Catalunya, gobernada con los presupuestos de 2023 y sin recursos adicionales

Catalunya sigue funcionando con los presupuestos aprobados en 2023. En cifras, con 41.025 millones de euros que en aquel entonces supusieron un gasto histórico, pero que ahora no bastan hasta el punto de que el Govern reconoce problemas de tesorería. Estas cuentas públicas fueron las últimas que el Parlament logró aprobar, bajo el Govern de ERC con Pere Aragonès como president, y gracias al 'sí' del PSC y los Comuns. Desde entonces, se ha gobernado a golpe de unas inyecciones de recursos que, al inicio de este año, decayeron.

El 2026 arrancó con una prórroga presupuestaria, ya sin poder contar con los 4.000 millones extra que se añadieron en 2025, una situación que se enquistará hasta que el Executiu que lidera Salvador Illa consiga alinear a ERC y los Comuns para alumbrar unas nuevas cuentas públicas. La previsión del Govern es que la negociación con sus socios, que empieza este lunes de forma oficial con los Comuns, avance de forma rápida y que las cifras puedan quedar aprobadas por el Consell Executiu la semana del 16 de febrero, con el fin de que la Cámara catalana las convalide antes del mes de abril y entren entonces en vigor.

La normativa prevé que, en caso de que no se aprueben nuevos presupuestos, el Govern pueda impulsar suplementos de crédito para financiar los gastos "recurrentes e ineludibles". Al igual que ya hizo en 2024, cuando se añadieron 2.137,7 millones de euros a las cuentas de la Generalitat, el año pasado el Govern palió la ausencia de nuevos presupuestos con la aprobación de hasta tres ampliaciones de crédito para incorporar más fondos, de forma extraordinaria, a las cuentas de 2023, para garantizar la cobertura de los servicios públicos y atender los gastos urgentes.

El primero se impulsó en marzo, por valor de 2.168 millones de euros, y sirvió para financiar los gastos ordinarios de personal de la administración. El segundo, que se aprobó en abril y fue de 1.301 millones de euros, se destinó a consolidar la subida de sueldo de los funcionarios, a gastos en educación y sanidad, a las medidas en vivienda, a las ayudas para los agricultores impactados por el granizo, y a articular el proyecto de ayudas a las empresas afectadas por la guerra arancelaria de Estados Unidos. Y, el último, que se acordó en mayo, por valor de 468 millones de euros, se centró en la rehabilitación de viviendas y en ampliar la plantilla de la Agència Tributària de Catalunya, al tiempo que permitió una inversión adicional para reforzar el catalán, el inglés y las matemáticas en las escuelas.

Los tres permitieron añadir un total de 3.936,7 millones de euros a las arcas públicas, que provenían de lo que la Generalitat ingresó como anticipos de 2025 y de la liquidación de 2023. Cada uno de ellos tuvo su pertinente negociación con los socios, y le dio al Executiu de Illa un margen para gobernar en su primer año sin demasiados sobresaltos.

Pero para el Govern la hora de la verdad llega este 2026. El próximo año hay dos contiendas electorales a la vista, las generales y las municipales, y en una doble disputa de votos es prácticamente inviable que las fuerzas políticas se avengan a un acuerdo que daría aire al Govern en plena campaña electoral y que serviría para que el PSC encarara con una bombona de oxígeno las catalanas previstas para 2028 con un escenario de plena estabilidad.

Las condiciones

El calendario del Govern era que, a fecha de hoy, los presupuestos de este año estuvieran ya aprobados por el Consell Executiu, y que solo quedara pendiente el debate parlamentario. Pero el ingreso en el hospital del president Salvador Illa y el caos de Rodalies, hicieron que el plan saltara por los aires. Ni el ejecutivo podía negociar bajo estas circunstancias, ni los socios querían exhibir acuerdos en plena tormenta política, con peticiones de dimisión de por medio. Pero, lejos de los focos, las conversaciones se han ido dando, la relación está amasada, y los compromisos y líneas rojas están claras.

Los Comuns ya han puesto sobre la mesa sus demandas: prohibir la compra especulativa, 1.200 millones para vivienda, doblar las ayudas al alquiler, multiplicar por dos los recursos para revitalizar los barrios, ampliar las becas comedor, doblar la red de autobuses y más recursos para Rodalies, reducir a la mitad las listas de espera en sanidad, y que el Govern actúe de oficio en la rehabilitación de viviendas. Las conversaciones avanzan en sintonía con la Conselleria de Economia que dirige Alícia Romero, en la que hay más preocupación por cómo se mueve Esquerra. Los republicanos siguen insistiendo en que no se sentarán a negociar hasta que el PSOE exhiba un compromiso con su propuesta de que Catalunya pueda recaudar íntegramente el IRPF, pero también han enseñado ya sus cartas para cuando así sea: la gigafactoría de IA proyectada en Móra la Nova; una línea ferroviaria orbital que una Vilanova i la Geltrú con Mataró sin pasar por Barcelona, y una ley de pueblos para dotar de más recursos para los municipios pequeños.

En el Govern también se preparan para alinear a los sindicatos y las patronales en este acuerdo presupuestario, recogiendo parte de sus demandas para los números de este año. Una imagen que Illa ya persiguió desde la oposición y con la que pretende ahora certificar que, pese a su minoría, disfruta de una mayoría sólida que le da estabilidad. Habrá que ver si dos semanas son suficientes para alinear a todos los actores y si Rodalies no vuelve a echarlo todo al traste.

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