicitar el expediente de adjudicación a la empresa gestora de la cooperativa a mediados de enero, ya "señalaba posibles conflictos de intereses" derivados de esta adjudicación y hacía referencia al deber legal de abstención, para aquellos empleados o autoridades con interés personal en un asunto de su competencia.

 El escándalo desvelado por este diario se ha cobrado tres dimisiones hasta la fecha: la del jefe de Gabinete de la consellera de Turismo, Miguel Ángel Sánchez; la de María Pérez-Hickman, ya ex directora general del Consistorio que permanece como jefa de Contratación; y la de la hasta ahora concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, número tres de la lista de Barcala a las elecciones del 2023.

Sobre este último caso, el alcalde negó en el pleno del pasado jueves que estuviera al tanto de que una de sus ediles iba a ser beneficiaria de la polémica promoción: "Yo no sabía que se había adjudicado una vivienda". Barcala, en la sesión del pasado jueves, sostuvo que fue consciente de que había personas vinculadas al Ayuntamiento con vivienda en la promoción envuelta en la polémica a mediados de enero, tras un informe realizado por el área de Patrimonio. Tras ello, el ejecutivo de Barcala ha anunciado este mismo martes que prohibirá a concejales y asesores del equipo de gobierno postularse a este tipo de procesos.

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